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La Cámara de Diputados iniciará este martes el tratamiento en comisión del proyecto de Presupuesto 2027, cuyo principal objetivo es mantener el equilibrio fiscal. La elevada proporción de gastos comprometidos limita el margen para introducir cambios, mientras el oficialismo busca sumar respaldos entre sus aliados y los gobernadores.

La discusión comenzará al mediodía en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien presentará los principales lineamientos de la iniciativa.

La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados y necesita reunir al menos 129 legisladores para alcanzar el quórum y habilitar el debate en el recinto. Para lograrlo, deberá profundizar las negociaciones con los bloques aliados y las administraciones provinciales.

Uno de los principales condicionantes es que cerca del 70% del gasto público ya está comprometido en prestaciones previsionales, programas sociales y otras obligaciones estatales. A esto se suman los reclamos de las provincias por fondos para obras públicas, el financiamiento de las universidades nacionales y la cobertura de las cajas jubilatorias provinciales.

También será necesario contemplar los recursos destinados a las prestaciones vinculadas con la discapacidad. Según las estimaciones que forman parte de la discusión presupuestaria, el impacto fiscal de la iniciativa acordada entre el oficialismo y sus aliados rondaría los $600.000 millones en 2027.

En este escenario, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene conversaciones con los gobernadores para acercar posiciones y facilitar la sanción de la ley antes de que termine el año.

El cronograma parlamentario prevé reuniones informativas hasta la primera semana de noviembre, con la intención de emitir dictamen y continuar luego con el tratamiento legislativo.

La meta del Gobierno es avanzar con la discusión durante ese mes y obtener la aprobación definitiva antes de diciembre, un objetivo que dependerá de los acuerdos que consiga tanto en Diputados como en el Senado.

Jubilaciones y prestaciones sociales: las principales partidas

El proyecto contempla $102 billones para prestaciones previsionales, que incluyen jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas (PNC).

De ese total, $3,9 billones se destinarían al pago de bonos, un monto prácticamente igual al previsto para 2026. De mantenerse esta proyección, el bono de $70.000 continuaría durante 2027 sin aumentos nominales.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los $98,1 billones restantes corresponderían a los haberes regulares, que registrarían una suba real interanual del 5,7% frente a la estimación de cierre de 2026.

El organismo también calculó que el número de jubilados, pensionados y retirados pasaría de 9,20 millones en 2026 a 9,12 millones en 2027, lo que implicaría una reducción aproximada de 79.000 titulares.

En materia de asignaciones familiares, el gasto proyectado asciende a $14,4 billones, con un crecimiento real del 2,5% respecto del cierre estimado para este año. A su vez, la cantidad de asignaciones por hijo mostraría una leve variación positiva: el promedio mensual subiría de 4,33 millones a 4,35 millones entre ambos períodos.

Por otro lado, las transferencias destinadas a otros programas sociales alcanzarían los $9,1 billones, lo que representaría un incremento real interanual del 37,1% en comparación con las previsiones para el cierre de 2026.

Las proyecciones para 2027

El Presupuesto prevé gastos totales consolidados por $216 billones, un 25,3% más que en el período anterior. En tanto, los recursos provenientes de impuestos y contribuciones a la seguridad social llegarían a $219,3 billones, con un aumento proyectado del 26,2%.

Entre las principales variables macroeconómicas, el Gobierno calcula una inflación anual del 21,3% y estima que el dólar alcanzará los $1.847 a fines de diciembre de 2027, con un promedio de $1.728 durante el año.

En cuanto a la distribución de las erogaciones, se proyectan $150.913.491,9 millones para servicios sociales, mientras que el pago de la deuda pública demandaría $18.609.176,1 millones.

El financiamiento de las universidades nacionales también ocupará un lugar central en las negociaciones. La iniciativa asigna $7,3 billones al sector, una partida que estará bajo análisis durante el debate parlamentario.

Por último, las estimaciones oficiales anticipan un crecimiento del consumo privado del 3,4% en 2027, mientras que el consumo público registraría una expansión del 0,6%.

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