Obispos de Patagonia y Comahue rechazan la reforma de ley de tierras y reclaman priorizar el bien común

Los obispos de la región Patagonia-Comahue expresaron su rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno nacional y advirtieron que la iniciativa contradice los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, al otorgar un carácter absoluto al derecho de propiedad.

A través de un documento titulado “En defensa del bien común frente a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada“, las diócesis de Alto Valle, Viedma, Neuquén, Río Gallegos, Rawson y San Carlos de Bariloche manifestaron su “profunda preocupación” por el proyecto y sostuvieron que la propiedad privada debe cumplir una función social y estar subordinada al bien común.

En el texto, fundamentaron su postura en la encíclica Magnífica Humanitas, del papa León XIV, al recordar que “la tierra y sus frutos han sido dados por Dios para beneficio de todos los seres humanos, sin exclusión“, principio que, afirmaron, obliga a reconocer el destino universal de los bienes. El documento pone especial énfasis en la realidad patagónica y advierte sobre la creciente concentración de tierras. “La Patagonia, territorio de pueblos originarios y de comunidades que buscan vivir en armonía con la creación, es un espacio que clama por justicia”, señalaron.

Asimismo, cuestionaron la apropiación y concentración de tierras en manos de grandes propietarios, sean argentinos o extranjeros, así como el aprovechamiento económico de recursos estratégicos como el agua, los minerales, el gas y los bosques, al considerar que ello contradice la enseñanza evangélica y el compromiso con el cuidado de la “casa común“.

En ese marco, manifestaron cuatro definiciones centrales: rechazar toda legislación que absolutice la propiedad privada, afirmar que la tierra constituye un bien común, promover políticas que garanticen un acceso equitativo a la tierra y al trabajo e invitar a la sociedad a defender el bien común como base de la paz social, la justicia, la defensa del territorio y la soberanía nacional.

Además, expresaron su respaldo a todas las acciones que busquen impedir la aprobación del proyecto, al sostener que “el bien común exige que los bienes creados, incluida la tierra, se orienten hacia el desarrollo integral de cada persona y de toda la comunidad”.

El pronunciamiento se suma a planteos realizados previamente por Cáritas, Pastoral Social y ENDEPA (Pastoral Aborigen), organizaciones que ya habían advertido que la iniciativa elimina las restricciones vigentes para la compra de tierras por parte de extranjeros, incluso en zonas vinculadas a reservas de agua y otros recursos naturales estratégicos.

Organismos de DDHH

En paralelo, la Mesa de Organismos de Derechos Humanos difundió un comunicado en el que expresó su rechazo y repudio al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, actualmente en tratamiento en el Senado de la Nación.

Las organizaciones sostuvieron que la iniciativa responde a “enormes presiones de grupos económicos extranjeros” y reclamaron a los senadores que “respondan al mandato popular“, al considerar que la democracia exige representar los intereses de la ciudadanía.

También afirmaron que la propuesta impulsada por el presidente Javier Milei “está muy lejos de las expectativas de la mayoría de los argentinos y argentinas“, incluso de quienes acompañaron electoralmente al actual Gobierno.

En el documento recordaron la histórica posición del movimiento de Derechos Humanos frente a los poderes políticos y económicos y señalaron que, “cuando la Patria estaba en peligro“, ese espacio siempre actuó en defensa de los intereses colectivos.

Finalmente, reclamaron a los legisladores que rechacen el proyecto, al advertir que, de aprobarse, “sólo servirá para engrosar las arcas de los grupos concentrados de poder económico, abrirá el camino para la desintegración territorial y social de nuestro país y le traerá más dolor y miseria a nuestro pueblo“.

Cabe destacar que la Mesa de Organismos de Derechos Humanos que emitió el documento está integrada por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la APDH La Matanza, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.