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La búsqueda de justicia por los 44 héroes del ARA San Juan sumó un nuevo capítulo cargado de tensión, dolor e indignación. Tras conocerse detalladamente los fundamentos del fallo de la Justicia Federal, la disconformidad de un sector clave de la querella se hizo sentir con fuerza en los micrófonos de LU12 AM680. Luis Tagliapietra -abogado querellante y padre de Alejandro, uno de los oficiales a bordo del submarino- ofreció un análisis lapidario sobre el devenir del debate oral, confirmando que interpondrán un recurso de casación para solicitar la nulidad absoluta del proceso y la realización de un nuevo juicio.
Desde el inicio de la entrevista, el letrado sostuvo que las falencias del proceso judicial no son una novedad, sino el resultado de una acumulación de irregularidades que se arrastran desde la instrucción. En ese sentido, Tagliapietra fue tajante sobre el vicio de origen del debate: “este juicio venía mal de entrada, que habíamos llegado a un juicio sin producir las pruebas más importantes, que se habían encaprichado por hacerlo igual, todas las partes, esa es la realidad, acá no es culpa exclusivamente del tribunal, es que era un juicio condenado al fracaso, particularmente el fracaso de lo que es lo más importante, que es averiguar la verdad de lo que ocurrió”.
El desarrollo de las audiencias que fueron cubiertas por La Opinión Austral desde principio de marzo en una cobertura especial, según el abogado, lejos de aportar claridad, estuvo signado por severas limitaciones al ejercicio del derecho de defensa y a la labor de las querellas. Al evaluar el desempeño del tribunal durante las etapas clave del debate, expresó: “percibimos y sufrimos muchas arbitrariedades en donde nos limitaron las posibilidades de hacer preguntas e incluso hasta de acusar en nuestros alegatos finales”. Esta situación, remarcó, derivó en una sentencia insostenible que deja un sabor amargo en los familiares.
Respecto al contenido de los argumentos esgrimidos por los jueces para fundamentar las condenas y absoluciones, la querella se mostró implacable. Tagliapietra remarcó la fragilidad teórica del pronunciamiento al señalar que “más allá de la condena irrisoria y demás, los fundamentos además dan cuenta de que, si no fuera por el Doctor Jiménez, uno de los vocales del tribunal, todos tenían que quedar absueltos”. En la misma línea, criticó la postura mayoritaria del cuerpo al calificar que “los fundamentos que brindaron los otros dos jueces a los efectos de condenar a Villamide son vergonzosos, realmente; lo hicieron para quedar bien, bah, teóricamente para quedar bien, y realmente un fracaso total, una verdadera vergüenza”.
Para explicar el trasfondo técnico de la sentencia que condenó a Claudio Villamide, el letrado graficó el argumento del tribunal precisando que “básicamente dicen que lo condenaron porque tendría que haber dado la orden de que no zarpe cuando entendía que no estaba en condiciones”. Sin embargo, cuestionó la paradoja lógica del fallo: “realmente si esa era la cuestión, tendrían que haber sido todos condenados, y soslaya lo que veníamos presumiendo, que en definitiva no lo dijeron con todas las letras para no quedar mal, pero le responsabilizan al capitán Fernández, al capitán del buque”.
Un punto central del reclamo radica en la metodología probatoria utilizada por el tribunal, la cual omitió considerar de manera rigurosa el hallazgo de la nave en el lecho marino. Al respecto, Tagliapietra comparó el criterio adoptado por la justicia con procesos donde no se cuenta con evidencia física directa: “este juicio se hizo como si nunca hubiéramos encontrado los restos del submarino“, calificándolo como “un juicio que se hizo el parecido a cuando una persona desaparece y se la presume muerta por homicidio y se hace el juicio sin el cuerpo, con indicios”. Advirtió además sobre el riesgo de este enfoque al subrayar que “el peligro de los indicios es que, si bien es cierto que la jurisprudencia permite que la sumatoria de indicios den una certeza, los indicios son peligrosos porque los indicios no son más que eso y están sujetos a interpretaciones y son endebles”.
Frente a este escenario, la querella ya trabaja en la vía recursiva ante la alzada federal. Detallando la estrategia y los plazos procesales, explicó que “ahora tenemos 10 días hábiles a partir de la notificación para presentar el recurso de casación e ir a hacer la Cámara Federal de Casación Penal, la sala que nos toque, presumo que nos va a tocar la misma que nos tocó durante todo este proceso, la cuarta”. En esa instancia, la querella buscará la invalidez del juicio actual: “vamos a pedir la nulidad, vamos a pedir un juicio de reenvío, que vendría a ser un nuevo juicio, y ante un tribunal competente que respete todas las garantías constitucionales de todas las partes”.
Durante la entrevista, el querellante también dejó en claro las profundas diferencias de criterio que mantiene con otros actores del proceso, incluyendo a la fiscalía y a otras representaciones de familiares. Al referirse a estas discrepancias, fue tajante: “no me voy a referir más ni a la otra querella ni a la fiscalía porque en definitiva son tan responsables como los jueces del resultado de este juicio”.
Explicó además a la Decana de la Patagonia que “intenté, de verdad, hablar tanto con la fiscalía como la otra querella para ir unidos en esto que entendía que era lo que correspondía, y ellos estaban apurados con el juicio, estaban apurados por particularmente la otra querella por pedir honorarios y demás, y lamentablemente se desviaron de lo importante”.
Asimismo, recordó que la causa principal no agota la búsqueda de responsabilidades, señalando que aún permanece frenado el tramo que involucra a los máximos mandos políticos y militares de aquel entonces. Sobre este expediente, que tramita en la jurisdicción de Caleta Olivia, advirtió que “quedó una parte de la investigación todavía en Caleta Olivia de la cual tampoco se hizo absolutamente nada y por lo cual también estamos peleando para que se avance en esa parte de la investigación que tiene que ver con las altas esferas del poder político, hablamos de investigar al jefe de la Armada, al ministro de Defensa, al mismísimo presidente de la Nación y demás, que quedó ahí pendiente”.
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