Nación declaró la emergencia ígnea en cuatro provincias por incendios en la Patagonia

El Poder Ejecutivo nacional declaró la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa por el plazo de un año, como respuesta a los incendios forestales que afectan a la región patagónica. La medida se formalizó mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 73/2026, publicado en el Boletín Oficial, y se apoya en las leyes 26.815 de Manejo del Fuego y 27.287 de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil.

El decreto establece un marco excepcional para reforzar la prevención, la presupresión y el combate de incendios, avanzar con la restauración de las zonas afectadas y prevenir nuevos focos, en un escenario marcado por sequía, vientos intensos y daños ambientales significativos, con riesgo para la vida de las personas y sus bienes.

Alcance de la emergencia y declaración de zona de desastre

El artículo 1° del DNU declara la Emergencia Ígnea en las cuatro provincias patagónicas por doce meses, contados desde la entrada en vigencia de la norma. El objetivo central consiste en adoptar medidas inmediatas para atender la crisis ígnea y sus consecuencias.

En paralelo, el artículo 2° declara zona de desastre a los territorios comprometidos por los incendios en esas jurisdicciones, en los términos de la Ley 27.287. Esta definición habilita instrumentos específicos para la respuesta estatal, la asistencia a la población afectada y la recomposición posterior de los daños provocados por el fuego.

Coordinación nacional a cargo de la Agencia Federal de Emergencias

El decreto encomienda a la Agencia Federal de Emergencias (AFE), organismo desconcentrado del Ministerio de Seguridad Nacional, la coordinación integral de las acciones vinculadas a la emergencia. La AFE actúa como autoridad nacional en materia de emergencias y como autoridad de aplicación de las normas vigentes en su ámbito de competencia.

Según el artículo 3°, la Agencia debe coordinar:

• Acciones de prevención, presupresión y combate de incendios forestales y rurales en todos los ámbitos alcanzados por la Ley de Manejo del Fuego.
• Medidas de atención, prevención y mitigación de las consecuencias sobre la vida, la integridad física, los bienes, el trabajo y los medios de vida de las personas y familias afectadas.
• Asistencia y apoyo a provincias y municipios, para garantizar recursos efectivos destinados al combate del fuego y a la recuperación social y productiva.
• Acciones previstas en el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, conforme a la Ley 27.287.

Todas estas medidas se implementan en coordinación con los gobiernos provinciales y municipales, y respetan los protocolos del Plan Nacional de Manejo del Fuego.

Fundamentos del DNU y contexto ambiental

La decisión surgió tras una reunión de la mesa política en la Casa Rosada y respondió a un planteo de los gobernadores patagónicos. El anuncio también se dio en un contexto de diálogo con los mandatarios provinciales por la reforma laboral, iniciativa que el Poder Ejecutivo busca tratar durante las sesiones extraordinarias previstas para febrero.

Según precisaron desde el Gobierno de Chubut, luego del fuerte respaldo de cámaras empresarias, organizaciones y referentes de todo el arco político al pedido del gobernador Ignacio “Nacho” Torres y de sus pares de la región, Nación acordó avanzar con la declaración de la Emergencia Ígnea.

La medida se instrumentará mediante un DNU, lo que permitirá dotar al Estado nacional y a las provincias de herramientas excepcionales para reforzar los operativos, optimizar la asignación de recursos humanos, técnicos y logísticos, y ampliar la capacidad de respuesta frente a la situación.

“El fuego no distingue jurisdicciones ni partidos políticos”

Torres expresó que “los gobiernos de la Patagonia entendemos que el fuego no pide permiso ni pregunta de qué jurisdicción se trata, ni a qué partido pertenece el productor o el vecino que perdió su vivienda o su emprendimiento”, y remarcó que “en una situación climática extraordinaria como la que estamos atravesando, es indispensable contar con herramientas extraordinarias que nos permitan actuar con rapidez y eficacia”.

En esa línea, subrayó que “hoy hay brigadistas de prácticamente todas las provincias argentinas, junto a la Ciudad de Buenos Aires y la Agencia Federal de Emergencias, trabajando en Chubut”, y destacó que el entendimiento con el Gobierno nacional permita acompañar ese esfuerzo con un marco normativo acorde.

El texto del decreto fundamenta la decisión en el derecho constitucional a un ambiente sano, consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional, y en la obligación del Estado de preservar el patrimonio natural y la diversidad biológica.

El Poder Ejecutivo remarcó que los incendios ocurridos en el Parque Nacional Los Alerces y en otras áreas de la región provocaron daños ambientales severos, afectaron a poblaciones cercanas y superaron la capacidad de respuesta de los medios locales. Las condiciones meteorológicas adversas agravaron el escenario y exigieron una intervención urgente del Estado nacional.

Ante esa situación, el Gobierno justificó el uso del Decreto de Necesidad y Urgencia al considerar que el trámite legislativo ordinario impediría actuar en tiempo oportuno para cumplir los objetivos de protección ambiental, resguardo de la población y control del fuego.

Vigencia y control parlamentario

El DNU entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. Tal como establece la normativa vigente, el artículo 4° dispone dar cuenta de la medida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación, que debe expedirse sobre su validez y elevar el dictamen a ambas cámaras para su tratamiento.

Con esta decisión, el Gobierno nacional formalizó un marco de emergencia para enfrentar los incendios en la Patagonia, fortalecer la coordinación interjurisdiccional y asegurar la disponibilidad de recursos públicos destinados a la respuesta inmediata y a la recuperación de las zonas afectadas en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.