Interceptaron un camión con material petrolero robado durante un operativo con presencia del gobernador

Un control nocturno de rutina sobre la Ruta Provincial N°12, en Pico Truncado, terminó revelando una maniobra que vuelve a poner en evidencia la dimensión del robo de recursos estratégicos en la provincia de Santa Cruz. Durante el procedimiento, que contó con la presencia del gobernador Claudio Vidal, las fuerzas de seguridad interceptaron un camión que transportaba rezagos de cobre, aluminio, baterías industriales y otros metales vinculados directamente a la actividad petrolera, sin poder acreditar el origen legal de la carga.

El operativo se desarrolló durante la noche y rápidamente encendió las alertas de los efectivos intervinientes al constatar que el remito presentado incluía materiales propios de yacimiento. Según pudo saber La Opinión Austral, frente a esta situación, se dio inmediata intervención al Juzgado competente, que dispuso la retención preventiva del vehículo mientras se avanzaba en la verificación de la carga transportada.

Horas más tarde, y tras corroborarse la naturaleza del material, la Justicia ordenó el secuestro del camión y de la totalidad de los elementos trasladados, además de fijar domicilio tanto al conductor como al propietario de la carga, quienes quedaron formalmente vinculados a la causa.

Entre los elementos incautados se identificaron distintos cortes de cobre utilizados en instalaciones petroleras, baterías correspondientes a equipos de yacimiento y rollos de aluminio. Se trata de materiales que, según fuentes oficiales, han sido objeto de reiterados robos en distintos puntos de la provincia, generando un impacto directo en la producción energética y en la seguridad de las instalaciones.

De manera paralela a la intervención judicial, tomó participación el área de Transporte Provincial, ya que el rodado no contaba con habilitación vigente para circular dentro del territorio santacruceño y presentaba documentación vencida. Estas irregularidades derivaron en la confección de actas y sanciones administrativas adicionales.

También intervino el área de Medio Ambiente, dado que el camión trasladaba siete pares de baterías industriales consideradas carga peligrosa. El vehículo no estaba habilitado para ese tipo de transporte ni contaba con los permisos especiales exigidos por la normativa vigente, ni con el certificado de disposición final, requisito obligatorio para el traslado de este tipo de residuos. Esta falta agrava la situación legal de los involucrados, no solo por el posible origen ilícito de la carga, sino también por el riesgo ambiental que implica su transporte irregular.

Como consecuencia del cúmulo de infracciones detectadas, el transportista y el propietario del material enfrentarán multas que podrían oscilar entre los 20 y 25 millones de pesos, además de las actuaciones judiciales en curso. Desde el Gobierno Provincial señalaron que se trata de sanciones ejemplificadoras, en línea con una política de tolerancia cero frente a este tipo de delitos.

Antecedentes

Un dato que no pasó desapercibido para los investigadores es que el propietario de la carga ya había estado involucrado en una causa similar en el año 2021, cuando se secuestraron unos 5.000 kilos de cobre en la zona de Ramón Santos. Aquel episodio derivó en detenciones ordenadas por la Justicia y ahora vuelve a colocar al mismo nombre bajo sospecha, nuevamente vinculado a material considerado producto de robo en yacimientos.

Este procedimiento se inscribe en un contexto más amplio de hechos reiterados. Sin ir más lejos, en noviembre pasado la Policía de Pico Truncado inició una investigación por el presunto robo de unos 600 kilogramos de cobre. En aquella oportunidad, las diligencias se vieron demoradas por la falta de equipamiento logístico para acceder al lugar exacto del ilícito, una situación que evidenció las dificultades operativas que enfrentan las fuerzas en zonas alejadas y de difícil acceso.

A ello se suma el reciente golpe a la denominada “Banda del Cobre”, una organización criminal que operaba en Pico Truncado y Caleta Olivia y que logró ser desarticulada tras un amplio operativo con más de 16 allanamientos simultáneos. Siete personas fueron detenidas, se secuestraron armas, vehículos y herramientas, y un octavo integrante permanece prófugo. La investigación determinó que la banda tenía una estructura jerarquizada y roles definidos, con consecuencias directas en la paralización de pozos petroleros y millonarias pérdidas económicas.

Desde el Ejecutivo provincial se resolvió además dar intervención a la Fiscalía de Estado, con el objetivo de avanzar en acciones legales por el grave perjuicio económico que estos delitos provocan. El robo de cobre y otros materiales no solo afecta a las empresas, sino que reduce la producción petrolera, disminuye las regalías que percibe la provincia y golpea de lleno los recursos que deben volver a Santa Cruz en obras, servicios y empleo.