Sturzenegger celebró la desregulación del mercado del gas licuado: “Desmontamos el curro del intermediario”

El Gobierno de Javier Milei oficializó este jueves 3 de julio la desregulación del mercado del gas licuado de petróleo (GLP) con la publicación del Decreto 446/2025 en el Boletín Oficial. La medida modifica de forma sustancial la Ley 26.020, limita la intervención estatal en el sector y redefine el rol de la Secretaría de Energía. En una provincia como Santa Cruz, donde miles de familias vulnerables dependen del GLP ante la falta de gas natural por red, la decisión genera profundas preocupaciones.

La norma —firmada por Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo— elimina autorizaciones previas, libera precios, facilita la importación y exportación de GLP y reduce a cuestiones de seguridad técnica el accionar del Estado. Así, se establece un nuevo paradigma: si una empresa cumple con las condiciones de seguridad, puede operar sin trabas ni autorizaciones.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida en un extenso hilo publicado en su cuenta de X (ex Twitter).

“Desregulamos el mercado del GLP. (…) Una mala ley kirchnerista de 2005 que había metido todos los costos del Estado en un mercado que hasta ese momento operaba de manera desregulada”.

Sturzenegger destacó que ya no será necesario pedir permisos para operar, siempre que se cumplan con los requisitos de seguridad, y que se elimina la figura del intermediario obligatorio, en referencia a los centros de canje.

Además, sostuvo que liberar los precios es la mejor brújula para un mercado sano, y que la reforma “está alineada con el derecho al comercio consagrado en la Constitución”.

Santa Cruz frente a la desregulación del GLP: fuerte impacto en los hogares sin gas por red

Según datos del censo 2022, en Santa Cruz 11.212 personas utilizan principalmente garrafas para cocinar. Esta cifra continúa en aumento, debido a la falta de infraestructura para llevar gas natural a muchos hogares, en particular en zonas periféricas de Río Gallegos y localidades como El Chaltén, Gobernador Gregores, Los Antiguos, Lago Posadas, Bajo Caracoles y Perito Moreno.

Estos sectores, habitados en gran parte por familias en situación de vulnerabilidad económica, se verán directamente afectados por los cambios en la regulación del GLP, más aún en el contexto de los fuertes aumentos tarifarios registrados en 2024 y 2025. En localidades que dependen exclusivamente del gas licuado, los incrementos llegaron hasta el 1.140%.

Qué cambia con el Decreto 446/2025

El decreto sustituye 14 artículos y deroga otros 6 de la Ley 26.020. Entre las modificaciones más relevantes:

• Desaparece la obligación de pedir autorización para operar como fraccionador, distribuidor o comercializador de GLP.
• La Secretaría de Energía se limita a tareas de fiscalización en seguridad, pudiendo delegarlas en organismos públicos o privados.
• Se eliminan los precios de referencia, liberando completamente los valores del GLP.
• Se facilita la importación y exportación, eliminando trabas que regían si los productos tenían subsidios de origen.
• Se modifica el sistema de centros de canje de envases, permitiendo a las empresas acordar mecanismos bilaterales sin intermediarios obligatorios.
• Se crea un parque común de envases para facilitar la logística a fraccionadores pequeños.
• Se prohíben cláusulas de exclusividad entre fraccionadores y comercializadores.

Críticas y dudas

Si bien el decreto establece como objetivo prioritario garantizar el acceso al GLP a precios razonables para hogares sin gas por red, la eliminación de los precios de referencia y el retiro del Estado de su rol regulador generan dudas sobre la protección a los sectores más vulnerables.

Organizaciones sociales y referentes del sector energético advierten que, sin una política de subsidios clara ni mecanismos de control de precios, las garrafas podrían encarecerse aún más, profundizando la exclusión energética en zonas postergadas del país, como el interior de Santa Cruz.

El decreto ya está en vigencia, aunque deberá ser evaluado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que tiene la potestad de validar o rechazar los decretos delegados del Ejecutivo.