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El avance de la causa provocó un alto impacto político no sólo en Comodoro Rivadavia, sino también en el resto del arco político de la provincia, porque se trata nada menos de la hermana de un diputado provincial.
Una investigación judicial por una presunta estafa habitacional llegó a una instancia decisiva con la presentación de la acusación formal contra cinco imputadas.
La causa tiene como principal imputada a Vanesa Elizabeth Fita, a quien el Ministerio Público Fiscal atribuye haber organizado una maniobra que habría perjudicado a por lo menos 594 personas y movilizado más de 60 millones de pesos.
La Opinión Austral confirmó que en la acusación uno de los datos más relevantes que surgieron de la investigación es el destino del dinero. Según explicó el fiscal Vanesa Elizabeth Fita, los fondos depositados por las víctimas eran transferidos o distribuidos poco después de ingresar a las cuentas bancarias utilizadas en las operaciones.
El resultado de ese movimiento quedó reflejado, según la presentación a la que accedió La Opinión Austral, en un dato concreto: cuando los investigadores solicitaron información sobre el dinero involucrado, de los más de 60 millones de pesos solamente permanecían disponibles menos de 100 mil pesos. Esta circunstancia representa una dificultad para las personas damnificadas que eventualmente pretendan recuperar sus aportes, ya que la Fiscalía tampoco pudo establecer que las acusadas cuenten actualmente con capacidad económica suficiente para afrontar posibles indemnizaciones.
Durante la conferencia de prensa el fiscal Cárcamo – con un tono tranquilo y gran claridad – explicó que, si se determina la responsabilidad penal de las imputadas, quedará abierta la posibilidad de reclamar daños y perjuicios, aunque advirtió sobre las dificultades materiales que podrían presentarse para obtener una reparación económica.
Una promesa de viviendas que alcanzó a cientos de familias
La investigación permitió reconstruir una serie de operaciones desarrolladas entre abril de 2023 y febrero de 2024, cuando numerosas personas entregaron dinero bajo la promesa de acceder a viviendas construidas o próximas a construir por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
Según la acusación, Fita se presentaba como intermediaria y organizadora de una cooperativa habitacional, al tiempo que aseguraba contar con vinculaciones con funcionarios provinciales que facilitarían las adjudicaciones. El fiscal sostuvo que la maniobra se desarrolló aprovechando la necesidad habitacional existente en Comodoro Rivadavia y las expectativas de familias que buscaban acceder a una vivienda propia.
En ese sentido, explicó que la principal imputada actuaba “simulando ser intermediaria y organizadora de una cooperativa de vivienda” y “fingiendo trascendentes vinculaciones con funcionarios públicos provinciales”. Sin embargo, la investigación determinó que no contaba con autorización legal ni recursos materiales para concretar los compromisos asumidos.
Así fue la trama
El mecanismo comenzaba con el pago de 100 mil pesos por parte de cada interesado. Posteriormente, se les indicaba que deberían afrontar cuotas correspondientes a las supuestas viviendas del IPV. Una vez entregado el dinero, las personas eran incorporadas a grupos de WhatsApp, donde recibían información sobre gestiones, reuniones y futuras adjudicaciones.
Para la Fiscalía, estas comunicaciones permitían sostener la apariencia de legitimidad del ofrecimiento y mantener las expectativas de quienes ya habían realizado aportes económicos. Cárcamo explicó que mediante esos grupos “se iba manteniendo vigente el ardid o el engaño durante todo el tiempo que duró la maniobra”.
Además, las reuniones informativas habrían permitido incorporar nuevos interesados. Las últimas operaciones identificadas por los investigadores corresponden a los primeros días de febrero de 2024. El avance de la causa demandó un extenso trabajo de recopilación y análisis de información bancaria, fiscal y digital.
Las pruebas de la justicia
El Ministerio Público Fiscal reunió aproximadamente 700 gigabytes de documentación, entre registros de cuentas bancarias, movimientos de billeteras virtuales, conversaciones telefónicas y archivos extraídos de dispositivos secuestrados durante los allanamientos.
