Está más que claro que existe una inmensa mayoría de argentinos y argentinas que acepta sin miramientos las decisiones del Gobierno Nacional, porque entiende que se basan en la defensa absoluta de un interés colectivo superior a cualquier otro: la salud pública.
Sin embargo, hay dos grupos que pierden la paciencia: los lobistas del libre mercado, que no aceptan que cuidar a los trabajadores y las trabajadoras debe ser parte de la ecuación, y aquellos que no tienen un colchón sobre el cual acostarse para esperar que la tormenta pase. Son monotributistas, cuentapropistas, dueños de las pymes que bajaron la persiana.
Por estos días, los intendentes de todo el país discuten con las administraciones provinciales el modo en el cual darán respuestas a estos sectores de la economía.
En Santa Cruz hicieron su planteo, y el Ministerio de Salud supervisa cada propuesta atendiendo a la situación epidemiológica de cada localidad.
Por eso, este viernes, el ministro Juan Carlos Nadalich avanzó con un mínimo de información sobre cómo será la apertura gradual del aislamiento.
Mientras esto se define, ya hay empresarios echando mano al ajuste del salario de empleados y empleadas, y este es un espacio gris para el Estado. Porque si bien el presidente Alberto Fernández prohibió los despidos, nada dice sobre los descuentos.
Es más, por estos días, hay empresarios consultando a los bufetes de abogados de la ciudad acerca de los mecanismos de retiro voluntario.
Dos ejemplos claros de lo que sucede por fuera de ese universo tan predominante como es la administración pública en Santa Cruz, se vio con el sector de hoteleros y gastronómicos. Por un lado, trabajadores de Mostaza recibieron apenas una porción de sus sueldos y tuvieron que enviar sus reclamos vía carta documento; por otro, desde el gremio de UTGRA dijeron a este diario estar en alerta ante la suspensión de muchos trabajadores asentados, sobre todo, en El Calafate, la villa turística por excelencia en la provincia.
De la cuarentena vamos a salir más temprano que tarde, porque no hay país que aguante semejante paralización. Hoy, con el COVID-19 casi como único tema del que se hable en el ámbito público, será una porción ínfima de la sociedad la que pueda decir que desconoce a lo que se enfrenta con esta pandemia.
Nadie dijo que con estos esfuerzos colectivos íbamos a evitar el virus, sino hacerlo más lento y ganar tiempo para estar mejor preparados, ¿lo estamos?
Mientras tanto, desde ayer se sabe que, por una resolución administrativa, nuevas actividades fueron liberadas, entre ellas la medicina particular en áreas no indispensables como dentistas, kinesiólogos, ginecólogos y, claro, el comercio online, los RapiPago y Pago Fácil, y todo comercio que tenga delivery.
Esto significa que, ahora más que nunca, sabiendo que el coronavirus sigue siendo una realidad y que no llegamos al mayor punto de algidez de contagios y muertes, somos nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, los que debemos actuar con responsabilidad, saliendo sólo cuando sea necesario.
Todo el aparato del Estado debe flexibilizarse, atender a las urgencias y dejarnos demostrar que somos capaces de ser solidarios, evitando la circulación del virus.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario