El nuevo Tribunal Superior de Justicia arrancó con todo: detectaron graves atrasos en juzgados y pericias de la zona norte

Una serie de inspecciones ordenadas por el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz encendió las alarmas sobre el funcionamiento de distintos organismos judiciales de la zona norte de la provincia.

Las resoluciones fueron firmadas el pasado 23 de junio por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gabriel Contreras Agüero, luego de analizar las actas de inspección elaboradas en diversos organismos de la Segunda Circunscripción Judicial. Los resultados expusieron un panorama complejo que afecta tanto a juzgados de Caleta Olivia y Pico Truncado como al Gabinete Médico Forense de la ciudad del Gorosito.

Según pudo saber La Opinión Austral, uno de los casos más preocupantes detectados corresponde al Juzgado de Familia de Caleta Olivia, a cargo de Rosa González. Allí, el sistema informático SIPED registró 53 escritos sin asignación de responsable, 1.020 escritos pendientes de despacho, 234 escritos para proyectar y otros 167 para corregir. A ello se suma una importante cantidad de presentaciones que permanecían asignadas a responsables sin resolución desde diciembre de 2025. Todo esto ocurre en un tribunal que ya recibió más de 600 nuevas causas durante el presente año.

La situación tampoco resultó favorable en los Juzgados Civiles, Comerciales, Laborales y de Minería N° 1 y N° 2 de Caleta Olivia, actualmente el primero subrogado y el segundo a cargo de Franco Matías Villalón Lescano. Si bien mantienen actualizado el despacho diario, las inspecciones evidenciaron demoras en el dictado de sentencias definitivas y expedientes pendientes de resolución desde el año pasado, muchos de ellos con reiterados pedidos de prórroga ante instancias superiores.

Aún más severo fue el diagnóstico realizado sobre el Juzgado de Primera Instancia N° 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia de Pico Truncado, a cargo de Marcelo Sebastián Nieva Figueroa. Allí se constató una virtual paralización en la emisión de resoluciones y providencias simples. Además, se verificó la existencia de 150 escritos sin asignación de responsable en la Secretaría de Familia y otros 297 en la Secretaría Civil. Los inspectores también detectaron escritos pendientes de firma que datan de los años 2024 y 2025, así como causas que esperan sentencia desde diciembre de 2024 y resoluciones interlocutorias con más de un año de demora.

Frente a este escenario, el Tribunal Superior sostuvo que las falencias observadas impactan directamente en el acceso a la justicia y en el derecho de los ciudadanos a obtener respuestas en plazos razonables. En ese sentido, recordó que la administración judicial debe garantizar un servicio permanente, eficiente y libre de dilaciones injustificadas, advirtiendo que las demoras pueden afectar la confianza pública en las instituciones.

Si bien en distintos informes se mencionaron factores como la escasez de personal y las medidas de fuerza impulsadas por el gremio judicial, el máximo órgano judicial provincial consideró que la antigüedad de los retrasos detectados demuestra que el problema excede la coyuntura actual y requiere una intervención correctiva inmediata.

Como consecuencia de estas conclusiones, se ordenó a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo de Horacio Mauricio Fernández a implementar de manera inmediata todas las medidas necesarias para revertir la situación. Entre ellas, planes de contingencia, reorganizaciones funcionales y acciones de supervisión destinadas a que los juzgados regularicen los atrasos en un plazo máximo de tres meses. Asimismo, la Cámara deberá presentar en quince días un informe detallando las medidas adoptadas y el cronograma previsto para cada dependencia.

Pero las preocupaciones no terminan allí. Una segunda resolución puso el foco sobre el Gabinete Médico de Caleta Olivia, particularmente en el área de Medicina Forense. La inspección determinó que uno de los peritos médicos especialistas acumulaba 16 pericias atrasadas frente a apenas nueve realizadas durante lo que va del año. Además, se observó una marcada lentitud en la agenda de evaluaciones, donde apenas se citan entre tres y cuatro personas por semana. Como consecuencia, ya existen turnos programados hasta septiembre de 2026.

El informe señala que al inicio del próximo receso invernal había 17 personas citadas para ser examinadas y otras 24 previstas para fechas posteriores, extendiéndose las evaluaciones hasta el 22 de septiembre. Esta situación resulta particularmente sensible porque las pericias médicas constituyen una herramienta fundamental para el avance de numerosos procesos judiciales civiles, laborales y penales.

Las autoridades recordaron además que la problemática ya había sido advertida en 2025 por la Cámara de Apelaciones, que incluso había diseñado un esquema de colaboración entre distintos profesionales del área para agilizar la producción de pericias. Sin embargo, las recientes inspecciones muestran que las dificultades persisten.

Ante esta realidad, el Tribunal Superior dispuso que los médicos forenses que no se encuentren de turno deberán colaborar con las tareas del perito auditor hasta que se logre eliminar el atraso existente. Paralelamente, el Coordinador del Departamento de Medicina deberá informar periódicamente los avances del plan de trabajo y el estado de las pericias pendientes. De esta manera, La Opinión Austral pudo saber que el nuevo TSJ analizará algunas de las condenas y fallos que se han emitido en su momento.

Este trabajo se da en sintonía con lo destacado por el gobernador Claudio Vidal, tiempo atrás, cuando se ratificó el nuevo tribunal de nueve integrantes: “Se terminó el tiempo de los privilegios, de las causas dormidas y de los intocables. En Santa Cruz ya no todo vale”. De esta manera, con estas inspecciones, el nuevo tribunal superior de Justicia comenzó con una nueva era en búsqueda de la celeridad de las causas que ingresan y en el compromiso de la administración judicial en Santa Cruz.