Your browser doesn’t support HTML5 audio
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, volvió a poner bajo la lupa el costo del crédito para las familias y planteó la posibilidad de establecer nuevas restricciones a la emisión de tarjetas de crédito. Durante una entrevista con el podcast Flow, el mandatario cuestionó con dureza los intereses que pagan los consumidores cuando financian sus saldos y afirmó que el Gobierno analiza el tema junto al Banco Central.
Lula calificó de “crimen” los niveles de las tasas de interés de las tarjetas y sostuvo que las entidades financieras ofrecen o envían tarjetas a consumidores que ni siquiera las solicitaron. En ese contexto, afirmó inicialmente que se analizaba impedir que los bancos emitieran más de una tarjeta por persona.
La declaración generó una rápida repercusión y obligó al mandatario a precisar su posición al día siguiente. Lula aclaró que los ciudadanos tienen derecho a contar con varias tarjetas de crédito y que su preocupación está centrada principalmente en las prácticas de los bancos y en el elevado costo del financiamiento.
“Ayer hablé sobre mis preocupaciones respecto de las tarjetas de crédito porque los tipos de interés son escandalosos”, señaló Lula en una publicación en X.
El debate se produce en un contexto de fuertes costos para los consumidores brasileños. Según datos del Banco Central de Brasil, el interés promedio del crédito rotativo alcanzó el 449,4% anual en agosto, uno de los niveles más elevados del sistema financiero.
El presidente también vinculó el acceso sencillo al crédito con el aumento del endeudamiento de los hogares y anticipó que el Gobierno busca adoptar medidas para reducir la exposición financiera de los consumidores.
Brasil prepara un plan para las deudas morosas
La discusión sobre las tarjetas se suma a un programa del Gobierno para aliviar el endeudamiento de las familias. La administración de Lula planea destinar 15.000 millones de reales, unos US$2.800 millones, para comprar hasta 150.000 millones de reales en deudas morosas de consumidores.
El plan contempla obligaciones de personas físicas de hasta 10.000 reales, con una antigüedad de entre dos y cuatro años y medio. Las carteras serían adquiridas mediante subastas competitivas y los descuentos obtenidos por el Estado serían trasladados a las familias.
Según el Gobierno, las quitas podrían llegar al 90% o incluso superar ese porcentaje. La operación podría quedar a cargo del Tesoro Nacional o de bancos públicos como Banco do Brasil o Caixa.
El objetivo es intervenir sobre una parte de las deudas en mora, muchas de ellas vinculadas con tarjetas de crédito y préstamos personales, y facilitar su renegociación para reducir el nivel de sobreendeudamiento de los hogares brasileños.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia