Milei propone una profunda reforma del Estado y la privatización de empresas públicas

En el texto fija que el plazo para la emergencia podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por un máximo de dos años y pide en el último artículo ratificar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica 70/23 que firmó la semana pasada, cuestionado por sectores de la oposición en protestas callejeras y presentaciones judiciales.

La inclusión del DNU puede hacer perder fuerza al debate en la comisión bicameral de tratamiento legislativo, ya que se tratará en las comisiones permanentes del Congreso.

El Gobierno asegura que el objetivo de la ley “es la promoción del derecho fundamental a la libertad individual. Los habitantes de la Nación tienen derecho a ejercer sus libertades sin injerencias indebidas por parte del Estado”.

La iniciativa firmada por Milei, el jefe de Gabinete Nicolas Posse, y los ministros del Poder Ejecutivo consta de 351 páginas y 664 artículos, y fue entregada en formal personal al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menen, por el ministro del Interior Guillermo Francos.

El presidente del cuerpo legislativo dijo a los periodistas que mañana terminará de conformar las comisiones que deberán tratar esta amplia reforma del Estado, y los convenios internacionales que pidió aprobar el Gobierno en la convocatoria a sesiones extraordinarias.

Las comisiones que deberán tratar este proyecto serán, al menos, Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Asuntos Constitucionales.

Menem señaló que las comisiones se conformarán la próxima semana y que también se invitará para que expongan funcionarios del Gobierno Nacional.

El legislador de La Libertad Avanza, asimismo, señaló que desde el oficialismo se pretende sancionar esta ley “lo más rápido posible”.

Sin embargo, para sancionar este proyecto LLA deberá construir acuerdos con la UCR, Hacemos Coalición Federal, Pro, e Innovación Federal para alcanzar los 129 votos que requieren varios de los artículos contemplados en la iniciativa.

El proyecto modifica el Código Penal de la Nación para aplicar penas a las personas que sin “crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de uno (1) a tres (3) años y seis (6) meses”.

“Si se impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o medios de transporte público portando un arma propia, impropia, se causare daño a la integridad física de las personas, la pena será de dos (2) a cuatro (4) años de prisión, siempre que no constituyere un delito más severamente penado”.

En ese punto establece que “los diputados nacionales serán elegidos directamente por el pueblo de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado”.

“A ese efecto, cada distrito se dividirá en un número de circunscripciones igual al número de diputados que se eligen. Cada elector votará solamente por una lista integrada por un candidato titular y un candidato suplente que deben ser de diferente género”, sostiene el articulado.

“Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder ejecutivo nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”, agrega el texto del proyecto.

En ese sentido señala que se “faculta al Poder Ejecutivo nacional a proceder a la enajenación de las participaciones accionarias o de capital del Estado Nacional y/o sus entidades en toda empresa privada, que no le otorguen la mayoría de capital social necesario para ejercer el control de tales entidades, para lo cual se aplicarán en lo pertinente los procedimientos previstos en el Capítulo II de la Ley N° 23.696”.

También propone cambios en el régimen tributario de Bienes Personales, fija las retenciones para el sector agropecuario, autoriza las importaciones de gas natural sin necesidad de pedir autorización, unifica los entes de Gas y Electricidad y cambia la ley de biocombustibles.

También permite “intervenir todos los órganos y entidades descentralizadas que componen la Administración Pública nacional, con la sola exclusión de las universidades nacionales”.

Faculta al PEN a disponer por razones de emergencia la renegociación o en su caso rescisión de los contratos de cualquier tipo que generen obligaciones a cargo del Estado, celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023 por cualquier órgano o ente descentralizado de la Administración Pública nacional, con excepción de los contratos suscritos en virtud de los procesos de privatización autorizados por la Ley N° 23.696.

“Los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal para todo ciudadano argentino nativo o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país, son gratuitos, quedando prohibido establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa, directos o indirectos”

También agrega que “las instituciones de educación superior de gestión estatal y las universidades nacionales en ejercicio de su autonomía, podrán establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos para aquellos estudiantes que no reúnan los requisitos previstos en el párrafo primero”.