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La investigación por la desaparición de Mario César García, conocido como “Pato”, sumó una nueva medida a nivel nacional. El Gobierno nacional elevó de $5 millones a $10 millones la recompensa destinada a quienes aporten información que permita identificar al autor o los autores de su homicidio.
La decisión fue formalizada por el Ministerio de Seguridad Nacional mediante la Resolución 990/2026, firmada el 23 de septiembre por la ministra Alejandra Susana Monteoliva y publicada este lunes 28 de septiembre en el Boletín Oficial de la República Argentina.
El cambio se produce luego de que la investigación judicial dejara de estar orientada exclusivamente a establecer el paradero de García y pasara a concentrarse en el homicidio, a partir del hallazgo de restos humanos compatibles con su identidad y de los avances incorporados al expediente.
La recompensa alcanza a personas que no hayan intervenido en los hechos delictivos y que puedan aportar datos concretos para avanzar en la identificación de quienes participaron del crimen.
De una recompensa por su paradero a otra para identificar a los autores
La primera recompensa para encontrar a Mario García había sido establecida en febrero de 2026 por el Ministerio de Seguridad Nacional. En ese momento, se ofrecían $5.000.000 a quienes brindaran información útil para localizarlo.
La medida había sido solicitada por el Juzgado Provincial de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia, a cargo del juez Marcos Pérez Soruco, en el marco de la causa N° 88.070/25, caratulada “Cruz, Gisella Yamile s/ formula denuncia”.
Sin embargo, el desarrollo posterior de la investigación modificó el objeto de la búsqueda.
Según surge de la nueva resolución, el juzgado había solicitado en abril que se dejara sin efecto el ofrecimiento destinado a encontrar a García luego del hallazgo de restos humanos compatibles con su identidad y ante la existencia de un hecho presuntamente delictivo vinculado con su desaparición.
La resolución precisa que, a partir de las investigaciones realizadas, la causa “ha girado al delito de homicidio”.
Por ese motivo, el 8 de septiembre de 2026 el Juzgado Provincial de Instrucción N° 1 solicitó formalmente modificar la recompensa para que dejara de estar dirigida a la búsqueda de paradero y pasara a tener como objetivo la identificación del autor o los autores del homicidio de Mario César García.
El Gobierno nacional fijó una recompensa de $10 millones
La resolución publicada este lunes establece que se ofrece una recompensa de $10.000.000 dentro de todo el territorio de la República Argentina. El dinero será destinado a quienes, sin haber participado de los hechos, proporcionen datos útiles que permitan identificar a los responsables de la muerte de García.
El texto oficial señala que se trata de Mario César García, alias “Pato”, cuyos restos fueron encontrados en la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, durante enero de 2026.
De esta manera, el Gobierno nacional duplicó el monto que había sido fijado en febrero, cuando todavía se buscaba establecer el paradero del hombre.
Cómo aportar información sobre el caso Mario García
Las personas que tengan información que pueda resultar útil para la investigación pueden comunicarse con el Programa Nacional de Recompensas del Ministerio de Seguridad Nacional. La resolución establece como vía de contacto la línea gratuita 134, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos.
El mecanismo contempla la preservación de la identidad de quien aporte información.
El pago de la recompensa quedará sujeto a la evaluación de la autoridad interviniente, que deberá determinar el mérito de los datos proporcionados y su utilidad para la investigación.
La normativa también establece que el Ministerio de Seguridad Nacional será el encargado de efectuar el pago, ya sea en sus dependencias o en el lugar que determine la autoridad correspondiente.
Además, se instruyó a las Fuerzas Federales de Seguridad para difundir el afiche oficial de la recompensa en sus distintas modalidades.
Qué pasó con Mario “Pato” García
Mario César García tenía 50 años y era vecino de Caleta Olivia. Su desaparición generó una investigación que incluyó allanamientos, rastrillajes, análisis de cámaras de seguridad y distintos procedimientos destinados a establecer qué ocurrió con él.
En febrero, cuando todavía se trataba de establecer su paradero, el Ministerio de Seguridad había señalado que la investigación contemplaba como hipótesis un posible homicidio.
