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La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) confirmó este viernes que hasta el momento solo ha podido verificar la liberación de 11 presos políticos en Venezuela, luego del anuncio oficial realizado por el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez.

El jueves ocho personas recuperaron su libertad y se supo que tres más fueron excarcelados en las últimas horas, aunque estos ultimos nombres no trascendieron.

Entre las primeros ocho personas liberadas, se encuentra Rocío San Miguel, abogada venezolana-española y, al momento de su detención, presidenta de la asociación civil Control Ciudadano, dedicada al seguimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; así como Andrés Martínez y José María Basoa, turistas arrestados en el Amazonas por una supuesta conspiración para cometer “actos terroristas” en perjuicio del régimen chavista.

Otros detenidos de alto perfil que también han sido liberados figuran el periodista y dirigente político ítalo-venezolano Biagio Pilieri Gianninoto, Enrique Márquez, excandidato presidencial en 2024, y Juan Pablo Guanipa, exdiputado venezolano y estrecho colaborador de María Corina Machado.

Las liberaciones se producen después de la captura del expresidente Nicolás Maduro y su traslado a un penal en Nueva York, hecho que derivó en un reacomodo político interno. Tras este evento, el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez puso en marcha un programa de excarcelaciones que calificó como un “gesto unilateral para consolidar la paz”.

Oposición cuestiona falta de información

A través de su cuenta en X, la Plataforma Unitaria Democrática denunció que no existen reportes oficiales claros sobre nuevas liberaciones ni un listado detallado de nombres.

“Ningún reporte de nuevas liberaciones”, informó la coalición opositora, que también advirtió que el número confirmado representa menos del 1% del total de presos políticos reportados por organizaciones no gubernamentales.

ONGs como Foro Penal estiman que en Venezuela existen 863 presos políticos, mientras que la organización Justicia, Encuentro y Perdón eleva la cifra a 1.011 detenidos por razones políticas hasta el año pasado.

El anuncio inicial fue realizado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien afirmó que se trataba de la liberación de un “número importante” de personas recluidas en centros como El Helicoide y la cárcel de El Rodeo I. Sin embargo, no precisó cifras ni nombres, lo que generó críticas de la oposición y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Según información conocida, el jueves ocho personas recuperaron su libertad y tres más fueron excarceladas en las últimas horas, completando el total de 11 confirmados hasta ahora.

Exigen liberación total de presos políticos

El bloque opositor, liderado por Edmundo González Urrutia, quien reclama desde el exilio haber ganado las elecciones presidenciales de 2024, reiteró su exigencia: “Seguimos atentos y exigimos la liberación de todos los presos políticos”.

En paralelo, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos solicitó al gobierno información “inmediata y verificable”, denunciando el silencio oficial como una forma de tortura psicológica contra los familiares de los detenidos. También cuestionaron que no se haya aclarado si las excarcelaciones son liberaciones plenas o medidas condicionales.

Pese a las denuncias, el Ejecutivo venezolano continúa negando la existencia de presos políticos, asegurando que las personas encarceladas están procesadas por la “comisión de terribles hechos punibles”.

Mientras tanto, sectores políticos y organizaciones internacionales observan con cautela el proceso, señalando que la falta de transparencia pone en duda el verdadero alcance de las medidas anunciadas por el gobierno interino.

Contexto internacional

La liberación de cinco ciudadanos españoles fue confirmada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que informó que los connacionales reciben asistencia diplomática para su retorno. Este hecho refuerza la dimensión internacional del caso y aumenta la presión sobre el gobierno venezolano para ampliar el proceso de excarcelaciones.

Analistas consideran que estas acciones podrían interpretarse como un intento del oficialismo de reducir la presión diplomática y abrir canales de negociación con la comunidad internacional, aunque advierten que sin datos concretos el anuncio pierde credibilidad.

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