Caso Ángel: Prisión preventiva por seis meses para la madre y su pareja acusados por homicidio agravado

La causa por la muerte de Ángel López, el niño de 4 años que conmocionó a Comodoro Rivadavia, ingresó en una nueva etapa judicial con la formalización de la investigación y el dictado de prisión preventiva para su madre, Mariela Altamirano, y su pareja, Maikel Kevin González, acusados de homicidio agravado por el vínculo.

En una audiencia clave, el juez Alejandro Soñis resolvió abrir formalmente la investigación penal preparatoria y avaló la hipótesis inicial del Ministerio Público Fiscal. Según sostuvo, los elementos reunidos hasta el momento permiten inferir que el niño habría sido víctima de violencia. “El Ministerio Público Fiscal ha traído evidencias suficientes para esta etapa, con elementos que permiten afirmar, a priori, que las lesiones que presentaba el niño no fueron producto de una situación accidental, sino provocadas”.

El magistrado también introdujo una línea de análisis clave al referirse al posible dolo eventual, al considerar que cualquier adulto que ejerce violencia sobre un niño de tan corta edad debe representarse el riesgo de un desenlace fatal.

“Golpes o lesiones provocadas en un niño de cuatro años por una persona adulta deben necesariamente representar la posibilidad de un desenlace grave”. Además, puso el foco en la conducta de la madre, señalando que podría existir responsabilidad por omisión al no haber intervenido para frenar el maltrato, ni auxiliar de inmediato al menor.

Uno de los puntos que más llamó la atención durante la audiencia fue el tiempo de reacción ante la emergencia: “El sentido común indica que ante un niño que no respira, lo inmediato es salir a pedir auxilio”.

En ese contexto, Soñis dictó la prisión preventiva por seis meses para ambos imputados, al considerar acreditados riesgos procesales, principalmente peligro de fuga y posibilidad de entorpecer la investigación, teniendo en cuenta que muchos testigos pertenecen al entorno cercano.

Esperan las pericias

Desde el Ministerio Público Fiscal, el fiscal jefe Cristian Olazábal respaldó la medida y explicó que la detención era necesaria para garantizar el avance de la investigación. “Claramente tenía que dictarse una medida de coerción y no era otra que la prisión preventiva para asegurarnos de que se van a mantener en Comodoro mientras transite esta averiguación de la verdad y básicamente también proteger a los testigos”.

Olazábal también remarcó que el peligro de fuga era concreto y que los imputados ya estaban bajo vigilancia antes de la detención. “El peligro de fuga era latente. Si intentaban irse de Comodoro, automáticamente el fiscal estaba habilitado para ordenar su detención” En relación a la declaración de González durante la audiencia, el fiscal advirtió contradicciones con versiones previas. “El imputado puede declarar lo que quiera, incluso puede hasta mentir. Lo cierto es que la fiscalía detecta estas mentiras porque no es la versión que primariamente nos entregó” . Otro elemento central que será analizado en profundidad es el relato sobre las maniobras de reanimación. “Es inverosímil que estés treinta y cinco minutos haciendo RCP. ¿por qué no llamó por teléfono a la ambulancia?”.

La fiscalía también confirmó que se iniciarán pericias informáticas sobre los teléfonos secuestrados y que se busca determinar si existió un maltrato reiterado o un episodio de violencia extrema puntual. “Hay que determinar si este maltrato era reiterado o si estamos ante una descarga de violencia en un solo momento”.

“Nos tratan mal en redes”

Maikel González, único imputado que decidió declarar pero solamente respondiendo preguntas de su defensa, negó las acusaciones y relativizó las prácticas de corrección hacia el niño. “Se lo corregía como a cualquier nene”. Sin embargo, sus declaraciones contrastan con el fuerte reclamo de la familia de Ángel, que cuestionó incluso las condiciones de detención solicitadas por el imputado. “Ahora pide una celda grande, con baño que ni siquiera tenía en su casa. Mi hijo, sin embargo, no tiene ninguna comodidad y está bajo tierra”, lamentó.

González dijo tener interés en esclarecer los hechos y haberse puesto a disposición de la Justicia ante cada requerimiento. “En todo momento estuvimos en el hospital, teníamos miedo de tantas cosas que habían puesto en las redes sociales. No nos dan nuestro derecho a defendernos desde el primer día que lo llevamos al hospital. Las redes sociales nos tratan de un montón de cosas. Ni siquiera pudimos ir a despedirlo al Cementerio por temor a las represalias”, reconoció.

Por su parte la defensa de la progenitora de Ángel argumentó en una breve y poco sólida intervención que “lo que dice el informe de autopsia es que había veinte golpes. Son infiltraciones temáticas en el cuero cabelludo del lado interno. De 1 a 3 centímetros. Es decir, uno lo asemeja cuando hablo de golpes, a lo que serían coscorrones”, planteó Vanesa Vera, la defensora oficial.

Durante la audiencia, se conocieron una serie de testimonios que daba cuentas de las situaciones de violencia que rodeaban el entorno. Ex parejas describieron a González como “golpeador” y los vecinos denunciaron haber observado numerosas situaciones conflictivas entre la pareja.

La pareja junto a una hija menor, de siete meses, ahora trasladada al norte del país, residía en una precaria construcción de un ambiente que solamente contaba con una cama cucheta que utilizaba Ángel y una cama matrimonial. Pudo conocerse entre los detalles de la investigación que al menor se lo castigaba mediante baños de agua fría y que éste solía utilizar una máscara del Hombre Araña para disimular los golpes que solía recibir.

Altamirano es oriunda de la provincia de Misiones y tenía un hijo mayor, criado actualmente por su padre en Tucumán mientras que González, albañil de profesión –aunque no trabajaba-; practicaba karate y tiene hijos menores residentes de Ushuaia.