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Por: Michel Afif Magul

Brasil vive un momento de polarización profundamente arraigada, con dos polos muy bien definidos. El resultado es un ambiente público hostil, en el que los hechos objetivos ceden espacio a narrativas irreconciliables.

Existe hoy una polarización afectiva, en la cual las divergencias políticas sobrepasan el campo de las ideas y alcanzan sentimientos, identidades y modos de vida. No menos intensa es la guerra cultural librada en varios frentes. Por un lado, están los conservadores en las costumbres, para quienes los principios y valores del entorno religioso deben prevalecer. Combaten la llamada cultura woke y defienden, en el ámbito económico, la reducción del aparato estatal, la lucha contra la corrupción y políticas orientadas a disminuir el clientelismo estatal.

Por otro lado, están los progresistas, que defienden el fortalecimiento del Estado, la ampliación del uso de recursos públicos en políticas sociales y una presencia más activa del Estado en la promoción de agendas identitarias y culturales asociadas al universo woke. Para los progresistas, la política debe desempeñar un papel activo mediante políticas asistencialistas y de protección social.

Entre estos dos bloques, la llamada tercera vía pasó a ser representada por outsiders que critican el sistema político tradicional. Defienden la reducción drástica del gasto público, la disminución del tamaño del Estado y un discurso de confrontación contra la corrupción y las estructuras políticas establecidas. En la práctica, sin embargo, no siempre logran diferenciarse de la retórica polarizadora que critican.

Así, convivimos con populistas de izquierda, populistas de derecha y, más recientemente, populistas antisistema. En este escenario, la diplomacia, el diálogo y el equilibrio comienzan a convertirse en virtudes raras dentro de la política brasileña.

Existe grandes debates que deberán marcar las próximas elecciones e influir en el rumbo del país durante los próximos años. Uno de esos capítulos inevitables es la corrupción, representada por escándalos financieros y denuncias de desvío de recursos públicos. Muchos líderes de perfil autoritario llegan al poder por la vía democrática, pero no combaten efectivamente la corrupción ni alteran el status quo. Por el contrario, terminan integrándose a él, deterioran las instituciones democráticas y promueven formas de iliberalismo político, caracterizadas por la falta de transparencia y el debilitamiento institucional.

La moralidad pública, la conducta intachable y la transparencia deberán ocupar un lugar central en el debate electoral. Sin ellas, cualquier discusión sobre programas de gobierno se vuelve secundaria.

Paralelamente al debate sobre la conducta de los elegidos, crece la discusión sobre el papel del Poder Judicial. La influencia de los tribunales, frecuentemente acusados de excesiva interferencia política, así como los debates sobre supuestos abusos de autoridad y activismo judicial, también permanecerán en el centro de las discusiones públicas. No por casualidad, el Senado rechazó recientemente, por primera vez desde 1894, una nominación presidencial para un determinado cargo institucional, hecho que simboliza el aumento de las tensiones entre los Poderes.

Los nuevos programas sociales implementados por el gobierno en vísperas del período electoral también serán objeto de intenso debate. Para los críticos, tales políticas buscan ampliar la base electoral entre los sectores más vulnerables; para sus defensores, representan mecanismos legítimos de protección social y combate contra las desigualdades históricas. El problema es que, en muchos casos, el asistencialismo de corto plazo termina sustituyendo la necesaria construcción de políticas estructurales, y el elector necesita saber diferenciar una cosa de la otra.

La lucha contra el crimen organizado será otro tema central. Actualmente, la criminalidad se encuentra infiltrada en diferentes esferas institucionales, lo que exige políticas públicas serias, eficientes y coordinadas. La población demuestra una creciente intolerancia frente a la violencia, la extorsión y la sensación de inseguridad, y esa presión social tiende a exigir respuestas concretas de los candidatos.

Diversos sectores poseen agendas específicas, pero los ejes mencionados deberán concentrar el debate electoral de los próximos años.

Brasil necesita discutir seriamente qué país desea construir para el futuro. Si realmente quiere transformarse en una nación con desarrollo humano, crecimiento económico, modernización tecnológica y protagonismo internacional, o continuar rehén de su propia polarización. Para ello, será necesario elegir representantes a la altura de esta discusión, capaces de construir acuerdos donde hoy solo existen trincheras, fortalecer las instituciones democráticas y defender el interés nacional por encima de los proyectos de poder.

* Michel Afif Magul es presidente del Instituto Teotônio Vilela de Goiás, es abogado, con maestría en Planificación Urbana por la Pontifícia Universidade Católica de Goiás, y director adjunto de la Escola Superior de Advocacia de Goiás.

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