En el marco de la investigación penal que se lleva adelante por los sucesos ocurridos durante las Huelgas Patagónicas de 1919-1921 en el territorio federal de Santa Cruz, etapa previa al Juicio por la Verdad, este jueves se inicia la etapa testimonial.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría de Estado de Derechos Humanos de Santa Cruz y seis familiares de víctimas fusiladas son querellantes.
María José Román es la abogada de Amalia Mercedes Carrizo, nieta de Alejo López; Néstor y Pascual Daffinoti, nietos, y Lucila y Daniela Daffinoti, bisnietas de Albino Argüelles, y Séptimo Tomás Ruggiero, bisnieto de José Rogelio Martínez.

“Comienza la etapa de declaraciones testimoniales a familiares de víctimas de las persecuciones, expatriaciones, torturas y fusilamientos. Patrocino a tres familias de víctimas fusiladas en el marco de lo que entendemos fueron crímenes de lesa humanidad o genocidio cometidos por el Ejército Nacional del gobierno de Hipólito Irigoyen contra aproximadamente 1.500 trabajadores que hacían huelga contra los dueños de las estancias laneras por las condiciones inhumanas en las que trabajaban. No tuvieron juicio, directamente fueron cazados y fusilados”, manifestó Román en diálogo con La Opinión Austral.

María José Román.

El fiscal de la causa, Lucas Colla, le tomará testimonio a Mercedes Carrizo, hija de Aurora López y nieta del peón rural Alejo López, asesinado en la zona de Jaramillo-Fitz Roy, junto a Facón Grande, por las tropas del Ejército Argentino.

“El testimonio de la familiar de la víctima Alejo López es muy importante porque aun cuando estos hechos datan de más de un siglo, la nieta, que ya es mayor, siguió el pedido de su madre, que hasta los noventa y tantos años luchó por conocer dónde estaba enterrado el cuerpo de su padre. Así con cada uno de los familiares que represento. La lucha inclaudicable por conocer la verdad de los crímenes y determinar las responsabilidades para finalmente encontrar los restos mortales siempre se mantuvo”, remarcó Román.

La próxima semana será el turno de Néstor Daffinoti, nieto del dirigente sindical Albino Argüelles, muerto cuando se disponía a dialogar con las fuerzas militares, y de Séptimo Tomás Ruggiero, bisnieto de José Rogelio Martínez.

Mercedes Carrizo nieta del peón rural Alejo López, será la primera en dar testimonio.

“Luego de la ronda de testimonios se sumarán expertos antropólogos, historiadores e investigadores de las huelgas patagónicas y diligencias probatorias tendientes a geolocalizar las tumbas individuales o colectivas, se llegará a un juicio por la verdad”, amplió la abogada.

Asimismo, aclaró que “nada impide que las personas que conozcan estos hechos y decidan presentarse como afectados en calidad de familiares puedan sumarse a la querella de familiares”.
Es de destacar que la Fiscalía pudo acceder a los legajos originales de varios de los jefes militares, en donde se reconocen los hechos relatados por el historiador Osvaldo Bayer en sus libros.

“Se pretende un juicio por la memoria, la verdad y la justicia para que hechos que atenten contra la humanidad no tengan nunca más lugar en nuestras sociedades”, subrayó, al tiempo que indicó que se espera conformar el cuadro probatorio lo antes posible para estar en juicio a fin de este año.

Por la verdad

Consultada sobre cómo la interpela este desafío profesional, Román sostuvo: “Intervenir en una causa de lesa humanidad o genocidio con esta característica de haber transcurrido más de 100 años es un desafío jurídico de suma importancia porque se logra tomar dimensión de lo necesario de reparar judicialmente masacres cometidas por un Estado que han quedado perdidas en el tiempo y cuyas víctimas y familiares merecen ser visibilizadas, al igual que exige a una sociedad democrática que se precie de tal, busque la verdad en hechos que son imprescriptibles porque han lesionado a la humanidad”.

“En 2022 se dictó sentencia en el juicio por la verdad en Napalpí, Chaco, por hechos sucedidos en 1924, cuando se masacró a entre 400 a 500 personas entre mujeres, hombres y niños de comunidades Qom y Mocobi, y ello abrió el camino para reparar mediante estos juicios por la verdad, sucesos dolorosos que no han sido reparados ni históricos ni judicialmente. Ese tiempo ha llegado para la Patagonia con este proceso penal”, cerró.

 

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