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Una deuda que comenzó con un préstamo de $400 mil y que, con el paso del tiempo, habría trepado hasta casi $20 millones. En el medio, amenazas, presiones y la firma de un poder que terminó permitiendo la transferencia de una vivienda.
Ese es uno de los hechos más graves que investiga la Justicia de Puerto Madryn, donde dos hombres de 57 y 43 años quedaron detenidos con prisión preventiva por seis meses, acusados de integrar una organización dedicada presuntamente a otorgar préstamos de dinero con intereses extraordinarios y luego utilizar mecanismos de coerción para quedarse con los bienes de quienes no podían cumplir con los pagos.
La investigación apunta a una estructura integrada por al menos cinco personas. Para los fiscales, el mecanismo no se habría limitado a la entrega de dinero y al cobro de intereses, sino que habría incluido amenazas y extorsiones destinadas a obtener propiedades, automóviles y otros bienes.
La resolución judicial fue adoptada por el juez Marcelo Orlando, a pedido de la fiscal Ivana Berazategui y del funcionario Cristian Coto. Durante la audiencia, los dos acusados decidieron no declarar y la defensa no presentó objeciones al pedido de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público Fiscal.
De acuerdo con la acusación, los investigadores buscan determinar el funcionamiento de una organización que habría encontrado en los préstamos una vía para generar deudas que, lejos de mantenerse en los valores originales, se multiplicaban hasta convertirse en prácticamente imposibles de afrontar.
Uno de los episodios que forman parte de la investigación permite dimensionar la modalidad que, según la Fiscalía, habría utilizado la organización.
Una persona recibió un préstamo de $400 mil. A partir de allí, la deuda habría comenzado a incrementarse hasta alcanzar casi $20 millones.
La diferencia entre ambas cifras constituye uno de los aspectos centrales del expediente: de acuerdo con la hipótesis de los investigadores, el dinero entregado originalmente se transformaba en una deuda de una magnitud muy superior a partir de los intereses y las condiciones impuestas. Cuando la víctima ya no pudo afrontar las obligaciones, la situación habría tomado otro rumbo.
Según la acusación, la persona fue amenazada para firmar un poder que posteriormente permitió avanzar con la transferencia de la propiedad de una vivienda. Después, siempre de acuerdo con la investigación, habría sido desalojada del inmueble. La propiedad terminó en manos de integrantes de la organización, según sostiene la Fiscalía.
Según pudo saber La Opinión Austral a través de lo consignado por medios de la vecina provincia, el hecho es considerado uno de los episodios más graves dentro de una causa que intenta establecer si existía un mecanismo organizado y repetido para aprovecharse de personas que necesitaban dinero y luego utilizar su situación de vulnerabilidad para quedarse con sus bienes.
La investigación apunta, precisamente, a determinar si el caso de la vivienda fue un episodio aislado o si formaba parte de una modalidad sistemática.
El mecanismo bajo la lupa
La hipótesis fiscal sostiene que los acusados no actuaban únicamente como prestamistas. El dinero era entregado bajo condiciones que, según los investigadores, contemplaban intereses excesivos. Cuando los beneficiarios comenzaban a tener dificultades para cumplir con los pagos, entraban en escena otras herramientas: amenazas, presiones y distintas formas de coerción.
El objetivo final habría sido obtener bienes de mayor valor.
En la causa aparecen referencias a viviendas, automóviles y otras propiedades que habrían sido exigidas como forma de pago ante la imposibilidad de cancelar las deudas. Para los investigadores, ese mecanismo permitiría explicar cómo préstamos relativamente pequeños podían terminar vinculados con bienes cuyo valor era considerablemente superior.
La Fiscalía busca establecer, además, el grado de participación que tuvo cada uno de los integrantes de la presunta organización y qué rol cumplía cada persona dentro de la estructura.
La sospecha es que existía una división de tareas que permitía concretar los préstamos, efectuar los reclamos de pago y, posteriormente, avanzar sobre los bienes de las víctimas.
Otro caso: un millón de pesos y una camioneta como garantía
El expediente contiene también otro episodio que, según la acusación, presenta características similares. Una persona habría recibido un préstamo de un millón de pesos y debía devolverlo mediante cuotas de $300 mil.
La imposibilidad de cumplir con ese esquema habría generado nuevas exigencias. Según la Fiscalía, ante la falta de pago los acusados le habrían reclamado la entrega de una camioneta.
El caso es analizado por los investigadores como otro posible ejemplo de la metodología que se atribuye a la organización: primero la entrega del dinero, luego el crecimiento de las obligaciones y finalmente la presión para obtener un bien de mayor valor.
La Justicia deberá determinar si estos hechos tienen un vínculo directo entre sí y si fueron ejecutados bajo una misma estructura. También deberá establecer qué otras personas participaron y cuál fue el beneficio obtenido en cada uno de los episodios investigados.
Dos hombres quedaron detenidos
Con la investigación en marcha, la Justicia resolvió imponer seis meses de prisión preventiva a dos de los sospechosos.
Se trata de hombres de 57 y 43 años, quienes están acusados de integrar la organización.
La decisión fue adoptada por el juez Marcelo Orlando durante una audiencia en la que la Fiscalía estuvo representada por Ivana Berazategui y el funcionario Cristian Coto. Los acusados optaron por no declarar.
La defensa, además, no presentó objeciones al pedido de prisión preventiva realizado por el Ministerio Público Fiscal.
Para resolver la detención, el magistrado tuvo en consideración la gravedad de los hechos investigados y los antecedentes penales de ambos imputados.
La medida tendrá una duración de seis meses, período durante el cual la investigación continuará con la producción de pruebas y el análisis de la documentación vinculada con los préstamos, las propiedades y los demás bienes que aparecen en el expediente.
La causa no se limita a los dos hombres que actualmente se encuentran detenidos. Según la investigación, la organización estaría integrada por al menos cinco personas. Entre ellas aparece una mujer cuya participación también es investigada, además de otras dos personas que todavía no fueron identificadas. La Fiscalía deberá avanzar ahora en la determinación de las identidades, roles y responsabilidades de cada uno de los presuntos integrantes.
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