¿Qué hace un pibe con un arma de fuego?

Trece años pasaron ya desde que el Congreso de la Nación aprobó la Ley que declaró la ‘Emergencia Nacional en Materia de Compraventa de Armas de Fuego’, que inició un proceso de desarme sin precedentes en Argentina.

Sin embargo, todavía asistimos a la repetición de casos donde los crímenes son cometidos con la utilización de este tipo de armas y cada vez con mayor violencia.

Algo más preocupante que eso, todavía, es que las armas sigan llegando a manos de jóvenes a lo largo y ancho del país.

Santa Cruz tiene una realidad disímil en este sentido. Alguna vez el entonces jefe de la Regional Norte, actual superintendente de Seguridad de la provincia, contó al respecto que la diferencia entre ese sector y la Zona Sur, era que allí existían armas de fabricación casera, lo que se conoce como tumberas.

La tapa del diario La Opinión Austral donde destacó la cobertura con enviados especiales de la despedida de los restos del prefecto Ricardo Soto, en Puerto Deseado.

Se trata, claro, de una dinámica compleja de la violencia enraizada en patrones culturales distintos, atravesados por corrientes migratorias distintas también y formas de relación entre barrios que son, en muchos casos, completamente antagónicos.

Pero las armas de fuego ilegales siguen existiendo, y este viernes sirvieron para cometer un crimen a sangre fría, de esos que pocas veces ocurren en esta provincia del sur. Por sus características, por la edad del autor, por la labor de la víctima, por el sinsentido.

Pedro Espinoza mató sobre seguro al cabo Ricardo Soto, que cumplía la misión que el Estado -todos y todas- le encomendó para garantizar el cumplimiento del aislamiento social y obligatorio decretado por el presidente de la Nación.

Se acercó hasta donde estaba, en plena calle, y le pegó un tiro cerca de las costillas, donde vio que el chaleco no podría hacer nada.

La Opinión Austral puso en tapa el caso que conmocionó a todo el país: el primer efectivo del país muerto mientras controlaba la cuarentena.

Pedro estudiaba una carrera terciaria en Comodoro Rivadavia, Educación Física. Dicen sus compañeros que era particular, pero que no se llevaba mal con nadie. A sus veintiún años tampoco tenía antecedentes penales, ni se le conocía consumo problemático de drogas ilegales.

¿Qué hacía con un arma? ¿De dónde la sacó? ¿Para qué la tenía?

En la agenda pública los temas transcurren según la propiedad que van ordenando los tiempos que llegan y sus urgencias; sin embargo, sería oportuno como sociedad hacernos un replanteo de si acaso, una vez que la cuarentena pase y volvamos a tensionar políticas públicas -hoy sólo hay lugar para la salud- no deberíamos echar un ojo a la posesión de armas e incentivar, otra vez, que se las entregue al Estado.

Y aunque mientras escribimos esto, y los rumores sobre que previamente a los crímenes existió un altercado en donde Prefectura pudo haber cometido abuso de autoridad contra el asesino del cabo Soto, nada cambia el hecho de que, sin ese primer disparo, hoy no habría dos familias destruidas y un pueblo lamentando un hecho tan traumático, otro más en este extraño 2020.