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La diputada nacional Roxana Reyes (UCR, Juntos por el Cambio) presentó un proyecto de ley que busca reforzar la ética en el ejercicio de la función pública y evitar el uso indebido de recursos estatales con fines de promoción personal o político-partidaria. La iniciativa, que también cuenta con la firma de los diputados Rodrigo de Loredo y Luis Picat, propone la modificación de la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
El proyecto introduce cambios significativos al artículo 42 de la mencionada ley, ampliando la prohibición de utilizar la publicidad oficial para la promoción personal de funcionarios, añadiendo ahora la restricción explícita contra la promoción político–partidaria. Además, se incorpora un nuevo artículo 42 bis, que detalla una serie de actividades prohibidas para empleados y funcionarios públicos, como la utilización de recursos del Estado para fines de proselitismo, la participación en campañas políticas durante el horario laboral y el uso de bienes públicos con fines electorales.
Los detalles
Roxana Reyes explicó a La Opinión Austral los puntos centrales de su proyecto: “Es fundamental que los recursos del Estado no se utilicen para el beneficio político de unos pocos, sino para el bienestar de toda la comunidad. Con esta ley buscamos prohibir que los fondos públicos sirvan para hacer promoción de candidatos o menciones a partidos o espacios políticos”.
Asimismo, expresó: “Una conducta ética y transparente es indispensable para mantener la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones y preservar los valores de nuestra democracia. Este tipo de prácticas no solo son antiéticas, sino que también erosionan la confianza pública y desvirtúan el verdadero propósito de la función pública.”
“La promoción personal y el proselitismo con recursos del Estado generan una distorsión en nuestra democracia, creando una competencia política desigual. Con esta modificación a la Ley de Ética Pública, buscamos fortalecer la integridad y la confianza en nuestras instituciones“, afirmó la legisladora nacional.
Según Reyes, esta propuesta responde a la necesidad de asegurar que los actos de gobierno se realicen con la única motivación de servir al interés público, evitando cualquier confusión entre la gestión de los recursos estatales y los intereses personales o partidarios de quienes los administran.
La legisladora nacional afirmó que la iniciativa también apunta a fortalecer la transparencia y la integridad en la función pública, alineándose con los compromisos internacionales asumidos por Argentina, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Este proyecto ya ha sido presentado en la Cámara de Diputados de la Nación y espera contar con el apoyo de otros legisladores para avanzar en su tratamiento. La diputada Reyes subrayó la importancia de esta reforma, considerando las numerosas denuncias y casos de uso indebido de recursos públicos con fines electorales que han salido a la luz en los últimos años.
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