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La conmoción que sacudió a El Calafate en los últimos días de diciembre tuvo este jueves un fuerte impacto judicial. El juez de Instrucción, Carlos Albarracín, dictó el procesamiento con prisión preventiva de Emiliano Moreno, ex bombero y mecánico, acusado de haber provocado de manera intencional el incendio que destruyó por completo la vivienda del oficial de Bomberos Mauro Cardozo y de haber intentado prender fuego su automóvil. La decisión incluye además un embargo por 20 millones de pesos y marca un punto de inflexión en una causa que generó indignación y preocupación en toda la comunidad.
Tal como lo informó La Opinión Austral, el hecho que dio origen a la investigación ocurrió en la madrugada del 27 de diciembre de 2025, cuando personal policial y de emergencias fue alertado por un incendio de grandes proporciones en una vivienda ubicada en el barrio Terrazas de Manantiales. Las llamas consumieron rápidamente la estructura, dejando pérdidas totales y un escenario desolador.
Horas más tarde, y en una secuencia que encendió todas las alarmas, se registró un segundo foco ígneo: el intento de incendio de un Volkswagen Gol Power gris, propiedad del mismo bombero, que se encontraba estacionado frente a la terminal de ómnibus local, ya que Cardozo estaba circunstancialmente en Río Gallegos.
Desde las primeras pericias, los investigadores descartaron la hipótesis de un accidente. Los informes técnicos y la escena misma indicaban con claridad que se trataba de hechos intencionales. La gravedad de la situación se vio reforzada por el riesgo que los incendios implicaron no solo para los bienes atacados, sino también para terceros, en zonas habitadas y de circulación frecuente.
En ese contexto, la causa avanzó con una serie de allanamientos y medidas probatorias que permitieron centrar la investigación en un único sospechoso. Moreno fue detenido días atrás luego de que se recolectaran registros fílmicos y elementos materiales considerados clave para sostener la hipótesis del ataque deliberado. Entre ellos, el secuestro de un bidón con material combustible hallado en el ingreso de la vivienda incendiada y el análisis de cámaras de seguridad que muestran una motocicleta de características coincidentes con la del imputado circulando en horarios y lugares compatibles con los hechos.
El juez Albarracín encuadró la conducta atribuida a Moreno en la figura penal de estrago doloso, prevista en en el artículo 186 del Código Penal argentino. Se trata de un delito grave, que reprime a quien provoca incendios u otros estragos mediante medios capaces de generar un peligro común para la seguridad pública. La escala penal prevista va de los tres a los diez años de prisión, en función de las circunstancias y la magnitud del daño ocasionado. En este caso, el magistrado consideró que no se trató de un accionar imprudente o negligente, sino de actos deliberados, ejecutados con pleno conocimiento del riesgo que implicaban para bienes y personas.
Según indicó el portal de noticias local, Ahora Calafate, en su resolución, el juez también tuvo en cuenta un contexto previo de hostigamiento y conflicto personal entre Moreno y la víctima, vinculado a cuestiones privadas. Ese trasfondo, sumado a las pruebas materiales y a los registros de video, fue determinante para sostener el procesamiento y ordenar la prisión preventiva. La medida se fundamenta además en la existencia de peligro de fuga y riesgo de entorpecimiento de la investigación, criterios habituales en causas de esta naturaleza.
Cabe recordar que esa misma noche se registró un tercer incendio en la zona del Cañadón del Esplendor. Si bien hasta el momento no se logró establecer una relación directa con los otros dos hechos, el episodio también forma parte del contexto de una madrugada particularmente crítica para la ciudad y sigue siendo materia de análisis.
Moreno se presentó voluntariamente en la Comisaría Segunda de El Calafate luego de haber sido buscado por la policía en su domicilio. Allí se le secuestraron la motocicleta y el teléfono celular, elementos que también forman parte de la investigación. Tras cumplir el plazo legal de detención, el juez resolvió avanzar con el procesamiento, lo que implica que el imputado permanecerá detenido mientras continúa la etapa de instrucción, en la que se seguirán produciendo pruebas y pericias antes de una eventual elevación a juicio.
Además de la prisión preventiva, el magistrado ordenó un embargo por hasta 20 millones de pesos sobre los bienes o el dinero de Moreno. En caso de no contar con esa suma, se dispuso la inhibición general de bienes ante los registros de la Propiedad Inmueble y del Automotor, una medida destinada a asegurar eventuales responsabilidades civiles derivadas del proceso penal.
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