Miembros de una cooperativa de Comodoro Rivadavia afirmaron haber abonado $100.000 para inscribirse en el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV) y recibir una casa por fuera de la normativa de entrega de viviendas. Los afectados, que suman alrededor de 850 personas, exigen justicia y la devolución del dinero entregado.
La investigación señala a Gerardo Flores y Vanesa Fita como la presuntos responsables de la estafa. Fita, es hermana de Gustavo Fita, diputado de Unión por la Patria en Chubut. Ni la mujer ni Flores trabajan en el IPV. Fita habría sido la intermediaria en el acuerdo.
Los damnificados relataron cómo se les instó a guardar silencio para mantener el acuerdo. “Teníamos que estar todos callados, no teníamos que levantar la perdiz porque era como ”saltear líneas”, comentaron a ADNSUR.
La maniobra, que se habría llevado a cabo en mayo de 2023, se descubrió cuando las promesas incumplidas comenzaron a ser evidentes. Se les solicitaba un pago de $80.000 por “honorarios de gestión” y $20.000 adicionales por obras de tendido eléctrico, precisó el concejal radical Omar Lattanzio quien accedió a pruebas para radicar la denuncia en la Justicia.
Por el caso, días atrás la Policía de Chubut llevó a cabo tres allanamientos en simultáneo en tres barrios de Comodoro Rivadavia.
“Queremos que alguien se acerque, somos un grupo de 850 personas, a los cuales se nos pidió una suma de $100.000 a cada uno. Hoy supuestamente nos devolvían la plata, pero no hay movimientos, tratamos de ubicar a Vanesa Fita a quien hacemos responsable de esto”, dijeron en relación a la mujer con quien entablaron la comunicación para hacer el acuerdo.
“No hay respuesta, ella apagó su celular. Queremos que nos devuelvan la plata, es lo que corresponde. En el caso de lo legal, pedimos que se haga presente la justicia”, expresaron los damnificados.
“Creo que está todo relacionado, acá se jugó con la ilusión de mucha gente. tienen que asumir las consecuencias, por lo legal o lo no legal. Nos decían que nos iban a llamar para arreglar las cuotas, y nosotros confiamos porque ella es hermana de un diputado”, señalaron.
Y manifestaron que “Acá hay ilusiones, hay familias que están alquilando, no estamos porque nos sobra. Lo que nos dijeron es que entregábamos la plata y en uno o dos meses ya estábamos viviendo en nuestras casas. Con eso ingresábamos y arreglábamos con el IPV. Presentamos fotocopias de recibos de sueldo y del grupo familiar, y ellos nos darían la cantidad de cuotas”.
Por otro lado, también hablaron de la metodología que tenían para mantener el silencio: “Teníamos que estar todos callados, no teníamos que levantar la perdiz porque era como ”saltear líneas”. Es la manera en la que nosotros nos mantenían quietos y callados”.
“Nos decían que no teníamos que hablar. Estábamos al tanto que esto era un acomodo. Acá en Comodoro sabemos por derecha que esto no se logra si no es por acomodo”. Por otro lado, también insistieron en la difícil situación de los damnificados: “Mucha gente pidió préstamos, es muy triste. Toda la gente que está acá, no tiene vivienda”.
Sin imputados
“Estamos en una etapa de investigación inicial y por ahora las hipótesis son dos: la primera, es que se trata de una estafa de tipo piramidal; y la segunda, estamos tratando de determinar si es una maniobra más organizada, con algún tipo de intervención de actores políticos”, dijo el fiscal del caso, Martín Cárcamo, en diálogo con ADNSUR.
La denuncia fue planteada por el concejal Omar Lattanzio, tras hacerse pública la situación de integrantes de una cooperativa, que adujeron haber abonado una cifra de 100.000 pesos, a cambio de acceder a la inscripción por una vivienda del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV).
Hasta el momento no hay imputados ni personas detenidas, pero las sospechas recaen sobre una persona identificada como Vanesa Fita, según reveló el fiscal Cárcamo, además de un hombre al que los damnificados mencionaron como Gerardo Flores.
Como resultado de las primeras entrevistas con los damnificados, el fiscal estableció una secuencia de 3 grupos diferentes de WhatsApp, a través de los cuales se organizaba la presunta “cooperativa de viviendas”. En base a esos elementos, llevó adelante los allanamientos en busca de elementos informáticos que sirvan como evidencia, en particular las transferencias bancarias realizadas y recibidas por los presuntos implicados. Según Lattanzio se hacína depósitos en dos cuentas, una bancaria y otra financiera, a nombre de Fita.
“Por ahora no surge que haya involucrados integrantes del IPV -dijo el fiscal-, no lo podemos descartar, pero hasta ahora no hay elementos. Otro elemento a tener en cuenta es que hasta principios de la semana pasada no había una persona designada al frente del IPV local, por lo que costaba acceder también a la información”.
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