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La activación de la zafra nacional del langostino en aguas nacionales volvió a retroceder y el conflicto que genera la paralización de unas 130 embarcaciones y unos 3500 marineros se profundizó.
Afiliados del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y del Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape) realizaron este viernes una protesta frente a la sede del Sindicato de Capitanes de Pesca en Mar del Plata, en un gesto que expone las profundas divisiones dentro del sector gremial.
Al mismo tiempo, en Puerto Madryn, al menos cuatro marineros denunciaron haber recibido amenazas de muerte por haber aceptado firmar contratos a la baja. Uno de los mensajes enviados por WhatsApp advertía crudamente: “Más vale que no firmes mañana, porque no pisás más Madryn. Acordate, te conviene, porque no vas a poder bajar del barco, hay una bala para vos”, señaló el sitio “Noticias Argentinas”.
Puerto Madryn
La Opinión Austral entrevistó a César Zapata, delegado del SOMU en Puerto Madryn, y denunció públicamente que tres empresas pesqueras intentaron forzar a sus marineros a firmar un “contrato de ajuste” fuera de la ley, buscando una baja salarial del 30% en la producción.
Según el marinero, la situación se desató con la llegada de los barcos “Conarpesa I“, “Fernando Álvarez” y “Antonio Álvarez“ a Puerto Madryn. La gente fue citada a embarcar y, una vez a bordo, un escribano intentó que firmaran un “contrato de ajuste salarial” que, según el SOMU, no es válido y está “fuera de la ley”.
“La gente se negó a firmarlo“, afirmó. Como respuesta, los 58 marineros de los tres buques, que suman casi 90 con el resto de la mano de obra, fueron “bajados de oficio” y enviados a sus casas. El delegado destacó el “acatamiento del 100% al rechazo” de los trabajadores, quienes, a pesar de las presiones, se mantuvieron firmes en su decisión de no firmar un acuerdo “ajeno que no era válido”.
La comunidad de trabajadores se movilizó en el muelle para apoyar a sus compañeros, sabiendo que serían presionados. “Sabíamos que ellos iban a negarse si le daban un contrato que no está dentro del Convenio Colectivo de Trabajo“, explicó Zapata a La Opinión Austral, enfatizando la unidad del sector.
Denuncia al Ministerio de Trabajo
Ante esta situación, los marítimos presentaron una denuncia formal ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Chubut y declararon un conflicto directo contra las empresas involucradas por “incumplimiento del convenio de trabajo”.
Asimismo, explicó que se hizo una exposición en Prefectura para “cubrir” a los trabajadores y asegurar que, una vez resuelto el conflicto, puedan volver a embarcar en la misma marea sin perder sus puestos. “La provincia nos tiene que llamar seguramente a alguna reunión o dictará una conciliación obligatoria. No sé cómo va a actuar”, señaló, aunque reiteró que la medida de acción directa es porque lo que se les exige a los marineros es “injusto e inválido”. Aclaró que el SOMU no dictó paro.
El delegado remarcó que existe un convenio colectivo de trabajo firmado y rectificado hace apenas dos semanas, que en su punto 1.5 establece el respeto a dicho convenio. “Y esta empresa, lo único que hizo es jugar por atrás y hacerle firmar algo a la gente que no está dentro del convenio colectivo de trabajo”, acusó.
Denuncias de muerte
La tensión elevó a pasos agigantados a medida que transcurrían las horas debido que se dijo que hubo amenazas de muerte a 4 marineros que habría firmado contratos a la baja salarial.
Sobre esto, César Zapata dijo a La Opinión Austral que “el SOMU repudia todo echo de violencia que haya existido. No tenemos la certeza que eso haya ocurrido, no tenemos conocimiento. Hemos hablado con varios compañeros eh y realmente le estamos preguntando si eso sufría de alguna amenaza o algo y me han dicho que no. Solamente lo único que cuando iban entrando, la gente les decía que no firmen nada porque una firma dejaba expuesta a toda la flota”.
País
La situación en Puerto Madryn no es un caso aislado. Según Zapata, “todo el país está pendiente“, con puertos como Mar del Plata, Bahía Blanca y Puerto Deseado “todos expectantes”. Se percibe un “embate de toda la parte empresarial para que firmen algo a la baja”.
A pesar de llevar “tantos meses sin trabajar” y enfrentar dificultades económicas, la “gente sigue firme por la dignidad“, negándose a una baja que representa el “30% de nuestra producción”. Actualmente, el SOMU representa a más de 130 barcos y entre 3.000 y 3.500 marineros en todo el país, lo que demuestra la contundencia del reclamo por el respeto al convenio colectivo de trabajo.
Por último, criticó la postura del Gobierno nacional, a quien describió como “ausente” o que considera el conflicto “un problema de privados”. “Somos la única actividad que el gobierno no pone un peso“, enfatizó el delegado, señalando que la inversión recae solo en empresas y trabajadores a través de impuestos y ganancias.
Se exigió al gobierno nacional un “alivio fiscal” para destrabar la situación. Si bien se mencionó el DUVE (una parte de retenciones) como alternativa y Santa Cruz ofreció bajar el porcentaje de combustible para los buques que ingresan a sus puertos, “para la parte empresarial eso no es suficiente“. Zapata concluyó que las empresas tienen “el chip puesto que es el 30% a la baja o nada”, mostrando un “ensañamiento directamente contra los convenios colectivos”.
Finalmente, el delegado del SOMU hizo un llamado a la memoria de la comunidad de Puerto Madryn y otras localidades portuarias, como Puerto Deseado, donde la “miseria” y el “desastre” ya son visibles. “Si nosotros no trabajamos, no trabaja el amarrador, la estiba, los camioneros, no se mueve nada”, lamentó, señalando a “dos o tres empresarios” como los causantes de la paralización que afecta a toda la cadena productiva y a las economías locales.
El SOMU anticipa reuniones a nivel nacional con empresas el lunes próximo en Buenos Aires, con la esperanza de encontrar una solución a este conflicto que mantiene en vilo a miles de familias y a una industria clave para el país.
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