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El pasado 17 de enero entró en vigencia el el Tratado Global de los Océanos, también conocido como el “Tratado de Altamar“, un acuerdo que permitirá establecer zonas marinas protegidas en aguas internacionales y que los ecologistas consideran fundamental para salvar los océanos. Entró en vigencia luego de que se alcanzó el umbral de ratificaciones exigido por Naciones Unidas.

El acuerdo establece por primera vez reglas obligatorias para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en las aguas que se encuentran fuera de la jurisdicción de los Estados, una superficie que representa más de la mitad del planeta.

Argentina rubricó el acuerdo en 2024 pero aún debe ratificarlo el Congreso de la Nación para que sea vinculante para el país, lo que le permitiría controlar zonas clave como el Atlántico Sur.

Antecedentes

El instrumento fue aprobado formalmente el 19 de junio de 2023, tras un proceso de negociación que se extendió durante casi dos décadas y que involucró a más de 190 países. Su elaboración comenzó a discutirse a mediados de los años 2000, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), con el objetivo de cubrir un vacío legal que hasta ahora limitaba la gobernanza ambiental en alta mar, señaló “Pescare”.

El tratado constituye un “instrumento internacional jurídicamente vinculante, orientado a ordenar las actividades humanas en zonas donde la presión sobre los ecosistemas marinos se ha intensificado de manera sostenida, especialmente por la pesca industrial, el transporte marítimo y la exploración de recursos”.

Uno de los puntos sobresalientes del Tratado es la posibilidad de “crear áreas marinas protegidas en alta mar, con criterios comunes para su delimitación, administración y monitoreo. Cada caso será evaluado de manera específica, a partir de procesos multilaterales que definirán quién gestiona esas áreas y bajo qué reglas operativas”.

Además, introduce evaluaciones de impacto ambiental obligatorias para proyectos que puedan generar efectos negativos sobre el ambiente marino, con el objetivo de prevenir daños y frenar iniciativas contaminantes antes de su ejecución.

El texto también prevé la conformación de comités técnicos y órganos de implementación, que deberán consolidarse en los próximos meses para poner en marcha los distintos artículos del acuerdo. Estos espacios serán clave para traducir el marco normativo en políticas concretas, protocolos operativos y mecanismos de control.

Financiación

Otro aspecto relevante es la creación de un fondo internacional de financiamiento, destinado a facilitar la implementación del tratado, especialmente en países en desarrollo, junto con esquemas de cooperación científica y transferencia tecnológica.

El tratado incorpora además el principio de reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos, que abarca desde potenciales desarrollos farmacéuticos hasta aplicaciones biotecnológicas que despiertan un creciente interés económico a nivel global.

La entrada en vigencia del Tratado es una noticia más que positiva para Argentina, uno de los países de la región con mayor inconvenientes registrados por la pesca en aguas internacionales pero con un fuerte impacto negativo en los recursos pesqueros del país.

 

 

 

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