Quedó detenido el hombre que intentó llevarse a su ex pareja por la fuerza y fue apuñalado

Un grave hecho de violencia ocurrido en diciembre pasado en El Calafate tuvo una definición judicial contundente. Tras analizar pruebas, testimonios y antecedentes, el Juzgado de Instrucción resolvió procesar con prisión preventiva a un hombre acusado de irrumpir en la vivienda de su ex pareja, intentar llevársela por la fuerza y protagonizar una pelea que estuvo a centímetros de terminar en una tragedia fatal.

Tal como lo informó La Opinión Austral, la madrugada del 20 de diciembre de 2025 quedó marcada por un episodio de extrema violencia en un complejo de departamentos ubicado sobre la calle Julio A. Roca al 2400, en la villa turística. Eran cerca de las 6:45 cuando un joven de apellido Torres llegó al lugar en un vehículo, acompañado por otras dos personas, con una sola intención: forzar un reencuentro con su ex pareja, con quien había finalizado la relación meses antes.

Según surge de la investigación judicial, el imputado ingresó al predio y comenzó a causar destrozos en el acceso a uno de los departamentos ubicados en la parte posterior del complejo. Puertas y ventanas dañadas, gritos y amenazas rompieron la calma de la mañana, en un contexto que rápidamente escaló en tensión y violencia. El hombre, que contaba con antecedentes y había recuperado la libertad pocos días antes, portaba un elemento contundente tipo barreta, con el que habría provocado los daños materiales.

Al salir la joven del interior de la vivienda, la situación se tornó aún más crítica. De acuerdo a los testimonios incorporados al expediente, Torres intentó obligarla a retirarse del lugar, tomándola del brazo y buscando subirla al vehículo en contra de su voluntad. Las amenazas, el forcejeo y el clima de intimidación marcaron un cuadro que el magistrado encuadró claramente dentro de un contexto de violencia de género.

La escena sumó un nuevo y peligroso capítulo cuando intervino la actual pareja de la mujer. Allí se desató una pelea de extrema gravedad. El imputado habría intentado agredirlo con la barreta, pero en medio del enfrentamiento recibió una herida profunda con un cuchillo tipo carnicero. La lesión fue de tal magnitud que estuvo a escasos centímetros de comprometer órganos vitales, particularmente el corazón.

Tras el hecho, Torres fue trasladado de urgencia al Hospital SAMIC por las personas que lo acompañaban. En el nosocomio fue intervenido quirúrgicamente y logró sobrevivir a una herida que, según indicaron fuentes médicas, pudo haber tenido un desenlace fatal.

Con el avance de la investigación, el Juzgado de Instrucción de El Calafate, a cargo del doctor Carlos Albarracín, resolvió dictar el procesamiento con prisión preventiva del imputado. La medida alcanza a los delitos de violación de domicilio, amenazas coactivas y daños, todos agravados por el contexto de violencia de género en el que se produjeron.

Fuentes judiciales señalaron a el portal de noticias local Ahora Calafate que la decisión se apoyó en un cúmulo de pruebas consideradas suficientes para sostener la participación del acusado. En el expediente se incorporaron actuaciones policiales, inspecciones oculares, informes médicos, secuestro de elementos utilizados durante el hecho, declaraciones testimoniales y la propia indagatoria del imputado. Esta última, según se desprende de la resolución, no logró contrarrestar el peso del resto de la prueba reunida.

Uno de los puntos centrales para mantener la prisión preventiva fue la necesidad de proteger a la presunta víctima y evitar cualquier posibilidad de revictimización. El juez ponderó especialmente los antecedentes del imputado y los relatos que daban cuenta de conductas violentas previas, aunque no siempre físicas, que habían generado temor y un claro estado de vulnerabilidad en la mujer.

“La medida fue fundamentada en la existencia de riesgos procesales, entre ellos la posibilidad de entorpecer la causa o de generar nuevas situaciones de riesgo”, indicaron fuentes vinculadas al proceso. En ese sentido, la Justicia entendió que la libertad del imputado podría exponer nuevamente a la ex pareja a un escenario de peligro.

Como parte de la misma resolución, el magistrado ordenó un embargo por cinco millones de pesos, o en su defecto la inhibición general de bienes, con el objetivo de garantizar eventuales responsabilidades económicas y los costos que pudiera demandar el proceso judicial.