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Celso Aguirre, padre de la víctima y además, policía relató las irregularidades en la investigación tras el abuso sexual sufrido por su hija de 21 años en Piedra Buena. Señaló demoras en el allanamiento, deficiencias en la actuación judicial y policial, y reclamó la detención inmediata del acusado, identificado por las siglas SB, trabajador de la minera Don Nicolás. “Seguimos con el alma destruida, dando contención a nuestra hija, poniéndonos fuertes para que no nos vea así, pero por dentro estamos destrozados”, expresó.
Según su testimonio a LU12 AM680 de Río Gallegos, el hecho se produjo el fin de semana y, pese a que el sospechoso fue identificado de inmediato, los procedimientos judiciales y policiales no se realizaron con la celeridad necesaria. “El allanamiento se hizo recién 48 horas después. En ese tiempo pudo haber contaminado pruebas o su auto. Es poco creíble todo el procedimiento”, cuestionó.
Aguirre pidió que la empresa donde trabaja el acusado también adopte medidas. Además, denunció fallas en la comisaría de la mujer y en el juzgado. Había dos testigos que aportaron la patente del auto y la foto de la casa. Ellos mismos fueron privados de su libertad en ese domicilio y escaparon por una ventana, pero la comisaría no les tomó declaración. No se activaron protocolos de criminalística ni se preservaron las pruebas.
El padre también relató obstáculos en el proceso de denuncia: “Nos dijeron que mi hija no podía declarar por un certificado médico, pero la psicóloga confirmó que sí estaba en condiciones. Insistí en que estaban vulnerando sus derechos. Finalmente, tuvimos que viajar a Puerto Santa Cruz para que la Fiscalía tomara la denuncia”.
Al día siguiente, mientras el acusado permanecía en libertad, “Nosotros hicimos una manifestación pacífica frente a su casa, sin obstruir la vía pública. La gente nos apoyó, aunque muchos no se animaron a marchar por miedo a represalias. En ese momento, él llegaba tranquilamente en su auto. Yo lo filmé: mientras una familia está destruida, el abusador anda libre”, sostuvo.
Sobre las medidas judiciales, criticó la resolución inicial de prohibición de acercamiento por apenas diez días. “Al día siguiente la corrigieron a 90, pero fue otro golpe. A nosotros no nos importa la cantidad de días, queremos al abusador detenido”, subrayó.
La familia, integrada por cuatro hijos, atraviesa la situación sin respaldo económico ni legal. “No tenemos abogado porque no podemos costearlo. Mi hija está medicada y con asistencia psicológica. Lo que más nos duele es verla así. Solo el área de la mujer nos acompañó, la intendenta nunca nos llamó”, afirmó Aguirre.
Por último, confirmó que continuarán con marchas pacíficas en reclamo de justicia: “No voy a hacer justicia por mano propia, pero no vamos a dejar de luchar”.
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