En el marco de la escalada de violencia que vive Rosario, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió al Congreso nacional que “vote rápido” el paquete de proyectos para enfrentar el crimen organizado. Asimismo, explicó que las seis iniciativas diseñadas por su cartera serán tratadas “en paralelo” a la discusión de la Ley Ómnibus.
“Nosotros le pedimos a todos los diputados y senadores que voten de manera rápida dando la discusión que quieran. Iremos al Parlamento las veces que haga a falta, pero que lo hagan rápido porque la sociedad lo necesita”, dijo en una conferencia de prensa que encabezó junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en la sede de la cartera que lidera.
La funcionaria reveló que a la brevedad el Poder Ejecutivo presentará los proyectos en el Congreso y que la idea conversada con el presidente Javier Milei es que puedan tratarse “en paralelo” a la discusión de la Ley Ómnibus, ya que se trata de comisiones distintas las que se verán afectadas a cada uno de los dos tratamientos.
“El Ministerio de Seguridad ha elevado ya a la presidencia de la Nación los proyectos. Van a ser enviados de manera inmediata (a la Cámara de Diputados). Nosotros hemos evaluado con el presidente y con todo el Gabinete que tan importante como la discusión de la ley de Bases son los proyectos que van a generar un cambio muy importante en lo que es la estrategia contra las organizaciones criminales en la Argentina”, subrayó Bullrich.
Consignó que los seis proyectos “se van a trabajar en estos días y van a ir en paralelo a aquellos que van a trabajar en la Ley Bases”.
“La gente las necesita (las leyes). No es una discusión de políticos para políticos”, expresó, y agregó que “la gente tiene que saber que sus representantes están dispuestos a hacer cambios que terminen con la violencia, la destrucción, la muerte, los asesinatos y el sicariato en Rosario y todo el país”.
Por otra parte, Bullrich destacó que la operación conjunta entre las fuerzas federales y de la provincia para combatir el narcoterrorismo que “se despliega en Rosario está dando resultados positivos”.
No obstante, la ministra pidió “cautela” y aclaró que no dará “cifras concretas hasta que termine el primer semestre”. En ese sentido, señaló: “Tenemos que ser muy cautos porque esto es un trabajo día a día hasta que realmente la población sienta que la Ciudad está total y absolutamente dominada por el Estado provincial, el Estado nacional, las fuerzas de seguridad y la población que trabaja, y no por los narcoterroristas”.
Según indicó, “tomar las riendas fuertes en Rosario significa tomar las riendas fuertes en todo el país para que no se desate el mismo proceso en otras provincias de la Nación”.
Por último, hizo hincapié en el trabajo que vienen desarrollando los servicios penitenciarios, en particular los de Santa Fe, para “contener la violencia de los internos” que lideraban bandas narco.
“Han perdido todo tipo de capacidad de dominar las cárceles como lo hacían antes. Hoy son personas que están controladas, encerradas y que hacen cualquier cosa con tal de salir de esa situación y no lo lograron porque la decisión es inquebrantable”, aseveró.
Maximiliano Pullaro: “Se terminó la joda”
En tanto, Pullaro agradeció al Gobierno nacional “en un momento muy difícil para el pueblo de Santa Fe pero particularmente para la ciudad de Rosario por estos hechos narcoterroristas que vivimos a principios de mes”.
“Fueron 25 días duros, casi 120 días de gobierno muy intenso donde algunas decisiones son inquebrantables como dijo la ministra. Es el control de las organizaciones criminales en las cárceles de manera plena”, ejemplificó.
“Se terminó la joda en el servicio penitenciario de la provincia de Santa Fe, en la República Argentina donde los sicarios creían que podían hacer lo que quisieran. Desde esos lugares dominaban y lideraban sus organizaciones que estaban afuera, y eso les daba mucho poder. Eso se terminó”, sentenció el mandatario santafesino, que pidió el cambio del régimen penal juvenil para reducir la edad de imputabilidad.
Cuáles son los proyectos de ley que impulsa Bullrich
El cambio del régimen Penal Juvenil es una iniciativa que está terminando de redactar el Ministerio de Justicia, aclaró Bullrich en la conferencia de prensa.
Al margen de ese proyecto, la cartera de Seguridad impulsa la llamada “Ley Antimafia” para combatir a las organizaciones criminales de tráfico de drogas, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, y otros delitos complejos.
“El proyecto contra las organizaciones criminales hace que todos los delincuentes de una organización tengan la pena máxima”, detalló la titular de Seguridad, que pronosticó que esta ley “va a hacer que haya un cambio paradigmático en la historia penal de la Argentina”.
Otro proyecto es el que incorpora el instituto de “reiterancia” al Código Procesal Penal y otorga prisión preventiva a quienes tengan causas previas al delito por el cual están siendo investigados.
“El cambio de la reincidencia por la reiterancia va a hacer que la gente sienta que cada delito cometido tenga una pena y que no se esperen 6 o 7 años para tener una pena y mientras tanto ese delincuente sigue cometiendo delitos”, ponderó Bullrich.
De igual manera, la cartera de Seguridad impulsa un proyecto para ampliar el registro de ADN a todos los delitos para una “identificación más precisa de los criminales”, estén imputados o condenados.
También se propone una “ley antipiquete” para garantizar el orden público y la libre circulación, y se aplicaría sobre aquellas personas que organicen cortes, instiguen a otras personas a hacerlo, fuercen a terceros a asistir a una manifestación mediante coacción, bloqueen establecimientos o intimiden a funcionarios públicos.
En tanto, Bullrich impulsa un proyecto de ley para reformular el concepto de la legítima defensa y el cumplimiento del deber de parte de fuerzas federales, de manera tal de no disuadir la rápida represión de presuntos delitos de agentes de seguridad.
Una de las medidas más polémicas de este paquete tiene que ver con el proyecto de ley para modificar el artículo 37 de la ley de Seguridad Interior, de manera tal que las fuerzas militares puedan intervenir en el combate al “narcoterrorismo”.
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