Declararon la emergencia económica en Caleta Olivia para no comprometer recursos futuros

Con asistencia perfecta, el Concejo Deliberante de Caleta Olivia celebró la primera sesión extraordinaria de la nueva gestión del intendente Pablo Carrizo, con el fin de tratar un cambio en la estructura orgánica del Municipio, declarar la Emergencia Económica y Administrativa por un año y por último aprobar la suspensión del pago de liquidaciones finales a los cargos políticos de la gestión saliente.

Los concejales de Caleta Olivia aprobaron este lunes la suspensión de los pagos de las liquidaciones finales a todos los cargos políticos, incluido los electivos. La decisión fue sancionada por unanimidad en una sesión extraordinaria convocada por el nuevo intendente Pablo Carrizo, de Por Santa Cruz, en donde además pidió el tratamiento de la declaración de una emergencia económica por un año, debido a la crítica situación financiera de la Comuna.

Con esta suspensión el jefe comunal tiene la potestad de frenar el pago de la liquidación final al intendente saliente, Fernando Cotillo, los concejales y todo el gabinete saliente de la gestión anterior.

En la sesión en donde participaron todos los nuevos concejales, también aprobaron, aunque no por unanimidad, la declaración de la Emergencia Económica y Administrativa en donde se dejaron sin efectos todas las medidas del gobierno anterior que pudieran afectar el presupuesto futuro del Municipio. Eso incluye los contratos de locación de servicios que se hayan firmado entre el 1 de julio y el 10 de diciembre. Esos contratos finalizarán el 31 de diciembre de este año.

Según dijo a La Opinión Zona Norte el presidente Facundo Belarde se trata de unos mil casos que quedarán en revisión, incluidos los cambios de categorías del personal de planta. “Hubo contratos firmados hasta el 9 de diciembre”, aseguró.

La medida de excepción otorgada al intendente Pablo Carrizo correrá por 365 días y le otorga facultades extraordinarias como desafectar partidas y dejar sin efecto medidas anteriores que comprometan los recursos económicos del Municipio a partir de 2024.

Entre las medidas incluidas en la declaración de emergencia también figura la cancelación de las adscripciones de personal municipal en otras dependencias y áreas, por lo que todos los trabajadores deberían presentarse a trabajar al su lugar de trabajo que figura en el recibo de sueldo.

La medida excepcional fue aprobada con el acompañamiento de todos concejales salvo el del bloque oficialista Juan Carlos Curallán, quien fue funcionario de Facundo Prades. En cambio si lo aprobaron los de Unión por la Patria Iris Casas y Carlos Aparicio, además de los del Frente Por Santa Cruz Facundo Belarde y Ariel Farías.

“Cada vez que cambia una gestión y un gobierno quiere llevar adelante un plan de gestión necesita el dictado de algunas normas que le puedan garantizar el poder avanzar en ello. En eso deben tener la tranquilidad pero también la atención de que estamos para ser una oposición que construye, que no busca generar obstáculos para el desarrollo ejecutivo. Por eso independientemente de que algunos grises encontramos dentro de la técnica legislativa que fueron presentados estos tres decretos ad referendum, hemos tomado la responsabilidad de trabajar durante todo el fin de semana, para poder evacuar todas las dudas en cuánto a su redacción y sus matices; por eso insisto en que estamos dispuestos de buscar los consensos, por eso es que pido que cada vez que se precisan medidas como esta estén los tiempos necesarios para analizarlos”, expresó Carlos Aparicio antes de votar afirmativamente.

Quien no se mostró conforme con la declaración de Emergencia fue el concejal oficialista Juan Carlos Curallán, quien sostuvo: “No somos un apéndice del intendente, nos debemos al pueblo y las cuentas de la gestión anterior no están claras. Me preocupa la desprolijidad con la que se está llamando a sesión extraordinaria y la poca claridad que tiene este decreto, porque tiene una estructura poco democrática y sensible ante los poderes que le otorgaremos al Poder Ejecutivo durante 365 días”, dijo antes de agregar que tampoco el nuevo intendente había dado a conocer “los números teóricamente en rojo”.

“Tenemos que empezar con el pie derecho, informando como corresponde a todos los vecinos. Una vez entregados todos los números de la cuenta, recién ahí debería enviarse un decreto al respecto. Y pongo como ejemplo a nuestro gobernador Claudio Vidal que informó sobre las cuentas fiscales. Nuestro intendente debería hacer lo mismo”, dijo.

En lugar de dejar sin efecto los contratos, Curallán pidió que “se inicien acciones judiciales a la gestión anterior que comenzó contratos desde el mes de julio, sin importale las consecuencias que se venían. En el contexto nacional que estamos padeciendo y la época del año que atravesamos, no me imagino dejar sin sustento a las familias que en los últimos seis meses, por malas prácticas de la política, iniciaron una relación contractual con el Municipio. Espero que el intendente tenga la suficiente sensibilidad para garantizar la paz social y eso lo va a lograr con gestos de empatía”.