Quién es el abogado que pergeñó la “compra” de estancias y defiende genocidas con Victoria Villarruel

Toda la ingeniería que dio pátina de legalidad a la operación que terminó con la extranjerización de 60 mil hectáreas, en una de las zonas de mayor belleza y recursos naturales de Santa Cruz, se hizo en un reconocido estudio jurídico de la Capital Federal.

Tal como viene informando La Opinión Austral desde 2019, que es cuando se presentó la denuncia, son campos lindantes con la República de Chile que integran cincuenta kilómetros de ribera sobre el lago San Martín, binacional, bosques nativos, caudalosos ríos y un glaciar donde se ubican las estancias Melenik, Veranada de Jones y El Cóndor. Todo esto, sumado que a que se trata de un lugar especial por haber sido escenario de disputa, en el conflicto que Argentina mantuvo con el país trasandino y derivó en un laudo internacional.

Hoy todo ese lugar estratégico es del magnate chileno Maximiliano Ibáñez Bulnes, que pudo avanzar burlando la Ley de Tierras, que establece los límites de adquisición de tierras a manos extranjeras y de la zona de fronteras, es decir, directamente las prohíbe. Se trata de normas que el empresario no podía desconocer, ya que su país también las tiene. Sin embargo, encontró en Argentina a un equipo de denodados colaboradores, con el que comparte una historia común, vinculada a los años oscuros de ambos países.

Hay que recordar que Ibáñez Bulnes logró hacerse de la mayoría del paquete accionario de Cielos Patagónicos SA, administradora de las tres estancias, luego de una misteriosa renuncia del directorio. Pero, además, lo hizo a través de un tercero mediante la creación de un fideicomiso a nombre de Ezequiel Braun Pellegrini, el testaferro. La maniobra es tan clara, que el fideicomiso fue redactado de tal manera que el argentino prácticamente no tiene margen para decidir nada.

En declaraciones a LU12 AM80 de Río Gallegos, Eduardo Barcesat, abogado de los dos exsocios de Cielos Patagónicos SA que desnudaron este escándalo- ambos proteccionistas de la flora y la fauna-, dijo que todo fue “orquestado, lamentablemente, en el estudio jurídico del doctor Pérez Alati, quien armó las máscaras de todo esto”. Aun así, “fue demasiado burdo”.

Por eso, lo que también se investiga acá es cómo esta maniobra ilícita logró la autorización de Zona de Fronteras y del Registro Nacional de Tierras Rurales.

Un dato no menor es que esta adquisición ilegal comenzó en 2016 y terminó cristalizándose en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, quien introdujo cambios a la Ley de Tierras que había sido impulsada en 2011 por Cristina Fernández de Kirchner, para frenar la extranjerización de los recursos. Lo que hizo la alianza neoliberal Cambiemos fue, mediante el Decreto 820, flexibilizar las cosas y dar rienda suelta.

En los cuatro años de investigación, la causa que también tiene como querellante a la Fiscalía de Estado de la provincia, sólo consiguió que se allanara Suipacha 1111, piso 18 (CABA), el domicilio legal de las empresas vinculadas a la compra y que son oficinas del abogado Pérez Alati.

Pérez Alati integra el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, en CABA. Se le dice así porque hubo un tiempo en que los profesionales del derecho tenían su punto de encuentro adentro del Palacio de Tribunales hasta que el presidente Juan domingo Perón ordenó su salida. Posteriormente, los miembros de ese colegio intervinieron en su derrocamiento.

Además de ser un abogado de élite, el autor de la maniobra que le permitió al magnate chileno hacerse de tierras estrategias para Santa Cruz y el país, integra el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, (CELTYV), que lidera la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel.

Desde ese espacio, que tiene por objetivo negar los crímenes de lesa humanidad que cometieron las fuerzas militares de la mano de la pata civil, bajo la premisa de una “memoria completa“, se organizan actividades de reivindicación de los derechos humanos de los genocidas condenados, entre otras, como la de semanas atrás en la Legislatura porteña, donde volvieron a escucharse conceptos como los de subversión y terrorismo, con críticas a Madres y a Abuelas de Plaza de Mayo.

Según consignó el periodista Ari Lijalad, Pérez Alati “es socio de Mariano Grondona (hijo) y del heredero de José Martínez de Hoz, que fue ministro de Economía de Videla. En la conformación original aparecen también los abogados Horacio Adolfo García Belsunce –padre de María Marta García Belsunce, asesinada en 2002 en el country en el que vivía y, muchos años antes, integrante del Grupo Azcuénaga, que le daba sustento ideológico a la dictadura– y Eugenio Carlos José Aramburu, hijo del dictador ejecutado por Montoneros en 1970″.

