Alarma máxima en un colegio de Río Gallegos: una chica de 13 años planeaba un tiroteo y fue separada del aula

El fantasma de la violencia extrema, esa que muchas veces los argentinos miramos de reojo en los noticieros internacionales cuando se reportan masacres escolares en el hemisferio norte, irrumpió con una fuerza inusitada en la capital de Santa Cruz. En la jornada del viernes, la comunidad del Colegio Secundario N° 25 de Río Gallegos se sumergió en un estado de alerta máxima. El motivo no es para menos: el descubrimiento escalofriante de que una alumna de apenas 13 años planificaba al detalle un tiroteo masivo contra sus propios compañeros y docentes.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes gubernamentales, policiales y judiciales, el plan, digno de un guion de suspenso pero dolorosamente real, salió a la luz gracias a la impronta digital que hoy atraviesa la vida de los adolescentes.

La menor mantenía conversaciones en Whatsapp con otro usuario, a quien le detallaba las fases de lo que pretendía ser un ataque sin precedentes en la provincia. Fue esta persona, del otro lado de la pantalla, quien ante la gravedad de los mensajes decidió filtrar las capturas de pantalla y advertir directamente a los jóvenes que figuraban en la macabra nómina.

Los detalles que emergieron de esos chats son estremecedores. La estudiante había confeccionado una auténtica “lista de blancos“, seleccionando nombres específicos del cuerpo docente y de alumnos de su propio curso. Para llevar a cabo la agresión, la menor no dependía del mercado negro, sino de una vulnerabilidad letal en su entorno cercano: su objetivo primordial era apoderarse del arma de fuego reglamentaria perteneciente al padre de una de sus compañeras, un efectivo de las fuerzas de seguridad.

Ante la contundencia de la evidencia digital que comenzó a viralizarse en los teléfonos celulares de los adolescentes, el pánico no tardó en apoderarse de las familias. Un grupo de padres, consternados y temerosos por la vida de sus hijos, se congregó de inmediato en las dependencias de la División Comisaría Segunda de Río Gallegos.

Allí, exigieron la adopción urgente de medidas cautelares y la activación de un protocolo de resguardo integral que garantizara que ningún alumno o trabajador de la educación corriera peligro.

En paralelo, las autoridades directivas del Secundario 25 tomaron cartas en el asunto y radicaron su propia denuncia institucional. Desde la seccional policial se le dio rápida intervención a la Justicia, recayendo la delicada causa en manos del Juzgado Penal Juvenil, a cargo del magistrado Fernando Zanetta. Mientras los engranajes judiciales comenzaban a moverse, el Consejo Provincial de Educación (CPE) debió actuar con la celeridad que la crisis demandaba.

Fuentes oficiales del CPE confirmaron a La Opinión Austral que el organismo intervino de manera inmediata el mismo viernes en que estalló el conflicto. Los equipos de Abordaje se presentaron en el establecimiento para brindar contención institucional tanto al alumnado como a las familias afectadas. Como primera medida preventiva y para preservar la paz en las aulas, se dispuso apartar a la menor de la presencialidad. Sin embargo, las autoridades educativas fueron claras al respecto: por protocolos vigentes, el Estado no puede separar definitivamente a un estudiante de manera unilateral sin que medie una orden judicial, garantizando así los derechos de la menor mientras avanza la investigación.

El trasfondo de este oscuro episodio abre interrogantes profundos sobre la convivencia en las aulas. Según trascendió, la adolescente venía armando este entramado junto a un compañero, y habría manifestado ser víctima de reiteradas situaciones de acoso escolar, el tristemente célebre bullying.

Este dato, lejos de justificar la inaceptable planificación de un acto homicida, arroja luz sobre el grado de desesperación, aislamiento y falta de canales de diálogo que pueden empujar a una mente en desarrollo hacia el abismo de la violencia extrema.

El contexto no ayuda a calmar los ánimos. Apenas en abril de este mismo año, tal como lo informó La Opinión Austral en su momento, Río Gallegos había sido escenario de operativos policiales por amenazas de tiroteos plasmadas en pintadas dentro de los baños de distintos colegios. Lo que antes podía desestimarse como una broma de mal gusto o una rebeldía adolescente, hoy, a la luz de los chats del Secundario 25, exige ser tratado con la máxima rigurosidad investigativa.