Qué pasó con el caso “Pocha” Flores, la mujer estafada por su hijo José Avellaneda: “Nada está perdido para ella”

La disputa judicial por la casa de María Isabel “Pocha” Flores, la mujer que fue estafada por su propio hijo, sumó un nuevo capítulo. El 29 de septiembre, un fallo de primera instancia rechazó anular el procedimiento que derivó en la transferencia del inmueble, aunque —según explicó su abogado, Daniel Aybar— reconoció que la notificación a uno de los herederos había sido falsa.

La resolución fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº 1, a cargo de la jueza Navarrete. Aybar señaló que ya presentó una apelación y que espera que el caso llegue a la Cámara de Apelaciones de Caleta Olivia, integrada por tres magistrados.

“La jueza acreditó la falsedad de la notificación, pero dijo que no tenía entidad suficiente para anular todo lo que vino después”, explicó el abogado a ElCaletense. La defensa considera que ese punto debería invalidar los actos posteriores vinculados con la sucesión y la transferencia de la propiedad.

La notificación a un heredero que vivía en España

Aybar sostuvo que uno de los hijos de Pocha reside en España desde 2007 y que, durante el trámite sucesorio, habría sido informado un domicilio de Caleta Olivia para notificarlo. Según el abogado, testimonios y documentación incorporados al expediente permitieron acreditar que esa persona no vivía en el domicilio indicado.

El letrado calificó como contradictorio que se reconociera la falsedad de la notificación sin anular los actos posteriores. Por eso, dijo, planteará sus argumentos ante la Cámara y no descarta continuar con las instancias legales si el recurso no prospera.

Cuatro causas y una medida cautelar

De acuerdo con Aybar, la familia mantiene cuatro procesos judiciales relacionados con la casa. Además de la causa en la que se dictó el reciente fallo, hay un expediente que cuestiona la escritura pública de cesión de derechos. El abogado afirmó que se discute el valor declarado de los bienes y que una de las partes habría reconocido que la operación involucró pagos superiores a los consignados en el documento.

También hay una causa penal en trámite ante el juzgado a cargo de Marcos Pérez Soruco, en la que la representación de “Pocha” prevé aportar nuevas pruebas contra uno de sus hijos, identificado por Aybar como imputado.

A esos expedientes se suma una demanda de reivindicación presentada por la persona que figura como nueva propietaria del inmueble. Según el abogado, la demanda solicita que “Pocha” devuelva la vivienda y plantea restricciones sobre las tareas que puede realizar en ella.

La mujer continúa viviendo en la casa, donde reside desde hace más de 50 años, amparada por una medida cautelar de no innovar que, según Aybar, impide que la desalojen mientras el litigio siga abierto. El abogado agregó que su clienta tiene 89 años y se encuentra recuperándose de una doble operación, luego de permanecer internada durante 15 días.

Finalmente, Aybar afirmó que la apelación se presentó la semana pasada y que la defensa ya dejó planteada una reserva de caso federal para recurrir a instancias superiores si fuera necesario. “Nada está perdido para Pocha”, concluyó.

Los antecedentes del conflicto por la casa de Pocha

La disputa por la vivienda de “Pocha” Flores se conoció públicamente en febrero de 2025, cuando la mujer tenía 87 años. En ese momento, ella y su familia denunciaron que uno de sus hijos, José Avellaneda, la habría llevado a una escribanía.

La mujer terminó firmando un documento que, según le explicó su hijo, estaba relacionado con un plazo fijo que había dejado su esposo, fallecido en 2022. La familia sostuvo que “Pocha” firmó confiando en su hijo y sin saber que el trámite estaba vinculado con la transferencia de la casa de la calle Irigoyen.

La mujer aseguró entonces que nunca había querido vender la propiedad, donde vivía desde hacía décadas. “Yo no vendí la casa en ningún momento”, dijo en una entrevista. La familia también denunció que dos vehículos que pertenecían al esposo de Pocha habrían sido vendidos y que su hijo habría accedido a los ingresos jubilatorios de ella.

Según contó su otro hijo, además se habían tomado préstamos y adelantos de sueldo a nombre de la mujer. Para evitar nuevos movimientos en la cuenta, la familia realizó gestiones en el banco y cambió el CBU donde se depositaba la jubilación.

En los primeros días de exposición del caso, la jueza Rosa González fue hasta la vivienda para tomarle declaración a Pocha, que tenía dificultades para trasladarse. La familia había solicitado una medida cautelar de no innovar y, según se informó entonces, la Justicia dispuso que se mantuviera la situación.

La causa también avanzó con la declaración testimonial de Daniel Avellaneda, quien había denunciado la situación junto con su madre. El abogado de la familia informó en febrero de 2025 que se habían constituido como querellantes particulares, una figura que les permitía intervenir y seguir de cerca la investigación.

Estos antecedentes corresponden a las denuncias y declaraciones difundidas por la familia en aquel momento. Las acusaciones sobre la firma del documento, la transferencia de la casa, los vehículos y el manejo de los haberes forman parte del conflicto judicial y no deben presentarse como hechos establecidos por una sentencia.