La prestación del transporte urbano de pasajeros de Río Gallegos transita la etapa de transición y el Municipio capitalino tiene escaso margen de error para generar las condiciones que permita el desembarco de una nueva empresa a partir de febrero próximo.

El contexto está plagado de dificultades. La pandemia dejó en crisis económica prácticamente a la totalidad de las compañías que operan en el interior del país, salvo el área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) que recibió del macrismo el favor de destinar las asistencias más jugosas provenientes del Estado nacional.

En este escenario de crisis, el Municipio de Río Gallegos tiene que lanzarse en el mercado del transporte y atraer una empresa que invierta y se haga cargo de la prestación en una ciudad poco atractiva para el inversor ante el bajo corte de boletos que se registra en la línea histórica. De allí, la decisión política de Grasso y su gabinete de planificar una concesión excepcional de ocho años en tiempos excepcionales impuestos por la pandemia.

Uno de los factores sobresalientes para la próxima etapa, más allá de la actualización de los recorridos, el mejoramiento de la trama vial de la ciudad, entre otros, es la readecuación al actual esquema de compensaciones que el Gobierno nacional destinó para equilibrar la asistencia económica buscando garantizar el sostenimiento del servicio.

Nación destinó más de $ 12.974.000 para sostener el transporte en tres ciudades santacruceñas

Sobre este aspecto de vital importancia para los usuarios y empresas –los aportes del Estado abaratan los costos- la gestión municipal se abocó de lleno. El intendente Pablo Grasso, en el último encuentro ante la Asamblea Ciudadana del Transporte, oficializó que migrarán del actual sistema de venta de boletos Micronauta, luego de cancelar una deuda de $ 1.000.000- hacia el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).

Cifras

El intendente dejó la promesa sin desconocer que la Resolución 196/2020 del Ministerio de Transporte de la Nación creó el Fondo de Compensación destinado al sostenimiento del público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país.

Entre las medidas del Estado nacional en tiempos de pandemia, se estableció que las ayudas se destinarán solamente entre los municipios adheridos a SUBE, sistema que no ha sido implementado por Maxia SRL. Un problema heredado de la gestión del exintendente Roberto Giubetich que debe ser resuelto urgente.

La asistencia económica financiera estatal abarata los costos al usuario y empresas

En este escenario la Secretaría de Hacienda de Río Gallegos precisó a La Opinión Austral que la asistencia financiera proveniente de Nación, a lo que se incorpora Provincia, no son suficientes para cubrir el costo salarial del personal de Maxia SRL.

Los datos oficiales del Municipio capitalino revelan que el aporte provincial es aproximadamente- de $ 900.000, mientras que por el Fondo Compensador del Ministerio de Transporte asciende a los $ 1.032.000. Así, la asistencia mensual para la ciudad capital totaliza $ 1. 932.000, mientras que el pago de haberes se ubica entre los $ 4.000.000 y $ 4.500.00.

El Ministerio de Transporte dio a conocer que en el transcurso del 2020, Santa Cruz recibió por el sistema de compensación aportes superiores a los $ 12.974.000 abonados en cuatro pagos iguales para ser distribuidos entre Río Gallegos; Caleta Olivia y la Cuenca Carbonífera.