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“Estoy muy emocionada, recibí muchas visitas y pido que no me abandonen“, dijo María Isabel “Pocha” Flores, la docente jubilada que fue estafada por su hijo, el conocido radical José Avellaneda. El caso, que ocurrió en la localidad de Caleta Olivia, tomó repercusión nacional y conmovió a miles de vecinos y vecinas. La mujer, que tiene 87 años, está en calidad de “ocupante ilegal” en la casa de la calle Irigoyen que, con trabajo y sacrificio, consiguieron tener con su difunto esposo.

El lunes a las 18 horas, muchas personas que conocieron a “Pocha” o simplemente se conmovieron con su historia, se reunieron afuera de su domicilio, le dieron mensajes de cariño, compartieron gratos recuerdos y le brindaron su apoyo ante la situación que la tiene como víctima. “Vinieron alumnas, alumnos, directivos y muchas amistades -comentó la anciana, visiblemente emocionada por las reacciones que generó el caso, y agregó- me llena de alegría tener este apoyo hermoso y generoso“.

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José Avellaneda, conocida figura política.

Asimismo, volvió a insistir en que “yo no vendí la casa en ningún momento, esto es mío y de acá no me muevo” y contó que la jueza Rosa González fue hasta su casa a tomarle la declaración, un trabajo extrajudicial fuera de los estrados necesario por la falta de movilidad de la mujer, y le dio un mensaje de esperanza. “Rosita me dijo que me quede tranquila porque nadie me va a sacar de mi casa, que todo estaba encaminado y se iba a resolver”, manifestó la mujer.

Por otro lado, el hijo de la mujer, un reconocido chef a nivel internacional que vive hace años en Europa, estuvo al lado de su madre y comentó que además de la venta de la casa está la venta de dos rodados que no saben si van a poder recuperar, aunque resaltó que lo más importante es “que mi mamá siga teniendo su casa“. De la misma manera, comentó que su hermano “estuvo viviendo la vida loca con la jubilación de mi mamá” desde que dejó la Municipalidad.

El acusado José Avellaneda, la madre María Isabel Flores y el hermano denunciante Daniel Avellaneda.

Sobre este tema en particular, el abogado Daniel Aybar, comentó que ya realizaron los trámites en el banco en el que la mujer cobra su jubilación y consiguieron cambiar el CBU, para que José Avellaneda no pueda acceder al dinero. Aunque, resaltó que hay préstamos que el mismo hijo había sacado y muchos adelantos de sueldo que el mismo había hecho a nombre de su mamá. “Pocha” recibía una parte de su sueldo que no le alcanzaba ni para comprar comida ni para comprar remedios.

Finalmente, Aybar señaló: “Tenemos que agotar todas las vías legales a los fines de evitar que en este lugar se cometa sacrilegio, triunfe la inmoralidad y el negocio inmobiliario, porque acá quieren destruir (la casa de “Pocha”) y poner una entidad bancaria“, y añadió que la Justicia no va a desalojar, ya que consiguieron una medida cautelar de no innovar, para que “el abogado que registralmente figura como dueño, no pueda disponer de la vivienda”.

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