Cáñamo Sur celebró el fallo a favor por el cierre de la causa del laboratorio de marihuana

Un hito judicial de profunda trascendencia para el desarrollo de la investigación científica y la biotecnología aplicada en Santa Cruz tuvo su corolario definitivo en los estrados de la capital provincial.

La Justicia Federal de Río Gallegos dictó el sobreseimiento firme e irrevocable de la empresa Cáñamo Sur S.A.S. y de los cuatro profesionales santacruceños que la integran, dejándose sentado en la resolución que el proceso no afecta en lo absoluto el buen nombre y honor de los involucrados. Tras catorce meses de una traumática persecución penal, desde la firma reaccionaron con un pronunciamiento en el que remarcaron que “la empresa siempre estuvo autorizada, el fiscal retiró su propia acusación y la jueza le reprochó al Ministerio Público la falta de mesura“.

El conflicto penal que paralizó durante más de un año a este emprendimiento local se inició en julio de 2025 tras una denuncia anónima. La Fiscalía Federal de Río Gallegos, encabezada por el fiscal interino Julio Zárate, acusó a los profesionales por siembra y cultivo de cannabis sin autorización, encuadrando el hecho en el artículo 5 de la Ley 23.737 y llegando a solicitar una pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.

Sin embargo, tal como enfatizaron desde la dirección de Cáñamo Sur, “no se discutía el destino del cultivo: nadie sostuvo en ningún momento que Cáñamo Sur produjera para otra cosa que investigación. El expediente giró sobre una sola pregunta: si el cultivo estaba autorizado o no”.

El quiebre del expediente aconteció durante la audiencia de control de acusación celebrada el pasado 23 de septiembre de 2026, cuando la propia fiscalía tuvo que dar marcha atrás. Desde la empresa destacaron lo ocurrido en la sala al señalar que “el fiscal Zárate, con anuencia de la Fiscalía General, se allanó a la pretensión formulada por la defensa y entendió que la conducta indilgada no fue antijurídica, ya que la empresa contó con autorización estatal para desarrollar actividades antes y después del período investigativo”.

En ese mismo acto procesal, el representante del Ministerio Público admitió públicamente que “no podía atribuírsele a los imputados responsabilidad por un marco regulatorio burocrático” y, en consecuencia, retiró la acusación.

Al momento de dictar el sobreseimiento firme, la jueza federal de garantías Mariel E. Borruto fue categórica al reprochar la conducta de la parte acusadora. Desde Cáñamo Sur subrayaron los pasajes centrales del fallo donde la magistrada señaló que esa imprecisión normativa “ya existía al inicio de las actuaciones”, remarcando que “el Ministerio Público Fiscal debió haber actuado en este caso con mayor mesura” y que “debió haber morigerado la intensidad con que ejerció la persecución penal”. Asimismo, la firma celebró que la jueza hiciera un explícito “llamado a la reflexión a la luz del tiempo que insumió este proceso, su resultado y los esfuerzos que demandó tanto a esa acusación como a este tribunal y a las fuerzas de seguridad”, dejando en evidencia un gasto presupuestario para el erario público “sensiblemente mayor” que el de cualquier reparación.

Para explicar cómo se llegó a semejante atropello institucional contra un proyecto de científicos locales, desde Cáñamo Sur catalogaron a la Pyme como “una empresa autorizada, atrapada en un laberinto regulatorio”. Al respecto, precisaron que la firma “lleva cinco años cultivando cannabis con fines de investigación en Río Gallegos; tiene convenio de investigación y desarrollo con el INTA desde 2021, un proyecto de cultivo con fines medicinales y científicos aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación en 2022 (RESOL-2022-1398-APN-MS) e inscripción vigente ante el INASE (N° 11995/ADFH)“.

En ese sentido, desde la entidad enfatizaron con indignación el origen del error judicial: “Lo que atrapó a la empresa, y atrapó también al fiscal, fue el laberinto regulatorio armado entre INASE, REPROCANN y ARICCAME: tres organismos con competencias superpuestas que durante 2025 cambiaron trámites y exigencias sin que nadie pudiera decir con certeza cuál era la ventanilla correcta”.

