Othar Macharashvili se sumó al amparo en rechazo al DNU de Milei

La Justicia aceptó entender en el recurso de amparo que presentó un grupo de 500 intendentes, representando a la Federación Argentina de Municipios (FAM), entre ellos el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, pidiendo frenar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el Gobierno del presidente Javier Milei.

“La Argentina no está en venta”, afirmó el jefe comunal en el marco de un encuentro que protagonizaron los intendentes en la sede de la FAM en Cerrito 832 del centro porteño. Entre los firmantes también se encuentra el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso.

Pedido de cautelar

El presidente de la FAM, Fernando Espinoza, quien también es intendente de La Matanza, expresó: “Decidimos presentar este recurso de amparo con el pedido de una cautelar para frenar el DNU que llevó adelante Javier Milei, que avasalla totalmente los derechos que durante décadas supimos conseguir”.

“Estamos en democracia, pero parece como si estuviéramos en dictadura, con un Presidente y diez personas que generan un DNU que favorece a grandes grupos económicos y perjudica al 90% de los argentinos y un proyecto de ley que parece un estado de sitio”, afirmó Espinoza.

El intendente argumentó que junto a sus pares de todo el país, en su carácter de “representantes de millones de voces que son las de nuestros vecinos”, decidieron tomar esta medida para “protegerlos”. Aseguró que los intendentes que tomaron esta decisión tienen el legado del voto soberano de sus vecinos.

Por su parte, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, destacó la incertidumbre generada por el DNU, que ha llevado a que quienes planeaban tomarse vacaciones duden y reconsideren sus planes. Hizo hincapié en que las medidas económicas del DNU han afectado la temporada turística.

Aceptación

En la tarde del viernes, se conoció que el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°6 dio curso al recurso de amparo presentado por el medio millar de intendentes el pasado 2 de enero. El juez Enrique Lavié Pico, el mismo que frenó el DNU en el capítulo de la reforma laboral, aceptó la presentación de los jefes comunales, quiénes cuestionaron la constitucionalidad de la medida impulsada por el gobierno para desregular la economía.

En la presentación de los jefes comunales se pide que se deje sin efecto el DNU 70/2023 “hasta tanto se dicte sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada”.

A la vez que se solicitó “se ordene, como medida urgente de protección cautelar, la inmediata suspensión de los efectos del decreto hasta tanto las Cámaras del Congreso de la Nación se expidan por la aceptación o rechazo del Decreto 70/23”.

En el pedido de acción de amparo se señaló que “el decreto cuestionado viola el presupuesto de validez esencial fijado por la Constitución, por cuanto arremete contra el principio general consagrado por el Art. 99 inciso 3º, que es la prohibición del Presidente de dictar disposiciones de carácter legislativo”.

Otros amparos

La acción de la FAM se suma así a otras iniciativas contra el DNU. Además de la presentación de la CGT, hay también amparos elevados por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires o el que presentó el expresidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Rizzo.

También está el que radicó el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez solicitando una “acción declarativa de inconstitucionalidad”, el que presentó la Asociación Civil de Inquilinos Agrupados, para declarar la nulidad del DNU que además fue replicado en distintas provincias.

Por otro lado, se encuentra el amparo colectivo que inició la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad de Buenos Aires, CTA y ATE, entre otros; la medida del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela ante la Corte Suprema, que aceptó el pedido pero lo tratará recién en el mes de febrero.

Además del terreno judicial, los intendentes buscan que en el Congreso la oposición logre imponerse al rechazo del DNU. Una tarea igual de compleja.