Your browser doesn’t support HTML5 audio
El Gobierno nacional formalizó un cambio clave en la gestión de la infraestructura vial: delegó en nueve provincias, entre ellas Santa Cruz, la facultad de concesionar tramos de rutas nacionales mediante el cobro de peajes. La decisión, que impacta directamente en corredores estratégicos como las rutas 3 y 40, abre la puerta a nuevos esquemas de financiamiento y administración en la región.
La medida quedó establecida en el Decreto 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de gabinete Manuel Adorni y del jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Forma parte de una política orientada a descentralizar funciones operativas y fortalecer el rol de las provincias en la gestión de obras públicas.
El texto oficial habilita a Santa Cruz, junto con Río Negro, Neuquén, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza y San Juan, a otorgar concesiones de obra pública por peaje sobre rutas nacionales que atraviesan sus territorios.
Las provincias podrán licitar y adjudicar concesiones, definir planes de obra y mantenimiento, establecer esquemas de financiamiento mediante peajes y firmar contratos con empresas privadas, mixtas o entes públicos.
El decreto fija que esta delegación tiene carácter “funcional, limitado, temporal y revocable”, lo que implica que no se trata de una transferencia definitiva de competencias.
Rutas 3 y 40: posibles cambios en Santa Cruz
En el caso de Santa Cruz, la medida genera expectativa sobre el futuro de rutas clave como la Ruta Nacional 3 y la Ruta Nacional 40, ejes fundamentales para la conectividad, el turismo y la producción.
Si la provincia avanza en los convenios con la Dirección Nacional de Vialidad, podrá definir qué tramos concesiona, qué obras prioriza y si implementa peajes como mecanismo de financiamiento.
Esto no implica una aplicación inmediata de tarifas, pero sí habilita el marco legal para que se evalúe esa posibilidad en proyectos concretos.
Condiciones y control del Estado nacional
A pesar de la delegación, el Estado nacional mantiene el control estructural sobre las rutas. El decreto deja en claro que la titularidad de las rutas sigue siendo nacional, no se transfiere la jurisdicción federal, Vialidad Nacional supervisa y audita los contratos y que el Ministerio de Economía actúa como autoridad de aplicación.
Además, cada provincia debe presentar un plan detallado que incluya obras, cronograma, financiamiento y tarifa máxima de peaje.
Plazos y límites de las concesiones
El esquema establece que las concesiones no pueden superar los 30 años, las provincias deben licitar dentro de un año tras firmar el convenio y si no cumplen ese plazo, pierden la delegación. Una vez que termina la concesión, el control vuelve al Estado nacional.
También se exige que los fondos recaudados se utilicen exclusivamente en el tramo concesionado, sin posibilidad de destinarlos a otras obras.
“Más ágil, eficiente y coordinada”
El Ejecutivo sostiene que la medida busca mejorar la eficiencia en la gestión de rutas y acelerar obras de infraestructura mediante la participación provincial.
Según el decreto, el objetivo es lograr una administración “más ágil, eficiente y coordinada”, en línea con la reorganización del Estado impulsada por la Ley de Bases.
También plantea que las provincias cuentan con mayor conocimiento territorial para definir prioridades y necesidades en cada corredor vial.
Impacto en usuarios y transporte
La posibilidad de implementar peajes en rutas nacionales genera interrogantes entre transportistas, productores y usuarios habituales.
En Santa Cruz, donde las distancias son extensas y la conectividad resulta clave, cualquier cambio en los costos de circulación puede tener impacto directo en la actividad económica y el costo de vida.
Por ahora, el avance dependerá de las decisiones que tome el gobierno provincial que conduce Claudio Vidal y de los proyectos que presente ante Vialidad Nacional.
El decreto también deja abierta la posibilidad de que otras jurisdicciones se sumen al sistema si lo solicitan formalmente.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario