El caso de una banda ilícita que se dedicaba al contrabando de bienes en la zona más austral de América Latina, continúa dando que hablar ya que, con el paso de las horas, se conocen más detalles de como operaban para generar ingresos espurios y no declararlos ante las autoridades.
Se trata del megaoperativo “Alianza Austral“, caso que es seguido por La Opinión Austral que ha tenido acceso a detalles exclusivos sobre como era la operatoria ilegal que se registraba entre la región magallánica de Chile y la Cuenca Carbonífera de Santa Cruz.
Tal como lo adelantó La Opinión Austral, por el caso hay cinco hombres tras las rejas del lado argentino mientras que, del lado trasandino llegaron a ser veinticinco los imputados. Según pudo saber este diario, de los chilenos, solo siete quedaron detenidos mientras que los restantes recuperaron su libertad en la jornada del sábado tras la audiencia de control que se hizo del otro lado de la Cordillera de los Andes.
Luego de los procedimientos que se hicieron en la jornada del miércoles, en Argentina se secuestraron 20 millones de pesos y más de cincuenta mil dólares. Todo eso será depositado en el Fondo Nacional de Justicia.
En Chile, se incautó cerca de 155 millones de pesos chilenos, unos 129 millones en nuestra moneda de acuerdo a los números que se manejan estos días en las casas de cambio.
La banda tenía una compleja ingeniería para ingresar el dinero espurio al circuito legal, donde se usaban mayoristas, distribuidoras y hasta casas de cambio para “lavar” el dinero y no levantar sospechas.
Durante más de un año, las autoridades tanto chilenas como argentinas estuvieron detrás de los delincuentes y, fuentes consultadas por La Opinión Austral, dieron cuenta de como era la logística para pasar bienes de un lado al otro de la Cordillera de los Andes.
Para poder comprender estos hechos, es preciso ubicar en el mapa a una estancia que está emplazada en el sector Dos Lagunas de la provincia Ultima Esperanza, en la zona más al sur de Chile y colindante con Río Turbio. Este establecimiento rural es propiedad de uno de los acusados del vecino país y cuenta con un paso clandestino. Por allí es donde pasaban los camiones desde la Cuenca a Punta Arenas o Puerto Natales, o regresaban con otros bienes para traerlos a Argentina.
Los detenidos del lado argentino son Marcelo Gasparini, Omar Schulmaeister, Pedro Toledo, Pablo Toledo y Maximiliano Toledo. Schulmaeister es dueño de la empresa de transportes Alimar y su hijo es propietario de la empresa JAS.
En tanto que Gasparini es propietario de la firma El Topo, un distribuidor mayorista en la Cuenca, por otro lado, los Toledo se dividen entre choferes y empresarios. Todos ellos se encuentran detenidos tras haber sido llevados a declarar en la jornada del viernes donde todos menos uno usaron su derecho a no dar explicaciones a la Justicia. El restante desconoció su participación en los delitos.
La caratula contra los detenidos en Argentina es por “asociación ilícita agravada, contrabando agravado y lavado de activos” y pueden recibir penas cercanas a los quince años de prisión si se acreditan los delitos y sus agravantes.
Del otro lado de la cordillera fueron imputados Angélica Soto Vera, Emiliana Cárdenas Maldonado, Osvaldo Michagual Gonzales, Cesar Barría Alvarado, Ingrid Talmar Oyarzo, Maria Belén Gómez, Guillermo Segundo Pérez Caro, Agustín Cárdenas, Darwin López (fallecido horas después de su detención), Jorge Puratic, Diego Chacón, Enrique Oyarzún y un restante del que solo trascendió su apellido: Marín. Tráfico de drogas, contrabando y receptación aduanera, junto con porte de arma de fuego y municiones son solo algunas de las acusaciones que pesan sobre los trasandinos.
El trabajo para desbaratar a la banda y, pese a que en oportunidades en el pasado ya los habían atrapado con cigarrillos contrabandeados y, en uno de los casos hasta con kilos de marihuana, continuaron con sus tropelías hasta la semana pasada.
A partir de averiguaciones que realizó La Opinión Austral, se pudo saber que los Toledo eran algunos de los que se encargaban de trasladar los bienes por el paso de la estancia antes mencionada. Los objetos variaban e iban desde cigarrillos argentinos, armas y hasta drogas que salían de Santa Cruz y luego eran destinados a Punta Arenas o Puerto Natales.
Respecto de los estupefacientes, en las últimas horas trascendió que una mujer y su pareja de Punta Arenas era la que tenían contacto directo con los argentino y, a fines del año pasado coordinaron envíos de importantes cantidades de droga que habían salido de la Cuenca a Puerto Natales, donde la acopiaban y luego distribuían. Por eso en diciembre del año pasado la Policía De Investigaciones (PDI) de Chile detuvo a un sujeto que tenía en su poder 10 kilos de marihuana, vinculado a estas bandas.
Tal como lo adelantó este diario, la banda además contrabandeaba dinero y luego el mismo era “lavado” mediante una ingeniería contable compleja. Para trasladar el dinero, según la Fiscalía, los imputados se dedicaban al ejercicio informal del cambio de dinero, llevando pesos argentinos comprados Río Turbio y 28 de Noviembre, a través del paso ilegal de la estancia antes mencionada.
Situación diferente era la de las cubiertas. Las mismas eran compradas en la zona franca de Punta Arenas y llegaban a Santa Cruz por el mismo paso. En uno de los envíos, siempre según la teoría de la Fiscalía, en octubre de 2022, se trajeron más de 100 neumáticos, valuados en un poco más de catorce millones de pesos en nuestra moneda.
Al mes siguiente, en noviembre, compraron otros 34 neumáticos y los llevaron a Natales, donde nuevamente los pasaron a través de la misma estancia administrada por uno de los imputados, para luego traerlas a suelo argentino y ser comercializadas.
Como se sabe, en Chile los cigarrillos no son para nada baratos. Por eso los trasandinos cruzan la frontera para acceder a ellos. En ese sentido, uno de los imputados puntarenense es un comerciante muy conocido en esa localidad quien, junto a su hija y otra persona, participaban activamente para llevar cajetillas de cigarrillos del otro lado de la cordillera.
Las escuchas telefónicas de la Policía establecieron que las actividades ilícitas venían desarrollándolas de junio del año 2022. Participaron en ventas de cigarrillos. Los registros hablan de al menos seis hechos entre agosto, septiembre y noviembre de 2002. Más enero y febrero de 2023
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