Quien suele ocuparse del Colegio de Abogados de Montevideo es el diputado Rodolfo Tailhade, para quien no cabe dudas que “hace más de un siglo que el Colegio de Abogados de Buenos Aires trabaja para las oligarquías, las dictaduras y los buitres de la City”.

Ahora bien. Si de explicar el pasado para entender el presente se trata, la persona designada en el estudio de Pérez Alati como el dueño de las tierras, es decir, quien presta su nombre en el fideicomiso, es Ezequiel Braun Pellegrini, familiar de los Miguel Braun y Marcos Peña, que fueron secretario de Comercio y jefe de Gabinete en la administración de Macri.

El abuelo paterno de Braun Pellegrini fue Eduardo Braun Menéndez, de los Menéndez Behety. Su bisabuelo, Mauricio Braun Hamburger era el esposo de Josefina María Manuela Menéndez Behety.

Además de la historia bien conocida respecto del poderío sobre las tierras en Santa Cruz y Tierra del fuego a partir del genocidio de pueblos originarios, durante la dictadura de Pedro Aramburu, abrieron la línea aérea Austral que, curiosamente, fue estatizada luego por el ministro José Alfredo Martínez de Hoz, en dictadura.

Hay una historia común, que a un lado y otro de la cordillera comparten las oligarquías. En Chile, el empresario Maximiliano Ibáñez Bulnes es dueño de Córpora Sociedad Anónima, el holding que tiene unas siete empresas inscriptas en el registro de sociedades extranjeras de nuestro país.

Tal como informó esta periodista el miércoles, es hijo de tres generaciones dedicadas a la venta de alimentos, fundador de una cadena de comida orgánica e inversor del sector turístico, avanzando recientemente con un loteo en Torres del Paine.

Los abuelos de Maximiliano, Pedro Ibáñez Ojeda y Francisco Bulnes Sanfuentes, son en Chile sinónimo de la derecha liberal. Juntos fundaron el Movimiento de Unión Nacional de ideología anticomunista y avalaron la dictadura de Augusto Pinochet. Bulnes Sanfuentes fue designado por la dictadura militar como embajador de Chile en Perú, hasta que fue declarado persona no grata por el Gobierno de Francisco Morales Bermúdez, que lo acusó de espionaje. Ibáñez Ojeda formó parte del Consejo de Estado y de la redacción de la Constitución de 1980, que armó la Junta Chilena por decreto.

Expansión en frontera

Si la transacción no se revierte antes de que en dos años se caiga la causa, los campos donde debiera existir un parque provincial serán escenarios de la expansión hotelera de Explora, tal como lo dio a conocer el padre de Ibáñez Bulnes a un medio chileno en 2020. Al referirse al quinto hotel de la empresa y su incursión en la Patagonia argentina, dijo que “no hemos empezado todavía, pero la idea es hacer algo. En El Chaltén, estamos estudiando todavía el proyecto”. No era en El Chaltén. Pegó en el palo.

Cuando se refiere a los potenciales clientes que visitarían las estancias santacruceñas, la caracterización que hace es: “gente de buenos ingresos, culta y que le gusta hacer esta vida al aire libre y de forma intensa. Lo llamamos el lujo de lo esencial”.

El jueves, el fiscal de Estado, Fernando Tanarro, confirmó a La Opinión Austral que recibió la notificación de una nueva ronda de testimoniales que van a tomarse en breve. Se trata de los accionistas de clase B (sin derecho a voto) que vendieron sus acciones en Cielos Patagónicos. Todavía, ninguna indagatoria

“Hay leyes muy claras y acá hay una persona de nacionalidad argentina que prestó el nombre para que un holding chileno pueda usufructuar estas tierras. Está prohibido. Hablamos de ríos, glaciares, que actúan como reservas de agua, de bosques nativos, pero, además, es un tema de soberanía muy delicado”, manifestó Tanarro, que se mostró sorprendido por la “trascendencia que tomó el caso“.

Tal como se mencionó más arriba, la causa lleva años tramitándose y lo cierto es que el peligro de 60 mil hectáreas, que forman parte del patrimonio de la provincia y el país, no había generado demasiado interés. Son probablemente los nombres involucrados, los que ahora generan ruido y trazan un sentido de indignación y memoria colectiva de las mayorías populares, que nunca son jerarquizadas en procesos dictatoriales, por el contrario de lo que pasó con los dueños de buena parte de nuestro país y de los vecinos.