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La Operación “BOA”, fue un golpe histórico contra el cibercrimen internacional que incluyó, dentro de su despliegue estratégico en nuestro país, un allanamiento ejecutado directamente en la provincia de Santa Cruz.
La investigación, de una complejidad técnica sin precedentes, logró articular el trabajo de fuerzas de seguridad y fiscalías de diez países de Iberoamérica y Europa. Bajo la coordinación central del Centro Especializado en Cibercrimen de Ameripol (AC3) y la Policía Nacional de España, la cruzada apuntó directamente al corazón de organizaciones dedicadas a la comercialización y distribución de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) a través de aplicaciones de mensajería cifrada, esos espacios digitales donde los delincuentes creen operar bajo el manto de un anonimato impenetrable.
Todo comenzó lejos del frío austral, mediante el patrullaje virtual y las técnicas avanzadas de rastreo de la Sección de Protección al Menor de España. Los agentes ibéricos lograron detectar perfiles y nodos de distribución que se ramificaban hacia distintos puntos del continente americano.
Para transformar esos rastros digitales en órdenes judiciales concretas, se montó una etapa de planificación técnica y fiscal que tuvo como epicentro a la ciudad de Buenos Aires, contando con el respaldo institucional del programa europeo EL PACCTO 2.0. Fue allí donde se diseñó una ventana operativa masiva que se ejecutó de manera sincronizada entre los meses de julio y septiembre.
El balance global de la Operación “BOA” da cuenta de la magnitud del flagelo que enfrentan las sociedades modernas. En total, se realizaron 22 allanamientos simultáneos repartidos estratégicamente en el mapa internacional: seis en la Argentina y seis en España -los dos países con mayor despliegue operativo-, tres en Costa Rica, dos en Bolivia, y el resto distribuido entre Colombia, Paraguay, Chile, El Salvador, Honduras y Uruguay. El saldo mundial dejó 18 personas detenidas y 195 dispositivos electrónicos incautados, entre los que se cuentan 33 computadoras, 53 teléfonos celulares y 109 unidades de almacenamiento digital.
En el plano nacional, el timón de la pesquisa estuvo en manos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que trabajó codo a codo con la Justicia bonaerense a través de las Unidades Funcionales de Instrucción N° 9 y N° 5 del Departamento Judicial de Morón. Mediante exhaustivas tareas de campo, análisis forense digital y el entrecruzamiento milimétrico de evidencias electrónicas, los investigadores argentinos lograron traducir direcciones IP y usuarios ocultos en domicilios reales, ubicando geográficamente a los sospechosos a lo largo y a lo ancho del territorio nacional.
Fue así como se ordenaron seis allanamientos en la Argentina, trazando un eje federal que unió el conurbano bonaerense con el norte jujeño y el extremo sur en Santa Cruz. En esta última provincia, la irrupción judicial contó con la intervención operativa de la Gendarmería Nacional Argentina, fuerza que aportó su despliegue territorial para asegurar el perímetro y ejecutar la medida sobre un objetivo previamente identificado por los especialistas en delitos informáticos.
La presencia de un nodo investigado en suelo santacruceño encendió todas las alarmas, ratificando el seguimiento riguroso que las autoridades federales mantienen sobre cualquier maniobra que vulnere la integridad de niñas, niños y adolescentes en la región.
Los números finales posicionaron a la Argentina como el país líder en volumen de evidencia tecnológica secuestrada dentro de toda la redada internacional. De los 195 equipos confiscados en los diez países, nada menos que 123 dispositivos fueron incautados en territorio argentino, además de concretarse la detención de dos personas. Entre el material secuestrado en los operativos nacionales -incluido el procedimiento realizado en Santa Cruz- figuran notebooks, netbooks, teléfonos celulares, gabinetes de computadoras, discos rígidos, múltiples unidades de almacenamiento externo, tarjetas SIM y documentación física que ahora será sometida a rigurosos peritajes informáticos para determinar el grado de participación de cada implicado y detectar posibles nuevas ramificaciones.
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