A este entramado burocrático se sumó una gravosa falla policial en la recolección de datos, sobre la cual la empresa fue tajante: “A ese laberinto se sumó una investigación con datos equivocados. Los oficios a los organismos administrativos para verificar la existencia de permisos se libraron con datos equivocados de la empresa, y todos volvieron informando que no había autorización. La había: se había preguntado por otro domicilio. Bastaba cotejar el nombre y el domicilio de la firma con la inscripción del INASE para advertir el error”.

Las consecuencias de este despliegue infundado implicaron un severo perjuicio para el equipo emprendedor. Desde Cáñamo Sur detallaron “lo que costó” esta investigación fallida: “Una denuncia anónima de julio de 2025 derivó en un allanamiento, la clausura del establecimiento, 75 días de custodia permanente de la Prefectura Naval, pericias de Gendarmería Nacional y un año de paralización de una empresa de cuatro profesionales santacruceños”. Asimismo, recordaron que “ya el 1 de septiembre de 2025 la jueza de garantías había rechazado la pretensión fiscal, levantado la clausura y ordenado devolver los efectos secuestrados; la fiscalía insistió por vía de revisión y sostuvo la acusación durante un año más”.

Respecto al cierre formal de las actuaciones y al manejo del material vegetal conservado durante la custodia, la firma aclaró que “para terminar un proceso que ya llevaba más de un año, los integrantes de la empresa ofrecieron, sin reconocimiento de responsabilidad alguna, una reparación de $1.300.000 destinada en partes iguales al Hospital Regional Río Gallegos y al Hospital SAMIC de El Calafate“. Este acuerdo, homologado por la Justicia, permitió que los fondos ya se encuentren depositados y a disposición de la salud pública santacruceña.

Con la resolución judicial firme en sus manos, desde Cáñamo Sur miran hacia el futuro con la convicción del trabajo bien hecho. “La empresa recuperó los elementos secuestrados y el banco de semillas de las seis variedades que está inscribiendo ante el INASE, fruto de cinco años de trabajo de fitomejoramiento”, expresaron sus responsables, concluyendo con una afirmación que sintetiza el triunfo de la verdad: “La empresa continúa su actividad con los mismos permisos que tenía antes de la denuncia“.

En declaraciones a La Opinión Austral, el abogado Tomás Guzmán de San Félix, abogado defensor de la firma, indicó que: “Ya no se puede utilizar la lógica Cannabis = estupefaciente = delito. Algunos operadores de las Fuerzas de Seguridad y Acusadores Fiscales siguen usando un modus operandi donde una denuncia por olor o la presencia de Cannabis ya genera una presunción de que la actividad es ilegal” en el mismo sentido se refirió a la legislación vigente: “las Leyes 27350 de Uso medicinal de la planta de Cannabis y 27669 para el desarrollo de la industria del cannabis, instauraron un nuevo paradigma sobre el cultivo y consumo de cannabis con fines terapeuticos, y han reconfigurado el alcance punitivo de la ley de estupefacientes 23.737. Cuando una fuerza de seguridad o acusador fiscal desconoce el marco legal habilitante, o lo conoce pero no lo respeta, se generan daños materiales y morales que son imposibles de reparar. Lo primero que uno piensa como daño son los 14 meses que estuvo la empresa frenada sin desarrollar su actividad, con su cultivo secuestrado, pero, ¿y el sufrimiento que le genera a una persona ser perseguida por el estado durante 14 meses?” preguntó retóricamente.

Para concluir, el letrado realizó una reflexión: “Argentina es un país que lleva décadas de inestabilidad económica, los ciudadanos de a pie lo sabemos mejor que nadie. Las leyes 27350 y 27669 aseguran el desarrollo de una nueva industria. Mucha gente se embarco en esta nueva industria, con la expectativa que les genera las leyes dictadas por el Poder Legislativo, y emprenden en una industria que llegó para quedarse, y de mucho potencial, pero ¿Qué pasa cuando el Poder Ejecutivo desconoce el mandato legal y no ejecuta como corresponde? ¿Cómo se puede desarrollar una industria si la Política Criminal o la Acusación Fiscal no distingue entre un narcotraficante y una empresa de investigación científica? Se requiere mucha capacitacion por parte del Poder Ejecutivo y del Ministerio Publico Fiscal para que no se siga persiguiendo a gente inocente cuya única intención es desarrollarse personalmente y dedicarse a una actividad que los apasiona y motiva” indicó.