Londres acatará al Tribunal del Mar por Sea Lion, pero activa leyes de bloqueo y recurre a Interpol

La confrontación entre la República Argentina y el Reino Unido por la explotación hidrocarburífera en la Cuenca Malvinas Norte ingresó en una fase decisiva de doble vía procesal y diplomática en los foros internacionales. Tras la presentación formal realizada por la Cancillería argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Hamburgo, el Gobierno británico sentó postura ante la Cámara de los Comunes: confirmó que participará del proceso arbitral bajo la CONVEMAR y reconoció que las eventuales medidas provisionales que dicte el estrado judicial son de cumplimiento jurídicamente obligatorio.

No obstante, en paralelo a esa admisión de derecho internacional, Londres desplegó una estrategia de contención que combina legislación de bloqueo económico interno e intervenciones ante organismos policiales internacionales para intentar blindar a las petroleras operadoras Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

La postura en Westminster

Durante una sesión de interpelación parlamentaria en la Cámara de los Comunes, la subsecretaria de Estado británica para Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, fijó la posición jurídica formal del Foreign Office al señalar que la postura establecida del Reino Unido es que las medidas provisionales ordenadas en virtud del marco jurídico internacional aplicable son vinculantes para las partes, y que el Reino Unido cumple con sus obligaciones internacionales.

Kumaran detalló que la Embajada del Reino Unido en Buenos Aires entregó su respuesta formal el domingo 11 de octubre —antes del vencimiento del plazo fijado por la diplomacia argentina— y confirmó que se defenderá ante el tribunal de 21 jueces en Hamburgo. La estrategia de la defensa británica buscará impugnar la competencia del tribunal marítimo, argumentando que la CONVEMAR no posee atribuciones para resolver de manera indirecta sobre controversias de soberanía territorial terrestre.

Asimismo, la funcionaria aclaró que la mera notificación argentina no invalida las licencias otorgadas ni paraliza por sí sola los preparativos de Sea Lion —que prevé un potencial de 910 millones de barriles de petróleo y un pico inicial de 50.000 barriles diarios— hasta tanto no exista una orden judicial expresa.

Gestiones ante Interpol

El avance de las causas en la Justicia argentina —que incluye los exhortos librados desde Comodoro Py por los jueces Julián Ercolini y Ariel Lijo, sumados al expediente ambiental impulsado en el Juzgado Federal de Río Grande a cargo de la jueza Mariel Borruto a raíz de la acción promovida por Abogados Ambientalistas— encendió las alarmas operativas en Westminster por la posible emisión de circulares rojas internacionales contra ejecutivos petroleros.

Según reveló el diario británico The Guardian, el Reino Unido solicitó formalmente a Interpol que rechace y dé de baja cualquier pedido de captura presentado por los tribunales argentinos contra directivos, ingenieros o armadores vinculados al yacimiento. Londres fundamentó su reclamo en el Artículo 3 del Estatuto de Interpol, el cual prohíbe a la organización cualquier actividad o intervención de carácter político, militar, religioso o racial.

En ese marco, la jefa ejecutiva del gobierno ilegítimo de las islas, Andrea Clausen, admitió públicamente que los requerimientos judiciales argentinos representan una amenaza real para la atracción de cuadros técnicos y la llegada de proveedores a la zona en conflicto.

Blindaje comercial e inmunidad

En coordinación con el Palacio de Westminster, el Departamento de Comercio y la cancillería británica activaron la Ley de Protección de Intereses Comerciales (PTI Act), una herramienta de bloqueo orientada a contrarrestar las sanciones previstas en la Ley Nacional 26.659.

Esta normativa incluye la prohibición de acatamiento, que veda a cualquier firma radicada en Gran Bretaña cumplir con exigencias o sanciones extraterritoriales de la legislación argentina. Además, establece la inmunidad de activos al desconocer la validez de embargos o fallos dictados por juzgados argentinos sobre bienes británicos vinculados a las islas, y habilita la acción de repetición (clawback) para que las petroleras puedan accionar en tribunales londinenses solicitando resarcimientos económicos derivados de la presión legal argentina.

El secretario de Comercio británico, Jonathan Reynolds, aseveró que actuarán cuando Argentina intente obstaculizar la actividad comercial del Reino Unido, mientras que el canciller Ed Miliband calificó de inaceptables las acciones argentinas para frenar la explotación en la plataforma continental.

La decisión británica de acatar un eventual ordenamiento de no innovar del Tribunal de Hamburgo, contrastada con la inmediata activación de leyes de bloqueo y la presión sobre Interpol, expone la complejidad del litigio. Mientras Londres asume el riesgo procesal de verse obligado a paralizar el proyecto petrolero, intenta edificar un cordón de protección legal para evitar el desmoronamiento de la cadena de proveedores en el terreno operativo.