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La postal idílica de los glaciares y la inmensidad patagónica contrasta, de a ratos, con las sombras del crimen organizado que intentan echar raíces en los destinos más prósperos del sur argentino.
En las últimas horas, la villa turística de El Calafate fue escenario de un golpe certero contra el narcotráfico. Un operativo policial, bautizado elocuentemente como “Tobillera Blanca“, dejó al descubierto la audacia y la sensación de impunidad de una banda que comercializaba estupefacientes en la ciudad. Lo verdaderamente escandaloso del caso no radica solo en la cantidad de droga incautada, sino en el perfil de sus responsables: el negocio era regenteado por mujeres que, en los papeles, debían estar cumpliendo prisión domiciliaria y portaban dispositivos de monitoreo electrónico.
El quiebre de esta estructura criminal se concretó durante la noche del viernes 2 y la madrugada del sábado 3 de octubre, como corolario de una paciente y exhaustiva tarea de inteligencia criminal.
La investigación, encabezada por la División de Investigaciones y Narcocriminalidad de El Calafate y bajo las directivas del titular del Área de Delitos Sencillos, el doctor Pablo Mansilla, logró mapear palmo a palmo el circuito de comercialización. Las pesquisas determinaron que la organización había montado un aceitado esquema bimodal: funcionaban como un “kiosco” estático para clientes habituales, pero su mayor volumen de ventas lo canalizaban a través de un servicio de “delivery”, utilizando un enjambre de motocicletas para distribuir las dosis en distintos barrios de la localidad sin levantar mayores sospechas.
Con los indicios probatorios sobre la mesa, la Justicia emitió las órdenes de allanamiento. Cerca de las 22:30 horas del viernes, el letargo nocturno de la calle Justo Azua se rompió con la llegada intempestiva de los patrulleros y las camionetas tácticas. El Grupo de Operaciones Especiales (GOE), en una maniobra de irrupción simultánea sobre dos domicilios, logró asegurar el perímetro y evitar la fuga de los sospechosos.
El intento de descarte
La tensión del momento quedó plasmada en la desesperación de los investigados al escuchar la voz de alto. De acuerdo a al información a la que tuvo acceso este diario, a través de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones, al momento del ingreso del personal táctico, parte de los acusados corrió hacia el baño en un intento frenético por eliminar la evidencia.
Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que la droga estaba literalmente en el inodoro, a punto de ser descartada por las cloacas. La rápida acción de los uniformados permitió recuperar el material y asegurar la escena del crimen.
El saldo de los allanamientos resultó altamente positivo para la fiscalía. Los efectivos lograron incautar una cantidad significativa de clorhidrato de cocaína -valuada en unos siete millones de pesos- y marihuana.
Según pudo saber La Opinión Austral, la sustancia no estaba compactada, sino finamente fraccionada, acondicionada y distribuida en envoltorios de nylon, lista para el pasamanos callejero. Además, se secuestraron balanzas de precisión, elementos de corte y estiramiento, una réplica de arma de fuego, municiones de diversos calibres, material informático clave para desenredar la línea de proveedores, y las motocicletas empleadas en la logística urbana.
En el lugar fueron demoradas tres personas mayores de edad: un hombre y dos mujeres. Y es aquí donde la crónica policial roza lo tragicómico del sistema penal argentino. Las dos acusadas se encontraban bajo el régimen de prisión domiciliaria, monitoreadas por las tobilleras que terminaron dándole nombre al operativo.
¿Quién es Verón?
El foco de atención de la Justicia recae ineludiblemente sobre una de las detenidas, identificada como I. Verón. Su nombre es un habitué en los despachos judiciales y en las fojas policiales de la provincia. Su historial conforma un frondoso prontuario que expone los grises y las falencias de los beneficios procesales.
Tal como lo informó La Opinión Austral, en junio de 2025, Verón había reconocido abiertamente su rol de “dealer” tras haber sido atrapada, dos años antes, con 250 gramos de cocaína. Por aquel hecho, recibió una condena de cuatro años de prisión, pero logró mantener el beneficio de la domiciliaria.
Lejos de reformar su conducta, Verón transformó su cautiverio en su centro de operaciones. La reincidencia es tan marcada que, apenas un año atrás, en abril de 2025, la misma División Narcocriminalidad había tenido que allanarla en el marco de una causa sugestivamente bautizada “No hay dos sin tres“.
Según pudo saber este diario, en aquel despliegue, que sacudió a varios barrios calafateños, las autoridades le encontraron 80 gramos de cocaína, un antecedente de peso federal que, insólitamente, no fue suficiente para que perdiera la comodidad de su hogar.
La magnitud del procedimiento y la sensibilidad del caso motivaron la presencia en el terreno de las máximas autoridades provinciales en materia de seguridad. El dispositivo contó con la supervisión directa del ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Pródromos; el titular de la Unidad de Coordinación de la cartera, Daniel Barrientos; y el jefe del Departamento Crimen Organizado, comisario mayor Luis Poblete. Tras consolidar el operativo y formalizar las detenciones, la Justicia dispuso que los tres implicados fueran trasladados bajo fuerte custodia a la ciudad de Río Gallegos. Actualmente, aguardan en dependencias policiales a estricta disposición de la Unidad Fiscal capitalina
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