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En el marco del debate por la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, la senadora nacional por “Despierta Chubut”, Edith Terenzi, del bloque Despierta Chubut, respaldó el proyecto de Régimen Penal Juvenil y buscó despejar temores sobre una posible criminalización masiva de adolescentes.
“Acá nadie está pensando en encarcelar masivamente a menores”, afirmó durante su exposición en el Senado de la Nación Argentina, al tiempo que subrayó que la iniciativa crea un régimen nuevo aplicable a jóvenes de entre 14 y 18 años.
Terenzi explicó que el texto es “muy claro” y que la privación de la libertad será una medida excepcional, aplicable únicamente cuando existan riesgos procesales concretos.
“La ley habla de dependencias acondicionadas especialmente, con personal idóneo, y prohíbe que los menores sean alojados junto a personas mayores de edad”, remarcó.
Además, sostuvo que el eje de la discusión no debería centrarse exclusivamente en la edad de imputabilidad. “No deberíamos hablar de los 14, 15 o 16 años como si la edad fuera lo único relevante”, planteó.
En ese sentido, recordó que el estándar internacional en Europa fija la imputabilidad a partir de los 14 años y mencionó que organismos como el Comité de Derechos del Niño recomiendan ese umbral mínimo.
Uno de los puntos centrales de su intervención fue el llamado “menú de alternativas” que prevé el proyecto, que va desde la amonestación hasta la privación de la libertad, priorizando mecanismos de resocialización y reinserción.
Para fundamentar su postura, citó al profesor Mario Laporta, titular de Derecho Penal en la Universidad Austral, quien sostiene que las soluciones restaurativas y alternativas pueden ser más racionales que el encierro como respuesta automática al delito juvenil.
“Si el sistema promete un último recurso pero no crea una red real de alternativas ejecutables, el encierro se vuelve recurso de hecho aunque el papel diga lo contrario”, leyó la senadora.
Estadísticas sobre delito juvenil en Argentina
Terenzi también apeló a datos oficiales para dimensionar el fenómeno. Según cifras de la Corte Suprema y del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, en un universo de 12 millones de niñas, niños y adolescentes en Argentina, solo el 0,55% se encuentra en conflicto con la ley penal.
“El 99,5% de los niños y adolescentes no cometen delitos”, subrayó, y agregó que los casos de delitos graves representan un porcentaje aún menor dentro de ese total.
Para la legisladora, estos números refuerzan la idea de que el Estado está en condiciones de implementar el régimen si destina los recursos humanos y presupuestarios necesarios.
Compromiso de seguimiento
Si bien confirmó que acompañará el proyecto, Terenzi condicionó su apoyo a un compromiso efectivo del Estado nacional.
“Voy a acompañar este proyecto con la expectativa de que podamos cumplirlo”, afirmó, y pidió que el Poder Ejecutivo garantice recursos en todo el país, desde los grandes centros urbanos hasta las localidades más pequeñas.
Finalmente, convocó a los legisladores a asumir un rol activo de control y seguimiento para que la ley cumpla su objetivo: ofrecer herramientas reales para abordar el delito juvenil sin caer en soluciones simplistas.
El debate por el Régimen Penal Juvenil continúa generando posiciones encontradas en el Senado, mientras el oficialismo impulsa la reforma como parte central de su agenda legislativa.
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