También se recibieron 80 denuncias formales de personas que aportaron comprobantes de transferencias, mensajes y otros elementos relacionados con las supuestas adjudicaciones.
A partir del análisis de esos registros, los investigadores pudieron reconstruir alrededor de 400 operaciones respaldadas por comprobantes de depósitos y transferencias que coincidían con los ingresos registrados en las cuentas investigadas. “Se han podido detectar, cuanto menos, aproximadamente unas 400 maniobras específicamente acreditadas en su totalidad”, precisó Cárcamo.
La investigación incluyó el levantamiento del secreto fiscal y pedidos de información a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), además de consultas al Instituto Provincial de la Vivienda.
Según el fiscal, los datos obtenidos permitieron establecer que las mujeres investigadas no registraban actividades económicas formales que justificaran los movimientos de dinero detectados.
Otro aspecto relevante fue la verificación de las supuestas vinculaciones políticas utilizadas para promocionar las viviendas. Aunque la principal acusada habría invocado contactos con funcionarios provinciales, Cárcamo confirmó que la investigación descartó la participación de funcionarios públicos en la maniobra.
Vanessa Fita, señalada como organizadora
La acusación formal presentada esta semana comprende a cinco mujeres, con diferentes grados de responsabilidad atribuidos por el Ministerio Público Fiscal. Vanessa Elizabeth Fita, hermana del actual diputado provincial, fue acusada como autora de estafa por calidad simulada e influencia mentida, por al menos 594 hechos en concurso real.
Las restantes imputadas son Lucía Lorena Miranda, por 130 hechos; Gisela Belén Mancilla, por cuatro; Lara Camila Paez, por 300; y María Victoria Curán, por 400. En estos cuatro casos, la Fiscalía atribuye una participación necesaria en las operaciones investigadas. Cárcamo explicó que la diferencia en las imputaciones responde al papel que cada una habría desempeñado dentro del esquema. Sobre Fita, sostuvo: “Entendemos que ha sido quien ha pergeñado la maniobra defraudatoria y se ha valido del aporte o la participación de estas partícipes necesarias”. De acuerdo con esa interpretación, la principal acusada habría diseñado el mecanismo, mientras que las demás mujeres realizaron aportes considerados indispensables para su ejecución.
La Fiscalía pretende penas de prisión efectiva
Con la presentación de la acusación pública, el expediente deberá avanzar hacia una audiencia preliminar en la que se analizarán los planteos de las partes y la prueba ofrecida para un eventual juicio.
El Ministerio Público Fiscal solicitó que las responsabilidades penales sean determinadas mediante un juicio por jurados, aunque todavía no existe una fecha establecida para su realización. Cárcamo explicó que primero deberá notificarse a las defensas, designarse al juez que intervendrá en la audiencia intermedia y completar las instancias procesales correspondientes. Respecto de las posibles condenas, el fiscal adelantó que la acusación contempla penas de cumplimiento efectivo para Fita y las imputadas con mayor participación en los hechos.
Si bien aclaró que todavía se trata de una estimación provisoria, señaló que “al menos para el caso de Fita y las personas que tienen una mayor trascendencia en la imputación, habrá de corresponderles penas de cumplimiento efectivo”.
También indicó que una de las acusadas podría recibir un pedido de pena de ejecución condicional, aunque no precisó de quién se trata. La cantidad de hechos atribuidos a cada imputada y su consideración en concurso real serán aspectos centrales para determinar las escalas penales que eventualmente correspondan.
Mientras tanto, las cientos de personas que denunciaron haber entregado dinero con la expectativa de acceder a una vivienda deberán esperar el avance del proceso judicial. La causa ingresa así en una etapa clave, con cinco mujeres acusadas, más de 60 millones de pesos involucrados y una investigación que, según la Fiscalía, permitió reconstruir el funcionamiento de una presunta maniobra defraudatoria que se extendió durante casi un año en Comodoro Rivadavia.
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