Continúa la investigación por presuntas estafas a personas que abonaron $100.000 para inscribirse en el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV) con la promesa de recibir una casa. Hasta el momento, la fiscalía recibió 180 denuncias con el mismo modus operandi y se encuentra recolectando evidencia para “concretar una imputación”.
El fiscal Martín Cárcamo indicó al medio ADNSUR que en el término de 30 a 40 días, podrán concretar la imputación, en función de que “se viene obteniendo una cantidad importante de evidencia”, aseguró, no solamente de la maniobra que se llevó adelante, sino también “cómo se ha utilizado durante el período de tiempo -que ocurrió entre el mes de abril de 2023 y hasta los primeros días del mes de febrero de este año- el monto que alcanza al perjuicio por la totalidad de 30 millones de pesos”, detalló.
Cómo era la estafa
Cárcamo señaló que “hay una uniformidad en lo relatado por los damnificados: se contactaban vía WhatsApp ofreciendo la posibilidad de poder acceder a una casa del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Se les requería una suma de $100.000″.
Aquí vienen las particularidades, o donde se ha profundizado la investigación, “denunciándose diferentes cuentas bancarias y de billeteras virtuales para concretar el pago o la transferencia de ese dinero”, y luego de eso, se los incorporaba a un grupo de WhatsApp, “donde se les iban transmitiendo los supuestos avances o novedades que se iban generando, hasta que creció exponencialmente esta maniobra y se fueron formando siete grupos de WhatsApp con un número importante de personas”, explicó.
Frente a la demora en la concreción de la adjudicación de la vivienda, “comenzaron a cuestionar a estas personas y finalmente eso derivó en que se radicara la denuncia penal”, recordó.
Cómo continua la causa
El fiscal sostuvo que “se está avanzando en obtener distintas evidencias para poder llevar adelante tareas periciales, y en paralelo a ello, ultiman detalles para concretar la imputación contra las personas que están siendo sospechadas o investigadas en este caso”.
En principio, se ha determinado la participación de -al menos- cinco personas, aunque no se descarta que pueda haber una mayor cantidad de acusados.
Cuando trascendió el caso, se supo que las sospechas recaen sobre Vanesa Fita, hermana del diputado de Unión por la Patria, Gustavo Fita. Ni la mujer ni Flores trabajan en el IPV. Fita habría sido la intermediaria en el acuerdo.
Se trata de atribuir un “delito de estafa de manera concursada en 180 casos”, explicó el fiscal. En definitiva, la posibilidad -en el caso de que se encuentren responsables a las personas que van a ser sometidas al proceso- eventualmente “crece exponencialmente la pena que pueda imponérsele, en función de la cantidad de casos de estafa que se puedan verificar”.
Y aclaró que, “hasta el momento la evidencia no nos ha permitido establecer vinculaciones con el Instituto Provincial de la Vivienda, aunque hay pendientes diferentes tipos de pericias, en función de los secuestros que se han realizado en los diferentes allanamientos. Estamos a la espera del resultado del tráfico y la utilización de esos teléfonos celulares que puedan consolidar esta situación, o por el contrario, modificarla drásticamente y encontrar evidencia que vincular algún integrante del IPV”, remarcó.
“Por el momento eventualmente existe esa posibilidad, no lo sería con algún integrante de la delegación local, sí a nivel general o central en la ciudad de Rawson”, concluyó.
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