Polémica por los acuerdos pesqueros en Chubut: ¿Qué dicen los pedidos de informes ingresados a la Legislatura provincial?

La controversia en torno a los recientes acuerdos del Gobierno del Chubut con las empresas Red Chamber Argentina y Profand sumó un nuevo capítulo esta semana.

El diputado provincial Emanuel Coliñir presentó dos proyectos de resolución en la Legislatura para que el Ejecutivo provincial informe de manera detallada los alcances de esos convenios, en un contexto de malestar creciente en el sector pesquero y pedidos de transparencia sobre el uso de los recursos marítimos.

Según el legislador, los acuerdos firmados por el Gobierno provincial “no cuentan con la debida publicidad ni con información clara sobre los compromisos asumidos por las empresas”, y podrían incluir la entrega de permisos pesqueros excepcionales, algo que generó fuertes críticas desde distintos ámbitos de la industria.

Pedido de informes sobre el acuerdo con Red Chamber

El primer proyecto de Coliñir se centra en el acuerdo entre el Gobierno de Chubut y Red Chamber Argentina, empresa que administra los activos de la ex Alpesca y que mantiene operaciones en el puerto de Rawson.
El legislador solicita conocer:

• Si el convenio incluye la entrega de nuevos permisos de captura en la flota amarilla de jurisdicción provincial.
• Cuáles son los beneficios económicos, fiscales o logísticos concedidos a la empresa.
• Qué criterios de sustentabilidad y control biológico se aplicaron para autorizar el eventual aumento del esfuerzo pesquero.
• Y si el acuerdo supone la continuidad o reactivación de actividades en la planta de Trelew, en el marco de la ley de expropiación de 2014.

Coliñir recordó que hace poco más de un mes la Provincia había rescindido el contrato con la empresa por presuntos incumplimientos de pago de canon y metas productivas, y que “llama la atención que ahora se vuelva a negociar con los mismos actores, sin información pública sobre los términos del nuevo entendimiento”.

Pedido de informes sobre el acuerdo con Profand

El segundo pedido apunta al convenio firmado con la firma española Profand, que incrementó su presencia en el litoral patagónico y busca expandir su capacidad de procesamiento en la región.
El diputado solicita al Ejecutivo que detalle:

• El objeto del acuerdo y las condiciones de inversión comprometidas por la empresa.
• La ubicación y tipo de planta o infraestructura que Profand planea instalar o desarrollar en Chubut.
• Si el Gobierno provincial otorgó incentivos impositivos, beneficios portuarios o permisos especiales de captura.
• Y qué instancias de evaluación ambiental y productiva se cumplieron antes de la firma del acuerdo.

Coliñir advirtió que “no se trata de oponerse a la inversión privada, sino de garantizar que el manejo de los recursos pesqueros se realice bajo principios de equidad, transparencia y sustentabilidad”. Y agregó que es necesario conocer “cuál fue el mecanismo de selección de Profand, de qué manera está compuesta o cuál es la composición accionaria” y bajo qué condiciones asumió el control de los activos de la planta de la ex Alpesca.

Un clima de creciente tensión en el sector

Los pedidos de Coliñir se suman a las críticas formuladas por la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), cuyo presidente, Agustín de la Fuente, manifestó públicamente su preocupación por los trascendidos sobre posibles permisos otorgados sin los estudios técnicos correspondientes.

El empresario advirtió que este tipo de decisiones podría incrementar el esfuerzo sobre el recurso del langostino, afectando el equilibrio del ecosistema y la estabilidad laboral de cientos de trabajadores vinculados a la pesca en los puertos de Rawson, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia.

Transparencia, sustentabilidad y futuro

En su presentación, Coliñir insistió en que la Legislatura tiene el deber de controlar los actos del Poder Ejecutivo, especialmente en un sector estratégico como el pesquero, que representa más del 30% del empleo formal privado de Chubut y una de las principales fuentes de divisas de la provincia.

“Estamos hablando de recursos naturales que pertenecen a todos los chubutenses. Cualquier acuerdo debe ser transparente, evaluado técnicamente y debatido públicamente, porque de eso depende el futuro productivo de nuestra provincia”, subrayó el diputado.