Santa Cruz dio esta semana un paso fundamental hacia el retorno a cierta normalidad en un escenario de incertidumbre que comparte con el resto del mundo.
Que el Gobierno de Santa Cruz decidiera avanzar hacia la flexibilización de varias actividades, poniendo en la centralidad del asunto a la salud pública, pero con una mirada atenta a los sectores de la economía provincial, habla de que en cierta medida pudimos, de forma colectiva, aplanar la curva de la enfermedad y evitar su circulación, al menos como se preveía que llegaría por esta época.
Esta semana, una decisión oficial puso un abrigo de protección sobre los santacruceños, cuando se prohibió cualquier tipo de flexibilización de las fronteras, esto, en función de la medida que el país vecino, Chile, anunció con el levantamiento de la cuarentena.
No es para menos, la provincia mantiene 49 casos desde hace una semana, y pese a que los primeros en aparecer se diagnosticaron hace más de dos meses, todavía no cuenta con transmisión comunitaria.
Al margen de las aperturas, tenemos cuarentena para rato. Así lo marcó el presidente de la Nación Alberto Fernández en su conferencia del viernes por la noche.
La cuarentena no se rompe de manera masiva, sino que se transforma en un camino paulatino hacia la vuelta al espacio público.
Seguiremos sin saludarnos con un beso, dejando de lado los abrazos, seguiremos protegiendo muy especialmente a nuestros adultos mayores, que deberán permanecer en sus casas, seguiremos sin llevar a los niños, niñas y adolescentes a los colegios y continuaremos manteniendo las distancias en los lugares de concurrencia.
Por otra parte, los gobiernos atajan los efectos nocivos de la cuarentena, en la dimensión económica, que pone en jaque a cientos de empresas y puestos de trabajo.
En este sentido, la buena noticia estuvo esta semana atravesada por la industria petrolera, o mejor dicho, por la posibilidad de traer paz social al sector y beneficiar a las economías regionales dedicadas a la producción de hidrocarburos.
Santa Cruz tuvo un rol protagónico en la videoconferencia con gobernadores de otras provincias productoras, compañías petroleras y el Estado Nacional, cuando la gobernadora Alicia Kirchner pidió instaurar el barril por decreto y luego seguir negociando porque “no podemos perder más tiempo”, fue el textual de la mandataria, en relación a las cuantiosas pérdidas vía regalías.
Mientras esto se discute, La Opinión Austral dio a conocer la existencia de las primeras presentaciones para llevar a cabo la suspensión y descuento de hasta un veinticinco por cierto de los sueldos, por parte de algunas empresas que no logran levantar cabeza.
Esto, aunque es una medida antipática, resulta de la única alternativa habilitada por el Gobierno Nacional, pero pensada para evitar consecuencias todavía más gravosas como los despidos y la pérdida de las fuentes laborales.
Lo cierto es que a esta altura de los acontecimientos, en un año que quedará para la historia, por todo lo que de manera subrepticia movió el virus del COVID-19 en términos de entramado social, en nuestro país, llegamos a una etapa en la que la decisión sobre lo que viene queda en manos de las provincias y los municipios.
Todos los distritos ingresamos a la fase cuatro, salvo Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque esta última ayer hizo anuncios de leve apertura.
Sin dudas, es para muchas actividades como peluquerías, mueblerías, trabajadoras de casas particulares, librerías y demás, una vuelta al ruedo que demandará esfuerzo y compromiso con los protocolos de salud para que no existan retrocesos.
Sin embargo, no esta ahí la mayor preocupación del Gobierno, sino en el inminente regreso de más santacruceños a quienes la cuarentena dejó lejos de sus hogares. Será cuestión de atender el sentido común y el cuidado, entre todos, de todos y todas.
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