La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) denunció graves fallas de seguridad en el Centro Atómico Constituyentes (CAC), que se encuentra en el Partido de Gral. San Martín, a pocos metros del límite con la Capital Federal.

Así lo advirtió el ex jefe de seguridad de CAC, Javier Zulato, quien desde hace varios meses, viene elaborando y elevando a las autoridades un pormenorizado informe sobre la situación crítica que atraviesa el organismo estatal en materia de seguridad e higiene, sin garantías físicas, protección radiológica y medio ambiente, entre otros temas.

Al respecto, Zulato, que además es jefe de Seguridad Nuclear y Ambiente de la CNEA, fundador de Proyecto Energía Argentina y director de la Initiative for Global Security (IGS), afirmó que “las autoridades no responden los reclamos de los empleados en materia de seguridad, protección física y medio ambiente, lo que podría desencadenar un accidente con material radiactivo que pondría en jaque a gran parte del conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires”.

Si bien la denuncia trascendió en las últimas horas, luego que fue elevada por el sistema oficial de comunicación al subsecretario de Energía, Ing. Darío Martínez, y que llegó a oídos del propio presidente Alberto Fernández; el informe data de enero.

La denuncia tiene relevancia fuera de las fronteras del país, dado que en el ámbito nuclear Argentina tiene un rol trascendental a nivel internacional, a tal punto que el Director General del máximo organismo que rige la actividad, la Organización Internacional de Energía Atómica, es el argentino Rafael Mariano Grossi.

El CAC está ubicado sobre la colectora de la avenida General Paz y está comprendido por ocho hectáreas y 50 edificios en los que se emplazan diferentes instalaciones, desde simples oficinas administrativas, pasando por laboratorios físico-químicos, de radiobiología, carpintería, depósitos de material nuclear, fábrica de combustibles nucleares y un reactor de investigación, entre otras cosas.

 

Detalles de la denuncia

El informe presentado presentado por Zulato denuncia que “la red de incendio del CAC está prácticamente fuera de funcionamiento, ya que una parte no cuenta con el correcto mantenimiento por falta de personal y la otra ha sido desguazada por los permanentes hurtos que se producen sistemáticamente en el sitio” y agrega que “desde la designación de la nueva gerencia de coordinación se han hurtado bienes de la red de incendios por un monto aproximado de AR $2.000.000”.

Además, el informe indica que “en caso de que se produjera un incendio de grandes magnitudes, sería prácticamente imposible de controlar en todo el perímetro del Centro Atómico”. La denuncia también fue rubricada por el personal de la División Riesgos Especiales de los Bomberos de la Policía Federal Argentina.

En declaraciones publicas, Zulato se excusó por motivos éticos de dar detalles de las instalaciones emplazadas, afirmó que su postura “es completamente pro-nuclear” y aclaró que “jamás diría que podría haber un accidente del tipo de Chernobyl o Fukushima, debido a que el Centro Atómico no es una central nuclear”. Sin embargo, su advertencia no es menor porque un accidente radiactivo nunca debe descartarse en un centro de energía atómica, y menos aún cuando los antecedentes nacionales avalan las probabilidades de que eso ocurra.

El 23 de septiembre de 1983 se produjo en el mismo organismo un accidente nuclear en el ya desmantelado reactor RA-2, que acabó con la vida de un trabajador. “Actualmente la situación podría llegar a ser gravísima en el caso de que el foco ígneo se iniciara en las inmediaciones de cualquiera de las instalaciones nucleares que alberga el CAC, donde las consecuencias podrían ser desastrosas, por cuanto se corre el riesgo de que el material radiactivo se volatilice a la atmósfera dependiendo ya su alcance de circunstancias aleatorias (como la dirección y velocidad del viento, condiciones de presión temperatura, etc) y pudiendo afectar un radio impredecible”, alertó con preocupación Zulato.

Siguiendo esto, el especialista aseguró que “la Autoridad Regulatoria Nuclear tendría que hacer un trabajo más abarcativo, evaluando la seguridad de todo el predio, en función de su contexto con otros edificios, y no haciendo hincapié sólo en las instalaciones nucleares o radiológicas”.

Por otra parte, la denuncia destaca que “el servicio médico del lugar, a pesar de los reiterados pedidos del sector, no tiene los elementos para actuar ante una emergencia radiológica, habida cuenta de que ni siquiera posee una ambulancia propia, que sería de vital importancia, ya que en incidentes de este tipo se ha reportado que los prestatarios son reacios a trasladar pacientes que hayan sufrido accidentes radiactivos”. A su vez, el reclamo plantea que “es necesario contar de forma urgente con un centro médico especializado para derivar pacientes eventualmente afectados por radiación, ya sea por contaminación interna o irradiación externa”. En cuanto a las emergencias convencionales, la denuncia pone de manifiesto que “existe una gran falta de medios de escape en muchos edificios del CAC, constituyendo una verdadera trampa mortal para el personal y visitantes del lugar”.

 

Por otra parte, Zulato destacó “la alta capacitación del personal técnico”, pero afirmó que “si hay autoridades incapacitadas, que fueron designadas a dedo o por militancia afín al gobierno de turno conduciendo la organización, no hay mucho que pueda hacerse más que peticionar”.

Por último, “solicitó la intervención inmediata de las autoridades para subsanar la situación detallada en el informe”, dado que consideró que “es fundamental tratar estos temas con urgencia”.

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