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El reclamo insaciable de justicia por el crimen de Mario “Pato” García ha sumado un capítulo determinante en los estrados judiciales y en el fuero federal. La trágica desaparición y el posterior hallazgo sin vida del vecino de Caleta Olivia continúan conmocionando a la opinión pública de la provincia de Santa Cruz, impulsados por la lucha inclaudicable de su entorno familiar que sostiene como bandera la premisa de que, tal como lo dijo la hermana de la víctima, “lo callaron” y que resulta imperioso desentrañar quiénes y por qué lo hicieron. En las últimas horas, la investigación dio un paso administrativo de relevancia: el Ministerio de Seguridad de la Nación elevó a 10 millones de pesos la recompensa para obtener información fehaciente que permita individualizar a los responsables materiales del homicidio.
En un mano a mano con LU12 AM680, conducido por los periodistas Gustavo Argañaraz y Gisela Castillo, la hermana de la víctima, Gisella Cruz, abordó de manera frontal la actualización del incentivo económico de la cartera nacional y desnudó las marcadas falencias institucionales que entorpecieron el caso desde sus primeras horas.
Al comenzar el diálogo, la entrevistada precisó las diferencias clave respecto de la partida dineraria anterior: “El Ministerio de Seguridad de la Nación elevó la recompensa dado que en febrero tenía una de 5 millones por el paradero, porque no había confirmación a ciencia cierta de si los restos efectivamente eran de él” mientras que “hoy la recompensa cambia: es para dar con él o los autores del hecho y se eleva a 10 millones”. Según reveló Cruz, este incremento de fondos “se había pedido inicialmente en reiteradas oportunidades a lo largo de estos 9 meses y no se había concedido, pero sí se concedió este mes tras un nuevo pedido del juzgado local a Nación”.
Respecto a las garantías institucionales para quienes posean datos sustanciales sobre la trama criminal pero sientan temor a represalias, la hermana de “Pato” García remarcó la importancia del amparo federal. “El objetivo es que si alguien vio, sabe o escuchó quiénes o quién podrían haber sido los autores materiales del hecho, pueda sentir primeramente la seguridad de que va a ser respaldado al ser una recompensa a nivel nacional, con sus datos cuidados”, subrayó, completando que “llegado el momento en que lo que hayan visto o sepan sea fehaciente, la justicia determinará cómo será el pago del monto ofrecido”.
Pese a que las pruebas científicas determinaron que la búsqueda de paradero mutó trágicamente a una causa por asesinato, la burocracia judicial mantiene formalmente un rotulado procesal que indigna a la querella. Consultada sobre el significado que tiene para la familia que el expediente se encamine de manera abierta como un homicidio, Cruz fue contundente: “Es lo que estábamos buscando hace bastante tiempo”.
No obstante, cuestionó la pasividad del juzgado al explicar que “porque aunque se hayan unificado las causas entre febrero y marzo, la causa sigue caratulada como ‘Gisella Cruz formula denuncia‘”. Frente a esta dilación, expresó con enojo: “Nosotros queremos que se cambie la carátula; aunque hoy para la investigación sea un detalle menor, necesitamos que se hable de un homicidio porque fue un homicidio y no nos gusta que lo pinten de otra cosa”.
La respuesta brindada desde las oficinas judiciales ante este reclamo formal no conformó en absoluto a la familia de la víctima. Según relató la propia entrevistada, la explicación que le dieron desde los tribunales es “que no importa si le cambian la carátula o no porque todos estamos hablando de lo mismo y se sabe de qué se trata”, añadiendo que “como la investigación sigue avanzando, consideran que no viene al caso cambiarla”.
El estancamiento en el Fuero Provincial derivó tiempo atrás en la incorporación de fuerzas federales para dotar de rigor técnico a las pesquisas. Sin embargo, al ser interrogada sobre si existió algún avance concreto desde la llegada de la Prefectura Naval Argentina en el mes de mayo, Cruz fue tajante: “No, en concreto no tenemos nada”. A renglón seguido, analizó la medida nacional: “Por eso creo que se ha impulsado el aumento de la recompensa desde Nación. Si hubiera algo concreto tendríamos algún tipo de tranquilidad, pero por el momento es todo investigación”.
Esta falta de resultados tangibles tensó al máximo el vínculo con los operadores del sistema punitivo. “El ida y vuelta hoy es a través de mi abogada”, reconoció la hermana de Mario García al describir la frialdad institucional con la que es tratada en los pasillos judiciales. En una dura revelación sobre el deterioro de la atención a las víctimas, afirmó: “Hace un tiempo mi visita ya no es cordial y no soy bien recibida; me mandan a hablar con mi abogada. Todo lo requerido se pide a través de ella”. Incluso detalló graves demoras procesales al advertir que “incluso hay testigos que proponemos desde que encontraron los restos y todavía no los solicitan”. Pese al desgaste, evaluó el panorama general señalando que “si bien se ve un avance por el tema de la auditoría y cositas sueltas que van agarrando -entre ellas el pedido de aumento de la recompensa-, nuestra relación con la justicia y Prefectura es a través de la abogada”.
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