En aquel momento, la recompensa nacional estaba destinada a encontrar a García y se había fijado en $5 millones.
Con posterioridad fueron encontrados restos humanos en Caleta Olivia y comenzaron las pericias para establecer su identidad. La familia reclamó durante meses avances en los estudios de ADN y en otras medidas consideradas centrales para reconstruir lo sucedido.
La situación quedó reflejada en los distintos reclamos públicos realizados por sus hermanos, quienes cuestionaron el avance de la investigación y reclamaron respuestas sobre los restos encontrados.
La familia reclamó pericias y respuestas durante meses
La familia de Mario García mantuvo desde los primeros meses una fuerte presencia pública para pedir avances en la causa.
En abril, sus hermanos José García y Gisella Cruz convocaron a una movilización en Caleta Olivia y cuestionaron las demoras que, según denunciaron, atravesaba la investigación.
En aquella oportunidad, la familia había reclamado especialmente por los estudios de ADN y por la necesidad de completar las pericias sobre los restos encontrados.
“Queremos velar a nuestro hermano, queremos poder despedirlo como corresponde”, expresaron durante el reclamo.
También cuestionaron la falta de avances sobre distintas pruebas incorporadas al expediente.
“Hace cuatro meses que queremos justicia y la causa está parada”, afirmaron en ese momento.
La familia había señalado además que algunos restos habían permitido obtener resultados positivos de ADN, pero que quedaban otros estudios pendientes.
“Hay una mano que da positivo con el ADN, pero la otra parte no la pudieron hacer y no sabemos por qué”, señalaron.
Los familiares también habían pedido que se profundizaran los rastrillajes para encontrar otros restos y reconstruir lo sucedido.
“Necesitamos ese ADN y que se hagan más rastrillajes. Queremos encontrar las otras partes de mi hermano”, manifestaron.
La intervención de Prefectura Naval en la investigación
Otro de los cambios que atravesó la causa durante 2026 fue la incorporación de la Prefectura Naval Argentina a las tareas investigativas.
En mayo, Gisella Cruz confirmó en diálogo con LU12 AM680 que la fuerza federal había comenzado a intervenir en el expediente.
“Oficialmente nos informan que a partir de ayer toma conocimiento de la causa y comienzan a trabajar Prefectura Naval”, indicó.
Según explicó entonces, la incorporación de una fuerza federal había sido planteada por la familia durante el desarrollo de la investigación.
“Se nos preguntó como familia y la decisión de la mayoría fue que sí, que se solicite una Fuerza Federal”, relató.
La hermana de García explicó que finalmente fue el juez quien determinó qué fuerza intervendría.
“No se dijo cuál. El que eligió fue el juez y eligió Prefectura”, afirmó.
En ese contexto, la familia esperaba que la nueva intervención permitiera revisar las medidas realizadas durante los primeros meses y avanzar sobre elementos que, según su denuncia, permanecían sin peritar.
“La expectativa real de nosotros es que ellos puedan ver lo que nosotros vimos, de quién falló y de qué forma”, sostuvo Cruz.
Los reclamos por elementos que todavía debían ser peritados
Durante aquella entrevista, la familia también cuestionó el estado de distintos elementos secuestrados durante los allanamientos.
“Esta causa ya lleva seis meses, se hicieron muchísimos allanamientos, se secuestraron muchísimos elementos, incluidos vehículos, y hasta el día de hoy hay muy poco que fue periciado”, señaló Gisella Cruz.
También sostuvo que parte de las medidas que consideraban necesarias todavía no se habían concretado.
“El juez nos dio la posibilidad de decir ‘pericien esto, tal vehículo, tal cosa’, pero nunca se hicieron las pericias de los elementos que ellos habían secuestrado”, afirmó.
En ese momento, la familia consideraba que la incorporación de una fuerza federal podía permitir avanzar sobre esas medidas.
“Llegó tarde. Cuando ya se hizo la mitad del trabajo llegaron ellos”, manifestó Cruz.
La mujer también había cuestionado la respuesta inicial ante la desaparición de su hermano y las medidas tomadas durante los primeros días de la investigación.
“Pedimos en su primer momento la intervención de la Fuerza Federal al fiscal y él nos dijo que no”, indicó.
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