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La jueza Mariel Suárez, conocida como “la jueza del beso”, volvió a cuestionar públicamente la situación que atraviesa luego de su restitución y dijo que evaluará las instancias legales a seguir ante las declaraciones y publicaciones que volvieron a instalar su caso en la agenda pública. A esto sumó una serie de reclamos vinculados con su situación laboral dentro del Poder Judicial: aseguró que todavía no cuenta con obra social, denunció irregularidades en la confección de un certificado de servicios y sostuvo que tampoco se resolvieron cuestiones salariales y de antigüedad.
Ahora, la jueza de Ejecución subrogante Suárez volvió a quedar en el centro de la polémica por su reciente fallo que habilitó ampliar las horas de recreo para presos en Comodoro Rivadavia. La resolución establece una ampliación gradual del régimen de recreo para los detenidos alojados en la Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia, permitiéndoles pasar de una sola hora diaria fuera de sus celdas a un esquema progresivo de hasta seis horas por día destinados a tareas de aseo, limpieza y esparcimiento.
La resolución, que fue publicada por La Opinión Austral, tuvo diversas reacciones. Entre ellas, la del gobernador de Chubut, Ignacio Torres. En diálogo con Canal 7 de Chubut, el mandatario provincial calificó la resolución como “una tomada de pelo más” y cuestionó lo que considera decisiones judiciales alejadas de las demandas relacionadas con la seguridad.
En ese contexto, volvió a mencionar la controversia generada por un pedido de asado para personas privadas de la libertad y afirmó: “Hoy tenemos una jueza que quiere que extendamos el recreo para los delincuentes”. Y reclamó que “parecen estos jueces garantistas estar más preocupados por el bienestar de los delincuentes que por cuidar a las víctimas”. A su vez, definió la situación como “triste, indignante y frustrante” y anticipó que el Ejecutivo provincial apelará el criterio adoptado.
Las declaraciones del gobernador chubutense causaron gran impacto en el Poder Judicial, sobre todo porque el fallo de la jueza Suárez se basa en la homologación de un acuerdo derivado de un planteo de hábeas corpus colectivo presentado por la Defensa Pública.
Ante este reciente fallo y sus repercusiones, La Opinión Austral pudo saber que tuvo apoyo y solidaridad, quizás no todo el esperado, de algunos sectores de la Justicia. Y también desde otros ámbitos.
De esta manera, se generó una gran expectativa en relación a los pasos que seguirá la jueza, luego de la lluvia de críticas y consideraciones que hubieron no solo hacia la resolución judicial que tomó, sino hacia su persona. ¿Podría llegar a presentar una demanda al gobernador Ignacio Torres?
“¿Qué me queda a mí para hacer como mujer si me siguen vapuleando?”
La magistrada Mariel Suárez manifestó su preocupación por la nueva repercusión mediática que adquirió y señaló que lo que se está haciendo es desinformar. Consideró llamativo el modo en que nuevamente comenzaron a difundirse informaciones relacionadas con el proceso que derivó en su destitución.
En ese contexto, adelantó en diálogo exclusivo con La Opinión Austral que evaluará las instancias a seguir ante la inusual repercusión que tuvo su adhesión a una resolución de Habeas Corpus del pasado 16 de septiembre de 2026 a favor de las personas alojadas en la Seccional Sexta de Policía de Comodoro Rivadavia.
Tal como informara LOA, la defensa constató que los seis internos pasaban hasta 22 horas diarias encerrados en sus celdas. El planteo expuso la falta de recursos humanos y materiales de la Policía para custodiar los momentos de aseo, esparcimiento y visitas de forma segura, sumado a los complejos roces de convivencia entre los propios alojados que obligaban a un esquema estricto de aislamiento.
Frente al reclamo de la defensa para extender los horarios de esparcimiento hasta las 23 horas, la jefatura policial y las autoridades de Seguridad argumentaron la necesidad de priorizar el orden y la integridad física de la dependencia. Para destrabar la situación, la fuerza propuso una ampliación gradual del esquema de patios entre las 16 y las 22 horas de manera fraccionada, sujeta al comportamiento de los detenidos y al refuerzo de la custodia de la Unidad Regional.
En la audiencia, la magistrada Mariel Suárez dio lugar a la propuesta consensuada por las partes y dispuso la implementación progresiva de la ventana de esparcimiento propuesta por la cúpula policial, bajo el compromiso explícito de los internos de mantener la conducta. Mientras la jueza ordenó al jefe de la comisaría la elevación de informes periódicos para monitorear el avance del esquema, dejó sentado que emitirá su resolución por escrito sobre el fondo del hábeas corpus.
