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La investigación por un doble homicidio destapó un entramado que preocupa a las autoridades: la circulación, venta y presunto alquiler de armas de fuego en manos de civiles que terminan abasteciendo a delincuentes. El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Iturrioz, fue contundente al describir un fenómeno que, según afirmó, lleva años operando y hoy vuelve a quedar expuesto.
El caso que conmociona a la provincia no solo puso bajo la lupa a los autores materiales del crimen, sino también a una red silenciosa que, de acuerdo a la investigación, resulta clave para sostener la violencia urbana. En ese contexto, Iturrioz no esquivó definiciones y trazó un diagnóstico inquietante.
“Hay un joven que compró 22 armas de fuego. En la casa tenía una. No se sabe dónde están las otras 21. Evidentemente las alquila”, sostuvo el ministro, en una afirmación que grafica la dimensión del problema y la falta de control sobre el destino final del armamento legalmente adquirido.
El funcionario fue más allá al señalar el rol que cumplen estos actores dentro del circuito delictivo. “Esa gente contribuye casi a una coautoría, porque sin el aporte de las armas no se podrían cometer estos delitos”, remarcó, apuntando a una responsabilidad que excede a quienes ejecutan los hechos violentos.
Uno de los ejes más sensibles de la discusión gira en torno al sistema de control de los denominados “legítimos usuarios”. Para Iturrioz, las fallas son evidentes. “Sigue habilitado para comprar armas, es increíble”, cuestionó, anticipando que se impulsarán medidas para revisar estas autorizaciones y gestionar la baja de credenciales en los casos que correspondan.
El fenómeno, según explicó, no es reciente ni aislado. “Esto sucede hace años. El alquiler de armas es algo que venimos denunciando”, afirmó, dejando en claro que se trata de una problemática estructural que requiere una respuesta sostenida del Estado.
En ese sentido, el ministro vinculó directamente la circulación de armas con los episodios de violencia que se repiten en distintos puntos de la provincia. “Si no les sacamos todas las armas que tienen, vamos a seguir igual. En vez de ser solución, terminamos siendo parte del problema”, advirtió.
La dinámica de las investigaciones también permite, según detalló, reconstruir parte del circuito. “Se produce un tiroteo, seguimos los vehículos hasta un domicilio y ahí hay una presunción fuerte de que están las armas”, explicó, describiendo cómo se identifican posibles lugares de acopio.
El enfoque oficial apunta a ampliar el alcance de las pesquisas y no limitarse a los autores directos. “Vamos a ir contra todos los que le prestan asistencia a este grupo de delincuentes, porque la asistencia es múltiple”, aseguró, incluyendo dentro de ese universo tanto a quienes proveen armas como a quienes colaboran en la logística o el encubrimiento.
Sin embargo, el avance de las causas no está exento de obstáculos. Iturrioz expresó su malestar por las trabas judiciales que, según denunció, dificultan el accionar de las fuerzas de seguridad. “No puedo hacer nombres, me encantaría. De quienes nos rechazaron allanamientos, son delincuentes violentos que están cometiendo este tipo de delitos hace más de quince años. Tienen vehículos costosísimos, se hizo pública una Rampage”, señaló.
La frustración del funcionario quedó expuesta en una de sus definiciones más contundentes. “Estamos frustrados por la falta de respuestas y trabas judiciales en la investigación de homicidios vinculados al narcomenudeo. Tenemos identificados a los responsables y a quienes les proveen armas, pero los allanamientos y detenciones son rechazados, lo que dificulta nuestro trabajo. Seguimos insistiendo en medidas judiciales y proponiendo cambios para garantizar la seguridad en los juicios, mientras reforzamos controles sobre la tenencia y circulación de armas. Necesitamos acompañamiento legislativo y judicial para avanzar y evitar que la situación empeore”, concluyó.
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