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La investigación por un violento episodio de abuso de armas ocurrido en Puerto Deseado dio un giro inesperado durante las últimas horas. En el marco de una causa iniciada tras una denuncia por disparos contra una vivienda del Barrio 52 Viviendas, la Policía de Santa Cruz realizó una serie de allanamientos que, si bien no permitieron localizar las armas de fuego utilizadas en el ataque, terminaron con un importante secuestro de cannabis y la intervención de la Justicia Federal.
Las diligencias fueron llevadas adelante por personal de la División de Investigaciones (DDI) de Puerto Deseado, bajo las directivas del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1, a cargo de la jueza Jesica Hernández. En total se ejecutaron tres órdenes de allanamiento y una requisa vehicular en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de reunir pruebas para esclarecer el hecho denunciado el pasado 23 de junio.
Durante los operativos, los investigadores inspeccionaron diversos domicilios vinculados con la causa. Aunque las medidas no permitieron secuestrar las armas de fuego que eran el principal objetivo de la investigación, la Justicia consideró que los procedimientos aportaron elementos de interés para continuar avanzando en el expediente.
La causa sigue abierta y los efectivos continúan trabajando para reconstruir las circunstancias del ataque, identificar a todos los involucrados y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
El resultado más relevante de los allanamientos se produjo en materia de narcocriminalidad. En una vivienda ubicada sobre calle 109 al 2100, los policías secuestraron más de 800 gramos de cogollos de marihuana, más de tres kilogramos de restos vegetales -entre hojas y ramas-, una balanza de precisión y semillas.
En otro de los objetivos, un comercio emplazado sobre calle 12 de Octubre, los investigadores encontraron 46 plantas de marihuana, situación que motivó la inmediata intervención de la Sede Fiscal Federal con asiento en Caleta Olivia por una presunta infracción a la Ley Nacional de Drogas.
Como ocurre en este tipo de procedimientos, será la Justicia Federal la encargada de determinar si la tenencia y el cultivo se encontraban dentro del marco legal vigente o si existieron irregularidades que justifiquen la continuidad de la investigación penal.
Mientras se desarrollaban los allanamientos también se registraron momentos de tensión en inmediaciones de la calle Crucero General Belgrano, donde tres personas fueron demoradas preventivamente por personal policial.
Los ciudadanos quedaron a disposición de la Secretaría N° 1, a cargo de Stella Marys Inayado, donde fueron correctamente identificados y, posteriormente, recuperaron la libertad al no existir medidas restrictivas en su contra.
De esta manera, la investigación continúa en dos frentes. Por un lado, la Justicia provincial sigue trabajando para esclarecer el ataque a tiros que originó los procedimientos y dar con las armas utilizadas. Paralelamente, la Justicia Federal deberá avanzar sobre los elementos estupefacientes secuestrados durante los allanamientos para determinar si existieron conductas que configuren delitos previstos en la legislación nacional.
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