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El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, cuestionó a la jueza de Ejecución subrogante Mariel Suárez luego de que se conociera la ampliación progresiva del tiempo de recreo para los detenidos alojados en la Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia. “Es una tomada de pelo“, sostuvo el mandatario, quien también recordó la reciente polémica por un pedido de asado para personas privadas de la libertad.
Tal como había adelantado La Opinión Austral, la medida fue homologada por Suárez a partir de un acuerdo alcanzado durante una audiencia entre la Policía y la Defensa Pública, después del reclamo presentado por seis internos. Este medio reveló el contenido del fallo y los detalles de la audiencia, en la que se estableció un incremento gradual del período fuera de las celdas.
Hasta ese momento, los detenidos disponían de aproximadamente una hora diaria para realizar tareas de aseo, limpieza y esparcimiento. La Defensa Pública había planteado que permanecían cerca de 22 horas dentro de los calabozos y solicitó que se ampliara el tiempo destinado a esas actividades.
El planteo ante la Justicia
La audiencia se realizó en la Oficina Judicial y reunió a representantes de la Fiscalía, el Ministerio de Seguridad, la Unidad Regional, la Seccional Sexta y la Defensa Pública, además de las personas alojadas en la dependencia.
El defensor público Julián Pulgar explicó que la Ley de Ejecución contempla períodos destinados al aseo, la limpieza, las visitas y el esparcimiento de las personas privadas de la libertad. “Esto no estaba teniendo lugar porque los oficiales de la Policía mencionaban no tener recursos”, indicó el abogado.
Según explicó, la falta de personal dificultaba la organización de los turnos. A esto se sumaban problemas de convivencia entre algunos alojados, por lo que la distribución de los horarios requería efectivos suficientes para preservar el orden y la seguridad.
Asimismo, la defensa se remitió a un escrito presentado el 12 de septiembre por las abogadas Garro y Moscolo, referido a las condiciones de detención en la dependencia. En ese documento se planteó la necesidad de disponer de nuevos recursos humanos y materiales para garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas por la legislación.
“Los internos se encuentran aproximadamente 22 horas dentro de la celda”, señaló la defensa durante la audiencia y solicitó a la Unidad Regional que arbitrara los medios necesarios para incorporar nuevos recursos humanos y materiales, con el objetivo de evitar que la falta de personal terminara afectando los derechos de las personas alojadas en la dependencia.
Durante el encuentro participaron el defensor público Julián Pulgar; el jefe de la Seccional Sexta, Sergio Morales; el jefe de la Unidad Regional, Cristian Mulero; el director general de Articulaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, Facundo Álvarez; y los internos Rodríguez, López, Tascón, Carrimán y Vílchez.
La postura de la Policía
El jefe de la Unidad Regional explicó que los horarios vigentes se habían establecido a partir de distintos conflictos registrados entre los internos. A propósito, precisó que la organización de los recreos debía contemplar la seguridad de todas las personas alojadas y del personal policial.
El funcionario remarcó que se habían elaborado informes sobre cada uno de los detenidos y que, debido a los antecedentes de conflictos y a la conducta observada, era necesario mantener determinadas medidas de control.
No obstante, se comprometió a garantizar la presencia de personal destinado a custodiar los recreos y señaló que se realizaría un esfuerzo para que todos los internos pudieran acceder a ese espacio en el horario comprendido entre las 16 y las 22. “Siempre y cuando los mismos mantengan la conducta y disciplina”, se dejó asentado en el acta.
El jefe de la Sexta respaldó la explicación de la Unidad Regional y sostuvo que los horarios habían sido establecidos debido a los conflictos generados entre los internos. También comentó que, durante la mañana, los detenidos generalmente no utilizaban el horario de recreación porque permanecían durmiendo.
El representante del Ministerio de Seguridad respaldó la postura del comisario y afirmó que la prioridad debía ser garantizar la seguridad de los internos y del establecimiento policial.
La resolución de la jueza
Tras escuchar a las partes, Suárez resolvió tener en cuenta la propuesta formulada por las autoridades policiales, el jefe de la Unidad Regional, el jefe de la Seccional Sexta y el representante del Ministerio de Seguridad. De igual forma, requirió al titular de la dependencia que presente un informe sobre la implementación progresiva de la propuesta y las condiciones en que se desarrollen los recreos.
La jueza dejó constancia de que resolverá por escrito el habeas corpus presentado por los internos. De esta manera, la audiencia finalizó sin una decisión definitiva en torno al planteo principal, aunque se estableció un mecanismo provisorio para ampliar los horarios de recreación bajo determinadas condiciones.
La respuesta de Ignacio Torres: “Indignante y frustrante”
Luego de conocerse el fallo, Torres manifestó su rechazo durante una actividad oficial en el interior de Chubut. En diálogo con Diario Crónica, el gobernador calificó la resolución como “una tomada de pelo más” y cuestionó lo que considera decisiones judiciales alejadas de las demandas relacionadas con la seguridad.
En ese contexto, volvió a mencionar la controversia generada por un pedido de asado para personas privadas de la libertad y afirmó: “Hoy tenemos una jueza que quiere que extendamos el recreo para los delincuentes”.
Reclamó que “parecen estos jueces garantistas estar más preocupados por el bienestar de los delincuentes que por cuidar a las víctimas”. A su vez, definió la situación como “triste, indignante y frustrante” y anticipó que el Ejecutivo provincial apelará el criterio adoptado.
El antecedente de la magistrada
Mariel Suárez había sido destituida en 2023 por el Tribunal de Enjuiciamiento tras la difusión de un video en el que aparecía junto a Cristian “Mai” Bustos en el Instituto Penitenciario Provincial de Trelew.
En junio de 2026, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut anuló aquel jury por fallas de procedimiento y ordenó su reincorporación al Poder Judicial. Desde entonces, la magistrada se desempeña como jueza subrogante en causas de ejecución penal.
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