Aunque explicó que inicialmente había tomado la decisión de no efectuar declaraciones públicas pese a haber recibido consultas de distintos medios. “Me llamaron de todos los medios y yo dije: ‘No voy a hablar’, porque si yo hablo, no para más. Pero creo que en algún momento voy a tener que hablar”, expresó.
Uno de sus cuestionamientos está relacionado con la utilización pública de un video que, según sostiene, fue obtenido de manera ilegal. El registro fílmico -del Instituto Penitenciario Provincial de Trelew– generó un gran revuelo en la opinión pública y en el ámbito judicial, al trascender en diciembre de 2021. La jueza remarcó además que ese elemento no habría constituido el motivo de su destitución y cuestionó que continúe siendo asociado mediáticamente a su caso. “Me restituyeron y ese no fue el motivo de la destitución. ¿Por qué los medios insisten con eso?”, planteó. Y agregó: “¿Qué me queda a mí para hacer como mujer si me siguen vapuleando?”.
Reclamo por situación dentro del Poder Judicial
Más allá de la controversia pública, la magistrada reveló que mantiene distintos conflictos administrativos dentro del propio Poder Judicial y calificó algunas de esas situaciones como episodios de “violencia institucional”.
Uno de los casos ocurrió cuando solicitó un certificado de servicios para presentarse a un concurso. Según relató, el documento que recibió inicialmente incorporaba antecedentes relacionados con su destitución, pese a que había requerido únicamente una constancia de su trayectoria laboral. “Pedí un certificado para rendir un concurso y en el certificado salieron todos mis antecedentes de destitución, los que no deberían incluirse pues se declaró nula por el STJ”, explicó.
Ante esa situación, indicó que tuvo que solicitar la intervención de la oficina de género del Superior Tribunal para conseguir que la documentación fuera modificada. “Tuve que pedirle a la oficina de género del Superior Tribunal que intervenga para que me rehagan el certificado, lo adecuen solamente a lo que pedí, que es un certificado de servicios”, sostuvo.
Finalmente obtuvo una nueva constancia. De acuerdo con su planteo, el documento debía limitarse a acreditar información estrictamente laboral: fecha de ingreso, funciones desempeñadas y lugar donde desarrolla sus tareas. “Lo conseguí, me dieron el certificado, pero eso es violencia institucional”, afirmó al referirse al procedimiento que tuvo que atravesar para obtener la documentación.
“Todavía no tengo obra social”
Otro de los principales reclamos está relacionado con su cobertura médica. La jueza aseguró en su diálogo con La Opinión Austral que, pese a encontrarse nuevamente desempeñando funciones, todavía no cuenta con obra social. “Fui a atenderme al médico y todavía no tengo obra social, siendo que yo soy juez penal desde el año 2009”, expresó.
La magistrada sostuvo que las circunstancias vinculadas con sus destituciones no deberían impedir que actualmente tenga acceso a la cobertura correspondiente a su relación laboral. “Yo soy una empleada que imparte justicia y no tengo obra social. Me llega a pasar algo, ¿quién me va a atender a mí?”, cuestionó.
A este planteo sumó otros asuntos que, según afirmó, todavía permanecen sin solución. “No me pagaron los sueldos, no me reconocen la antigüedad, sigo con peleas internas. Es mucha la violencia institucional”, aseguró.
Para la jueza, la acumulación de estas situaciones demuestra que su restitución no significó el cierre definitivo del conflicto que mantiene desde hace años. Por el contrario, afirmó que continúa encontrando dificultades administrativas y laborales dentro de la estructura judicial.
En medio de este escenario, confirmó que continuará participando de concursos dentro del Poder Judicial y en tal sentido, considera hacerlo en “igualdad de condiciones” con el resto de los aspirantes. “Yo soy una concursante más”, remarcó.
Sin embargo, reconoció que la exposición que mantiene su caso vuelve difícil separar su actividad profesional de la repercusión pública. En ese marco, evalúa los pasos a seguir tras éste nuevo capítulo de una controversia que, según la magistrada, debería haber quedado superada a partir de su restitución. Mientras analiza eventuales presentaciones, mantiene abiertos los reclamos por su situación salarial, el reconocimiento de la antigüedad y el acceso a la obra social, además de cuestionar el tratamiento que recibió al solicitar sus antecedentes laborales. “Es mucha la violencia institucional”, resumió la jueza, quien aseguró que, pese a este escenario, continuará desempeñándose y participando de los concursos correspondientes dentro del Poder Judicial.
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