La Pampa: condenaron a comisario por hacer trabajar a detenidos en su casamiento

El juez de audiencia de Santa Rosa, La Pampa, Andrés Olié, impuso una condena de un año y tres meses de prisión en suspenso al comisario Cristian Martín Galván -quien hizo trabajar a detenidos en su fiesta de casamiento- por el delito de abuso genérico de autoridad.

Asimismo, Galván fue inhabilitado de forma especial para ejercer cargos o empleos públicos durante dos años y seis meses. La investigación reveló que cuatro presos alojados en la subcomisaría de Lonquimay colaboraron en la organización del evento llevado a cabo en mayo del año pasado.

La sentencia determinó que, por dos años, deberá fijar domicilio y someterse al control del Ente de Políticas Socializadoras debido a la condicionalidad de la pena. Se notificó esta resolución a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

El fallo se fundamentó en las pruebas presentadas en el juicio oral. Olié concluyó que Galván, entonces jefe de la subcomisaría de Lonquimay, solicitó a Manuel Urrutia, Claudio Araneda, Denis Álvarez Pérez y Oscar Dante Sánchez —personas privadas de libertad— realizar tareas en el pub Veneto durante el almuerzo de su casamiento. Los detenidos permanecieron en el lugar desde las 9 hasta las 18.

La pena coincidió con el pedido formulado por el fiscal general Guillermo Sancho, quien consideró probada la acusación. La defensa, representada por Alberto Emanuel Morales y Marcos Bertolotti, había pedido la absolución del inspector por el beneficio de la duda.

De acuerdo con el fallo, la jueza de ejecución Marisol Rodríguez, encargada de la supervisión de los detenidos, informó que ninguno de ellos contaba con autorización para salir ese día de la dependencia.

El magistrado sostuvo que, aunque algunos testigos ofrecieron versiones diferentes, las declaraciones de tres policías y tres de los cuatro internos resultaron coherentes con la acusación fiscal. En tanto, familiares y amigos del acusado aseguraron que los presos no participaron en la organización de la celebración.

No obstante, Olié resaltó la coincidencia entre los testimonios de los agentes y los detenidos, y puntualizó que ciertos hechos solo se conocieron a partir de los relatos de los internos.

Con respecto a la calificación jurídica, el juez indicó que “no puede pensarse que se trató de una mera propuesta que los presos podían aceptar o rechazar libremente”, haciendo referencia a la relación de poder y citando la frase de un testigo: “Fueron porque se los pidió el jefe Galván”.

En cuanto al argumento de la defensa, que afirmó que Galván estaba de licencia por matrimonio ese día y por lo tanto no ejercía autoridad, el magistrado concluyó que dicha situación no eliminó la naturaleza abusiva de la acción, sino que la agravó.

El hecho ocurrió el 31 de mayo de 2024, cuando Galván contrajo matrimonio en Lonquimay y, después del civil, organizó un almuerzo en el pub Veneto, ubicado a media cuadra de la dependencia policial.